La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) aceptó poner en estudio el trámite de la causa que investiga en la Justicia Federal de Rosario la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, un joven bonaerense de 23 años que fue visto por última vez el 6 de octubre de 2014 en la comisaría 7ª de Rosario, y que fue hallado sin vida en el río Paraná tres semanas después. El máximo tribunal regional en esta materia comunicó su decisión al ex jefe de esa seccional, Diego Alvarez, quien solicitó la consideración del trámite. Y también solicitó un informe a la Cancillería Argentina sobre el caso que está en etapa en la que se decidirá si es admitida.
Este trámite en el que serán juzgados 19 policías tiene fecha de inicio de las audiencias para el 6 de diciembre próximo. Para entonces se cumplirán cuatro años en que los acusados que están privados de libertad se encuentren en prisión preventiva. Un plazo que supone la violación del máximo permitido por la ley argentina.
El planteo elevado a la Cidh por Diego Alvarez, que está preso en la cárcel federal de la localidad bonaerense de Marcos Paz, es por vulneración de su libertad personal y del derecho a la presunción de inocencia. Lo que señala es que está preso desde el 4 de septiembre de 2017 e indagado sin la presencia de juez ni fiscal y sin que se valoraran sus declaraciones ni las pruebas que, según dice, confirmaba y confirma su ajenidad al hecho atribuido, que es la desaparición forzada y posterior homicidio del joven.
La Cidh admite la revisión de causas en su seno cuando considera que en el trámite denunciado existen elementos que sugieren violaciones a los derechos y las garantías de personas sometidas a juicio. En tales circuntancias, en caso de que se comprueben esas afectaciones, responden materialmente los Estados nacionales.
En este caso quienes se encuentran presos en vías de afrontar el juicio llevan tres años y once meses en prisión preventiva. Al cumplirse tres años y medio, en marzo pasado, el fiscal pidió un año más de prórroga. El tribunal limitó ese pedido a nueve meses y la Cámara Nacional de Casación solicitó que se acortara a seis meses. Este tribunal ya había llamado la atención por la demora e instado a la iniciación inmediata del debate.
En diciembre de 2019 el juez de instrucción Carlos Vera Barros había elevado la causa a juicio que correspondió al Tribunal Federal Oral 2 a cargo de los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez. El fiscal de tribunal oral a cargo de la acusación es Fernando Arrigo.
El organismo con sede en Washington examina la denuncia y le comunicó a Cancillería el 21 de junio pasado que disponía de tres meses para presentar un informe del incidente e intentar una solución amistosa para el reclamo. Es la antesala de un juicio muy controvertido que implicará una fuerte batalla en Oroño al 900. Para la fiscalía los policías de la comisaría 7ª participaron en distintos roles en la desaparición y la muerte de Franco Casco. Pero las defensas sostienen que no está probada ni la desaparición ni el factor violento como causa de muerte. Si no está acreditada la violencia no se puede decir, sostienen las defensas, que la muerte fue provocada.
Casco había llegado a Rosario desde su casa de Florencio Varela para visitar a familiares en Empalme Graneros. El 6 de octubre de 2014 planeaba tomar un tren a Retiro para regresar a su hogar pero nunca llegó a subir. En la resolución inicial Vera Barros enumeraba elementos que posibilitan inferir que Franco fue detenido aquella noche y sometido a torturas en un calabozo de la seccional de Cafferata al 300. Para el juez, el personal policial fue responsable de la detención irregular de una persona y de no aportar información sobre su paradero, cuestiones que se encuadran en el mencionado delito, con el agravante de la muerte de ese joven.
Las defensas remarcan que la pericia odontológica forense que se realizó indica que los dientes de Casco no fueron removidos en forma violenta como se había considerado inicialmente. También aluden a que hay una denuncia en la fiscalía federal por falso testimonio contra 13 de los presos que hablaron de castigo físico contra Franco en la comisaría de barrio Agote, mientras otros veinte internos dijeron no haber oído ni visto nada.
