El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

La investigación por el crimen de Lucas Cicarelli, el mozo de 30 años que murió al caer de la barranca del río durante un asalto en la costa central, derivó en un fuerte debate judicial sobre la salud mental y el sistema penal.

Uno de los acusados, Pablo Ismael Ibáñez, de 33 años, fue declarado inimputable por padecer un trastorno psicótico y discapacidad intelectual moderada. Sin embargo, quedó bajo la órbita del Servicio Penitenciario, una decisión que fue cuestionada por su defensora pública, quien pidió su derivación al ámbito civil.

Un historial de internaciones y reincidencias

Ibáñez había sido internado en la colonia psiquiátrica de Oliveros en junio pasado, aunque no está claro cuándo ni por qué fue dado de alta. Un informe forense elaborado tras el crimen determinó que es “peligroso fundamentalmente para terceros”. El especialista que lo evaluó, el psiquiatra Gustavo Cordero, lo describió como una persona con trastorno psicótico parcialmente compensado, hábitos de higiene precarios, consumo de alcohol y tranquilizantes, y sin recuerdos de lo sucedido.

El prontuario de Ibáñez muestra 14 detenciones en un año por robos y agresiones, todas registradas en la comisaría 2ª del centro rosarino. En cada caso, los procedimientos terminaron sin avances por su condición mental. En diciembre del año pasado, una junta médica ya había advertido que no comprendía la criminalidad de sus actos y recomendó su internación. En mayo, el juez Gustavo Pérez de Urrechu había dispuesto su ingreso a Oliveros, aunque el personal del lugar reportó episodios de violencia.

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Pese a esos antecedentes, Ibáñez volvió a quedar en libertad. En junio, la Justicia penal cerró la causa en la que estaba implicado y remitió su seguimiento al fuero civil para abordar su situación de salud mental. Ese tratamiento, sin embargo, nunca se concretó.

La noche del crimen

Según la investigación, Cicarelli fue abordado la madrugada del domingo por dos ladrones mientras conversaba con su novia frente al río, a la altura de Wheelwright y Dorrego. Los asaltantes lo amenazaron con un arma y, en medio del forcejeo, el joven cayó 25 metros barranca abajo. Su cuerpo fue hallado sin vida minutos después.

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Por el caso quedaron detenidos Andrés Rodrigo Frontera, de 38 años, y Pablo Ibáñez, aunque sólo el primero fue imputado por homicidio en ocasión de robo y robo calificado. Frontera fue arrestado en el lugar mientras intentaba esconderse entre los arbustos con la mochila de la novia de la víctima y quedó en prisión preventiva por dos años.

Ibáñez, en cambio, fue declarado inimputable y será sometido a una nueva junta médica para determinar su diagnóstico actual, si puede participar del proceso penal y qué tratamiento corresponde. Su defensora, Gabriela Balli, advirtió que “las cárceles son para resocializar, no para curar ni internar a un débil mental”, y reclamó que se garantice la continuidad de su medicación.

Un sistema en crisis

El caso reavivó el debate sobre cómo actúa el Estado frente a personas con patologías psiquiátricas que reinciden en hechos violentos. Ibáñez no sólo tenía informes previos que alertaban sobre su peligrosidad, sino también una cadena de detenciones e internaciones fallidas. La Justicia deberá resolver ahora si su futuro depende de un tratamiento civil o del sistema penal.

Mientras tanto, la familia de Lucas Cicarelli —padre de tres hijos y mozo en un bar céntrico— busca respuestas. “Yo lo esperaba todas las noches cuando volvía del trabajo. Hoy me levanté a las tres de la mañana y ya no lo voy a volver a ver”, dijo su padre, conmovido tras la audiencia donde se imputó a uno de los responsables del crimen.