Por la desaparición y muerte de Franco Casco irán a juicio 19 policías

El juez federal Carlos Vera Barros cerró la instrucción y envió a juicio por distintos delitos a 19 policías en la causa donde se investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, un joven bonaerense de 23 años que fue visto por última vez el 6 de octubre de 2014 en la comisaría 7ª de Rosario, y que fue hallado sin vida en el río Paraná tres semanas después. En la resolución el magistrado decidió el sobreseimiento de otros 12 efectivos policiales a los que inicialmente había procesado.

La resolución impone la certeza de que habrá juicio oral y público para los 19 policías con procesamiento confirmado, diez de los cuales llevan dos años y tres meses en la cárcel. Todavía se ignora qué Tribunal Federal Oral tendrá a cargo el trámite y en qué fecha.

Este es un caso en extremo controvertido en el que después de la resolución inicial, en la que habían sido procesados 31 policías, se fueron incorporando pruebas al expediente que alteraron la valoración de la causa. Lo que dice ahora Vera Barros es que toda esa evidencia agregada no cambia, a su criterio, lo que llevó a sostener la acusación inicial. Las defensas afirman que la diferencia es sustancial en varios puntos pero, en especial, en que en la autopsia no está acreditado el factor violento como causa de muerte.

Un viaje sin regreso

Casco había llegado a Rosario desde su casa de Florencio Varela para visitar a familiares en Empalme Graneros. El 6 de octubre de 2014 planeaba tomar un tren a Retiro para regresar a su hogar pero nunca llegó a subir. En la resolución inicial Vera Barros enumeraba elementos que posibilitan inferir que Franco fue detenido aquella noche y sometido a torturas en un calabozo de la seccional de Cafferata al 300. Para el juez, el personal policial fue responsable de la detención irregular de una persona y de no aportar información sobre su paradero, cuestiones que se encuadran en el mencionado delito, con el agravante de la muerte de ese joven.

Entre las personas que van a juicio se encuentran quien era jefe de la comisaría 7ª, Diego José Alvarez, a quien Vera Barros le imputa los dos delitos más graves, que son la desaparición forzada de Franco Casco seguida de su muerte e imposición de tortura. La misma acusación recibieron como coautores Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco.

También procesó como coautores de la desaparición forzada seguida de muerte a Cesar Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greyner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha y Esteban Silva. Por último como partícipes secundarios del mismo delito irán al banquillo Elisabeth González Belkis, Franco Zorzoli, Rodolfo Murúa, Walter Ortiz, Romina Díaz y Ramón Juarez.

Por último Vera Barros impulsó el juicio por encubrimiento de Pablo Andrés Siscaro y Daniel Escobar, integrantes de la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina. La Cámara Federal de Apelaciones había dictado falta de mérito para otros tres policías de esa misma repartición que ahora resultaron sobreseídos. También quedaron definitivamente desvinculados de este trámite nueve uniformados más.

Hacia atrás

El caso de Franco Casco comenzó a investigarse como averiguación de paradero hasta que al hallarse su cadáver, no sin controversias por la jurisdicción, el expediente pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada. Casi tres años después, en septiembre de 2017, fueron detenidos 31 policías sospechados de haber participado en su desaparición o al menos haberla encubierto.

El fiscal Marcelo Degiovanni señaló entre las pruebas de cargo los libros de guardia de la seccional 7ª y el testimonio de familiares de Casco sobre el ocultamiento de información. Las declaraciones de detenidos en la comisaría permitieron inferir que el joven fue torturado allí.

Vera Barros estableció que entre la noche del 6 de octubre y la madrugada del 7 de octubre de 2014 Casco habría sido alojado como demorado en la seccional, donde habría sufrido tormentos posiblemente propiciados por policías y a partir de los cuales pudo haber muerto, "perdiéndose además todo rastro suyo" desde entonces.

En ese sentido, el juez mencionó "un accionar policial que impidió formalizar su búsqueda" y consignó graves "irregularidades e inconsistencias" que sugerían la intencionalidad de ocultar los motivos de la desaparición. También refirió como elemento que indicaba la violencia el desprendimiento de dos dientes incisivos superiores del joven.

A lo largo del trámite las defensas incorporaron prueba, admitida en el expediente, que a criterio de los abogados de los policías cambiaba de modo completo el encuadre del caso, en favor de ellos. Estos elementos, según las defensas, son que Franco no perdió los dientes en la comisaría sino que no los tenía, según informes odontológicos. También que se aceptó la apertura de una causa por falso testimonio contra 13 de los presos que hablaron de castigo físico contra Franco en la comisaría de barrio Agote, mientras otros veinte internos dijeron no haber oído ni visto nada. Incluyeron asimismo un audio de la central 911 del día de la detención donde se requiere ayuda por un ataque de hinchas al que acude la misma patrulla a la que se le atribuye haber detenido a Franco. Como fundamental consignan que la autopsia no determina la causa de muerte y si es así no se puede establecer si su deceso fue provocado.

Hay evidencias

Vera Barros considera que estas constancias probatorias agregadas no hacen caer el valor de las evidencias con las cuales decidió el procesamiento de los 19 policías que llegarán a juicio, en una etapa donde no hay que demostrar la certeza de lo que pasó, sino la probabilidad.

Al respecto, para el juez el último cotejo de ADN llevado a cabo sobre el cuerpo, que determina la identidad de Franco Casco, refuerza la presunción incriminante contra los policías.

Otra cosa importante que valoró el juez es que los planteos que hacen las defensas para desvirtuar la idea de que lo mataron en la comisaría y lo hicieron desaparecer no se sustentan necesariamente en constancias fácticas que acrediten eso sino en valoraciones de los propios defensores. Para Vera Barros lo que se encuentra bajo discusión es el alcance de la prueba.

Actualmente en esta causa existe una recusación pendiente de resolver contra el juez Vera Barros de parte de la defensora oficial Rosana Gambacorta, quien le reprochó no haber observado imparcialidad. La Cámara Federal tiene además que pronunciarse sobre los plazos vencidos de prisión preventiva de los diez policías que llevan 25 meses en la cárcel. Esa prisión preventiva fue prorrogada por el magistrado hasta el 4 de marzo de 2020.

reclamos. Para los padres de Franco y organizaciones sociales nunca hubo dudas de la participación policial.