Un abogado, su esposa y un escribano de Rosario fueron imputados en el marco de la investigación por una estafa inmobiliaria registrada en 2018 para quedarse con un inmueble del barrio de Fisherton, aprovechándose de la cercanía con la víctima.
Los profesionales están acusados de adulterar documentación para quedarse con un inmueble ubicado en el barrio de Fisherton.
La audiencia por estafa contra un abogado, su esposa y un escribano se realizó en el Centro de Justicia Penal.
Un abogado, su esposa y un escribano de Rosario fueron imputados en el marco de la investigación por una estafa inmobiliaria registrada en 2018 para quedarse con un inmueble del barrio de Fisherton, aprovechándose de la cercanía con la víctima.
Los tres fueron detenidos tras una serie de allanamientos registrados la mañana de este martes por parte de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en Paraguay al 600, Sargento Cabral al 500, Santa Fe al 900 y 16 de Enero al 9100.
En horas de la tarde, en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Viviana O'Connell imputó al abogado Guido C. y al escribano Joaquín F. los delitos de defraudación por suscripción engañosa de documento en concurso real con utilización de un documento público adulterado y falsedad ideológica en calidad de coautores en grado consumado.
Según los dichos de la fiscal, ambos profesionales se habrían aprovechado de la confianza que tenían con la víctima para pergeñar el engaño. Así, le hicieron firmar un boleto de compraventa a la víctima sin saber ella que con esa rúbrica firmaba conjuntamente una escritura poniendo un inmueble de avenida Jorge Newbery y calle 1420 a nombre de la esposa del abogado, identificada como M.J.N.
>> Leer más: Siete años después, con 13 acusados comenzó el juicio por la megaestafa inmobiliaria
Tras la audiencia, la jueza en lo penal María Trinidad Chiabrera hizo lugar a las calificaciones legales indicadas por la fiscal y dictó salidas alternativas a la prisión preventiva, ya que el abogado imputado posee algunos problemas de salud.
Además, la magistrada dictó la caución real de $10 millones para cada uno de los imputados, quienes tendrán un plazo de 15 días para presentarla. También, se les prohibió la salida del país, la fijación de domicilio y la prohibición de contacto con la víctima y sus allegados.
Tanto el letrado como el escribano recuperaron la libertad y quedaron a disposición de la Fiscalía.
El apuntado como jefe de la organización, Leandro "Gordo" Vilches, había calificado de "títeres" a los jóvenes que cometían ataques bajo sus órdenes
Por Martín Stoianovich
Por Carina Bazzoni
Por Martín Stoianovich
Por Hernán Cabrera
Por Javier Felcaro
Por Florencia O’Keeffe