Otro policía con desempeño en la Jefatura rosarina fue imputado este martes por delitos de fraude con el combustible de los patrulleros. El fiscal José Luis Caterina acusó al subinspector Juan Manuel Herrera, quien fuera encargado de los insumos del Escuadrón Caballería y Sección Perros de la Unidad Regional II, de haber realizado junto a otros uniformados en disponibilidad y un grupo de civiles maniobras que consistieron tanto en la sobrefacturación de los consumos como en el cobro de cargas de nafta que no eran tales. El mismo día, la Cámara Penal dispuso la libertad de nueve acusados que seguirán ligados al gravísimo caso de corrupción policial y mantuvo la prisión preventiva de tres implicados de alto rango.
El subinspector de 46 años que se agrega a la lista de acusados había sido detenido la semana pasada en el marco de la investigación por fraude al Estado, una causa que ya tenía 17 personas involucradas. El fraude, se estima, perjudicó las arcas públicas en unos 45 millones de pesos. En una audiencia realizada el Centro de Justicia Penal, Herrera fue imputado por los delitos de defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario, además del delito de falsedad ideológica.
El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva para el acusado con vencimiento el 11 de noviembre. Así, suman 18 los implicados en las maniobras que salieron a la luz en mayo pasado, cuando el fiscal Caterina del equipo de Violencias Altamente Lesivas ordenó las primeras detenciones, tras diez meses de una investigación que se inició por un reporte anónimo. Hubo seguimientos a patrulleros, informes de Asuntos Internos e intervenciones telefónicas. Los policías implicados pertenecen a distintas áreas de la fuerza, lo que da cuenta de un armado transversal de las maniobras.
Doble maniobra
Se detectó así que varios policías con cargos jerárquicos o administrativos mantenían un sistema de sobrefacturación en connivencia con empleados de la estación Puma de Ovidio lagos al 3900, cercana a la Jefatura. Los cuatro civiles implicados pertenecen a la empresa Gas Tiferno S.A., que administraba la estación hoy cerrada. Se descubrió que más de ochenta patrulleros que no estaban circulando cargaban nafta a razón de unos 20 mil a 30 mil pesos casi a diario. Las unidades monitoreadas con GPS cargaban más nafta de la que en efecto usaban: unos 14 litros cada cien kilómetros, cuando deberían haber gastado —en promedio— unos 8 litros por esa distancia.
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El punto de partida fue una carta anónima indicando que varios empleados estaban enriqueciendo su patrimonio con el combustible, recargado a través del sistema Visa Flota. La pesquisa detectó que los gastos cargados en el sistema no se correlacionaban con la cantidad y frecuencia de las visitas que algunos efectivos realizaban a la estación.
El encargado
El fiscal dijo en la audiencia que el caso de Herrera se equipara a los de otros funcionarios que “mentían en la rendiciones de cuentas, firmando y elevando planillas o tickets con información falsa acorde a lo facturado de manera apócrifa y no a lo efectivamente cargado en los móviles. Los policías encargados de la administración del combustible concentraban las tarjetas de débito llamadas Visa Flota —que debían quedar en cada móvil a disposición del chofer para usarse sólo al momento de la carga— para concretar la sobrefacturación o facturación fantasma, que también generaba ganancias para Gas Tiferno. Firma considerada una “pieza fundamental del desvío de recursos”.
Herrera era el “encargado directo” del manejo de combustible de los vehículos asignados al Escuadrón Caballería y Perros, tarea que según el fiscal compartía con el jefe y y el subjefe, ya imputados y en prisión preventiva. Las anomalías se constataron en el chequeo de tickets que firmó por la carga de nafta en autos monitoreados por GPS. ”Los litros de combustible declarados son superiores a los cargados”, se detalla en la imputación. Las rendiciones de cuenta de esta área con información falsa se realizaron en los años 2024 y 2025.
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Audiencia de Cámara
El mismo día en que este policía se sumaba a la lista de acusados, en tanto, la camarista penal Gabriela Sansó revisó la situación del resto. La jueza confirmó la prisión preventiva de tres policías imputados. Se trata del subcomisario de Garaje de la Unidad Regional II, Gerardo Ramírez; el comisario superior Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura, entre los acusados de mayor rango. También seguirá preso Juan Alberto Villordo, responsable del combustible para Brigada Motorizada.
La medida se dispuso tras la apelación presentada por las defensas de los uniformados y luego de tres jornadas de debate. La jueza respaldó la investigación al indicar que existen pruebas sólidas de delitos graves, pero dispuso la libertad de nueve acusados que su entender no revisten peligrosidad procesal, es decir que no advirtió riesgos de que entorpezcan el proceso.
Se trata de los policías Sergio Darío López, del Comando Radioeléctrico; Nancy Plomer, jefa de la sección Ficheros al interior División Personal; Javier Arce, del Cuerpo Guardia de Infantería; Gustavo Bazán de Garage Oficial; el jefe de la Brigada de Orden Urbano, Juan Pablo Pigozzi; el subinspector Franco Cuesta, encargado del combustible de la Policía de Investigaciones y el policía Fernando Ceballos, del Grupo Táctico Multipropósito.
También recuperaron la libertad dos civiles: Mónica Bianconi, presidenta del directorio de Gas Auto Tiferno y el encargado Daniel Reynoso. En tanto, siguen detenidos por el caso el jefe y subjefe Caballería, Fabián Darío Fantín y Mario Brest, y el encargado de combustible de la División Logística, Jorge Delgado.
A la lista se suman, en libertad, dos civiles: el director suplente Oscar Coullery y la empleada administrativa María Fernanda De Franco, ligados a la estación en la cual cada quince días, según el fiscal, entregaban dinero en sobres de papel madera a distintos jefes de la fuerza que pasaban a retirar lo recaudado con la maniobra.
