El presidente anunció una regla para impedir presupuestos deficitarios. El proyecto prevé un cierre parcial del Estado si no se recupera el equilibrio fiscal
El "grillete fiscal" fue una de las reformas presentadas por Milei en la cadena nacional de este jueves
Javier Milei presentó el denominado "grillete fiscal", una iniciativa que buscará impedir que el Estado nacional apruebe o sostenga presupuestos deficitarios. El proyecto formará parte del paquete de reformas económicas que acompañará la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), junto con cambios en el mercado de capitales y en el mercado de seguros.
Según explicó el mandatario durante un mensaje por cadena nacional, la propuesta apunta a convertir el equilibrio fiscal en una regla permanente y establecer mecanismos automáticos para corregir eventuales desbalances en las cuentas públicas.
El proyecto fue elaborado por Milei junto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
El "grillete fiscal" es una regla que buscará limitar el gasto público e impedir que el Congreso sancione presupuestos con déficit. La iniciativa se inspira en el mecanismo de shutdown que existe en Estados Unidos, aunque incorpora un funcionamiento adaptado al sistema argentino.
Durante la cadena nacional, Milei sostuvo que la medida pretende generar incentivos para que la dirigencia política mantenga el equilibrio de las cuentas públicas.
"¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado", afirmó.
Luego agregó: "Los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos porque nunca son ellos los que pagan los platos rotos. Por eso, este proyecto va a hacer que el que las hace, finalmente las pague".
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Según explicó el presidente, el sistema se activará cuando el resultado fiscal permanezca en déficit durante varios meses consecutivos.
En esa instancia, el Congreso contará con un plazo para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. Antes de aplicar las medidas más severas, el Poder Legislativo deberá definir qué partidas presupuestarias pueden reducirse para corregir el desequilibrio.
Si no hubiera una decisión dentro del plazo previsto, entraría en vigencia de manera automática el denominado "shutdown". En ese escenario quedarían habilitados únicamente los gastos considerados esenciales del Estado, mientras que el resto de las erogaciones se suspendería.
En consecuencia, quedarán excluidos del eventual cierre parcial: jubilaciones y pensiones; asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo (AUH); seguro de desempleo; sistema de salud; seguridad; defensa nacional y servicio penitenciario.
De acuerdo con el anuncio oficial, el mecanismo incluiría la paralización de actividades estatales no esenciales, el congelamiento de nuevos gastos públicos, la suspensión de contrataciones, la interrupción de transferencias discrecionales a las provincias y la suspensión del pago de salarios al presidente, vicepresidente, senadores, diputados, ministros, secretarios y subsecretarios mientras dure la medida.
El "shutdown" es un mecanismo propio del sistema estadounidense que implica el cierre parcial del gobierno federal cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento antes del inicio del nuevo año fiscal o del vencimiento de las partidas presupuestarias temporarias.
En esos casos, los organismos que desarrollan actividades no esenciales suspenden parte de sus funciones. Miles de empleados públicos son licenciados sin goce de sueldo, mientras que quienes cumplen tareas críticas, como son los casos del personal militar, controladores aéreos, agentes de seguridad fronteriza y otros servicios esenciales, continúan trabajando y cobran una vez que se restablecen los fondos.
Habitualmente, el Congreso evita esos cierres mediante leyes transitorias de financiamiento, aunque en distintas oportunidades la falta de acuerdo político derivó en la paralización parcial de la administración federal.
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