Trece personas comenzaron a ser juzgadas este lunes por su participación en el caso conocido como megaestafa inmobiliaria, una serie de operaciones atribuidas a una organización que falsificaba documentación para arrebatar propiedades a sus dueños y luego desplegar una serie de maniobras para darles una apariencia lícita a las falsas transacciones. Entre los acusados hay cuatro escribanos que legitimaron las estafas y que además de afrontar pedidos de pena elevados también podrían quedar inhabilitados en caso de que sean hallados culpables.
La investigación se hizo pública en 2016 con la detención de varios de los implicados y, luego de idas y vueltas, siete años después llega al juicio oral que comenzó en la sala 10 del Centro de Justicia Penal (CJP) ante un tribunal conformado por los jueces Ismael Manfrín, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón. La acusación estará a cargo del fiscal de Delitos Económicos y Complejos Sebastián Narvaja y se prevé que durante el debate, que podría extenderse por dos o tres meses, desfilen unos 300 testigos.
Si bien estaba previsto que el debate oral empezara con catorce personas en el banquillo, uno de los imputados acordó el viernes pasado una pena mediante un procedimiento abreviado. Se trata de Marcelo “Lelo” Pérez, quien admitió su culpabilidad en uno de los hechos investigados y aceptó tres años de cárcel, una multa superior a los 200 millones de pesos y el decomiso de bienes por un valor equivalente a 360 mil dólares. Anteriormente ya habían acordado penas de la misma manera Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo y Juan Cruz González de Gaetano.
Maniobras
El fiscal reseñó que la banda las maniobras consistían en falsear escrituras y poderes de inmuebles para despojar a sus verdaderos dueños e inscribirlas a nombre de otras personas. “Se generaron documentos falsos por medio de los cuales se les quitó la propiedad de diez inmuebles a diferentes familias”, explicó Narvaja. Y agregó que las acusaciones incluyen el delito de lavado de activos de origen ilícito porque esos inmuebles que les quitaron fraudulentamente a las víctimas luego fueron, a partir de nuevas escrituras y transacciones, ingresados al mercado con la apariencia de haber sido compradas legalmente.
“En general —resumió el fiscal— la maniobra consistía en falsificar la firma del verdadero dueño de una propiedad, que podían ser casas, terrenos o campos, entonces se hacía un poder falso con esa firma falsificada que luego se usaban para otras escrituras como si esos dueños hubieran vendidos las propiedades que luego se inscribían a nombre de otros miembros del grupo. Y después se hacían más transacciones con esas propiedades para que cuando las víctimas se dieran cuenta ya había tres o cuatro ventas posteriores que volvían imposible recuperar esas propiedades”.
En líneas generales los imputados están acusados de delitos como la falsificación ideológica de instrumento público, estafa y lavado de activos agravado por ser realizado “con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”.
En el caso de los escribanos los delitos se agravan por haber sido “cometidos con ánimo de lucro mediante abuso en el desempeño de una profesión cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público”.
Los diferentes pedidos de pena y multa tienen que ver, según explicó el fiscal, con la cantidad de casos en los que cada uno de los acusados está involucrado y por el monto de las operaciones realizadas en lo que se considera el lavado de activos, un monto estimado entre cuatro y cinco veces el valor de las propiedades involucradas en las maniobras.
En el banquillo
Entre los principales acusados está el escribano Eduardo Martín Torres, acusado por siete de los hechos investigados. La fiscalía pidió para él 20 años de cárcel, una multa de 344 millones de pesos y doce años de inhabilitación como escribano.
La misma pena y multa fue requerida para Juan Roberto Aymo, implicado en ocho casos. Acusado en varios hechos de delitos como falsificación ideológica de instrumento público, estafa y lavado “agravado por realizar el hecho con habitualidad o como miembro de una banda formada” a tal efecto. Implicada en tres hechos, su esposa Ramona Isabel Rodríguez también está entre los acusados afrontando una pena de cinco años de prisión.
Otra pena de 20 años de cárcel fue solicitada para el sindicalista Maximiliano González De Gaetano, acusado en tres hechos. En su caso la multa requerida es de 353 millones de pesos.
Otros tres escribanos afrontan penas no tan elevadas acusados de haber participado en menos operaciones fraudulentas. Para Juan Bautista Aliau, implicado en tres hechos, el fiscal pidió nueve años de cárcel y una multa de 344 millones de pesos y una inhabilitación de 12 años para ejercer el notariado. Ese mismo lapso fue requerido para su colega José María Gordó, acusado por dos hechos por los cuales pidieron siete años de cárcel y una multa de 81 millones de pesos. En el caso de Luis María Kurtzemann, implicado en un solo caso, afronta un pedido de cinco años y medio de prisión, una multa de 54 millones y el pedido de inhabilitación es por diez años.
En el caso de Marcelo Basilio Jaef, por su participación en dos casos se le pidió una pena de siete años de cárcel y una multa de 73 millones de pesos, “equivalente a cuatro veces el valor real de la operación de lavado de activos” que se le atribuye.
También le achacan haber participado en dos hechos a Sandra Fabiana Moresco, que afronta un pedido de cinco años de cárcel y multa de 40 millones de pesos.
Finalmente, acusados de haber participado en un solo hecho están Vanina Viglione (afronta una pena de cinco años y medio por lavado de activos y multa de 4 millones), Alejandro Martín (dos años por falsificación de documento), Magalí González de Gaetano (tres años y medio de cárcel y 6 millones de multa por lavado) y Omar Buselatto (cuatro años de cárcel y multa por lavado simple).
