Dos rosarinos y un santafesino fueron acusados de tener material de explotación infantil con fines inequívocos de distribución y descarga a través de una red de P2P (Peer to peer), que brinda la posibilidad de intercambiar material entre computadoras a través de Internet de manera sencilla. En Rosario los imputados fueron Germán Alberto F., de 48 años, y Carlos Ramón V., de 61. El fiscal Ramiro González Raggio, quien actuó en suplencia de su par Diego Meinero, los acusó por los delitos de facilitamiento de pornografía infantil agravado por tratarse de representaciones de niños menores de 13 años y tenencia de pornografía infantil con fines inequívocos de distribución agravada por ser dichas representaciones de menores de 13 años. El juez de primera instancia Pablo Pinto les dictó prisión preventiva por el lazo de ley, es decir al menos dos años.
Por su parte el identificado el santafesino como G.L.F., de 67 años, fue acusado por el fiscal Matías Broggi por haber descargado de Internet y puesto a disposición de otros usuarios material de explotación sexual infantil entre julio del año pasado y el martes de esta semana. La semana próxima la jueza Rosana Carrara deberá resolver el pedido medidas cautelares que requerirá el fiscal Broggi, según se adelantó desde Fiscalía.
Los tres hombres fueron detenidos el martes pasado en el marco de la "Operación Red Federal en Alerta" que tiene como objetivo de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que se encuentran operando en todo el mundo, según se explicó desde el Ministerio Público Fiscal (MPF). Veinte personas fueron detenidas en una serie de 70 allanamientos conjuntos y coordinados en 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Fueron incautados 2.000 dispositivos con 12.000 archivos con contenido de abusos infantiles.
En Santa Fe los operativos fueron llevados adelante por personal de la Agencia de Trata de Personas y Violencia de Género de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. En Rosario fueron realizados bajo las órdenes del fiscal Diego Meinero, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. Los procedimientos se realizaron en un pasillo de calle Baigorria al 1400, en el barrio La Cerámica, y en 9 de Julio al 4000, en el corazón de Echesortu. En Santa Fe fue el fiscal Matías Broggi quien tuteló el operativo que tuvo como centro una vivienda de French al 2300.
Los rosarinos
Este jueves por la tarde el fiscal González Raggio, quien estuvo en suplencia del fiscal Diego Meinero, acusó a Germán F. y Carlos V. por facilitamiento y tenencia de pornografía infantil agravado. El primero de ellos fue representado por una abogado de la defensa pública y le imputaron tener en su poder material de explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución, consintiendo su accionar en descargar dichos archivos a través de una red P2P y haberlos puesto a disposición entre el 2 de noviembre de 2021 y el 7 de agosto de 2022 para ser descargados en al menos 69.361 oportunidades a través de la misma red en la carpeta servidor de la aplicación en reiteradas oportunidades. La acusación sobre Carlos V., asistido por un abogado particular, sólo varió en la cantidad de descargas _651 oportunidades_ y que el período en el que estuvieron disponibles fue entre el 18 de mayo de 2019 y el 17 de julio de 2022. El juez Pinto le dio la derecha al acusador y los dejó bajo prisión preventiva a los imputados por el plazo de ley.
Según la acusación la investigación comenzó en el marco del convenio suscripto en mayo del 2021 entre el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Centro Nacional de Capacitación en Justicia Penal de Fox Valley Technical College, localizado en la ciudad de Appleton, Wisconsin (Estados Unidos). mediante el cual el MPF porteño tuvo acceso al sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-Iine Protection System (Icaccops), una plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.
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Este sistema recolecta desde hace al menos 8 años información consistente en múltiples bases de datos, que trabajan en conjunto, con el fin de suministrar información sobre personas que intercambien en la web material de pornografía infantil. El sistema permite identificar las direcciones IP (dirección del Protocolo de Internet) asociadas con la distribución de archivos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en diversas redes Peer to Peer (P2P) como pueden ser Ares, BitTorrent, Emule, Freenet, Gnutella, Gnutella2, IRC, Gigatribe, entre las más reconocibles en el mundo de la descarga de archivos de películas o música, entre otras.
El 4 de agosto pasado la fiscal Daniela Dupuy, al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de Caba, abrió una investigación sobre usuarios de plataformas P2P que compartían material sobre abuso sexual infantil en territorio argentino. Sobre 92 objetivos encontrados, tres eran en la provincia de Santa Fe.
En Santa Fe
En los tribunales de la capital provincial el fiscal Matías Broggi acusó al identificado como G.L.F., de 67 años, por haber descargado de Internet y puesto a disposición de otros usuarios material de explotación sexual infantil. El fiscal Broggi sostuvo en la audiencia, según información suministrada por el área de prensa de la Fiscalía Regional 1, que el acusado delinquió “mediante una red de transmisión de archivos de tipo Peer to Peer (P2P), que permite que los usuarios sean servidores y consumidores al mismo tiempo, gestionada a través del software eMule” entre “ julio del año pasado y el martes de esta semana, el hombre investigado llevó a cabo su conducta delictiva en una casa de avenida French al 2300” de la zona norte de la capital provincial.
Broggi aseguró que “el investigado descargó 39 archivos a sabiendas de que eran registros de abuso sexual infantil”, y remarcó que “se trataba de fotos y videos de vulneraciones a la integridad sexual de niños y niñas menores de 13 años”. El fiscal indicó que “dadas las características de la plataforma, los contenidos ilegales se alojaron en una carpeta de la computadora del imputado que era accesible para usuarios desconocidos”, detalló. La audiencia de medidas cautelares se realizará la semana próxima y desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya se adelantó que se solicitará la prisión preventiva.
