Se conoció la imputación sobre la presunta estafa multimillonaria del financista Herrera, la transferencia de dólares al exterior y la compra de condominios.
Los tiempos en que Luis Herrera era funcionario de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Durante el jueves y el viernes de esta semana, en una audiencia imputativa por estafas, administración ilícita y fraude, la jueza Paula Álvarez aceptó lo pedido por el fiscal Miguel Moreno y dictó la prisión preventiva por seis meses para el financista Luis Herrera y sus hijos Ignacio Herrera y Diego Herrera. La otra imputada es Marcela Fernández, esposa de Herrera y madre de los otros dos imputados, y para ella el fiscal no solicitó medida cautelar.
Los delitos puntuales imputados a Luis Herrera, ex presidente del Rofex y de 66 años, son: asociación ilícita en calidad de jefe y organizador, desobediencia a una orden judicial, quiebra fraudulenta y lavado de activos, y administración fraudulenta y estafa en calidad de jefe. En tanto a Ignacio Herrera (42 años) y a Diego Herrera (36 años), les imputaron los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros, administración fraudulenta y estafa. En el caso de Marcela Fernández (67 años), la imputación por el delito de asociación ilícita.
Herrera fue titular de la sociedad de Bolsa familiar "Fernández Soljan", que funcionó desde mediados de los años 90 y hasta finales de 2021. En paralelo montó una empresa de servicios y asesoramiento financiera que realizaba transacciones en mercados a futuro, opciones y derivados nacionales e internacionales. Si bien esa firma no era parte de la agencia, operaba en paralelo y como mesa financiera para clientes de alto y mediano poder adquisitivo, durante el 2019 y 2020 la firma ofrecía entre 1.2 y 1.4 % mensuales en dólares. El esquema funcionó hasta que estalló, al comenzar las dificultades para afrontar los pagos de las ganancias comprometidas.
Tras la audiencia, el defensor de Luis Herrera, Gustavo Franceschetti, dijo: "La acusación de que en 2019 y 2020 mi cliente fugó el dinero es falso, ese dinero se trajo y restituyó a sus poseedores y se entregaron los recibos correspondientes, no habrá alcanzado para todos, pero sí entregó lo que tenía. Respetamos, pero no compartimos, la decisión de la jueza Paola Álvarez, pero vamos a apelar a la par que pediremos a la fiscalía que observe nuestro aporte de pruebas". El abogado penalista dijo además que no hay peligro procesal en la causa y que "todo está acreditado debidamente".
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La causa acumuló estos últimos meses unas 300 denuncias por estafa, de las cuales cerca de la mitad surgieron recientemente y justificaron la necesidad de nuevos allanamientos. Herrera fue detenido por primera vez el primer día de noviembre de 2022 en su casa de José C. Paz al 1900, en barrio Alberdi. Dos días después, el financista, junto a su esposa y sus dos hijos, fueron imputados por el fiscal Moreno por los delitos de asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. Sin embargo, le concedieron la libertad contra el pago de una fianza de tres millones de pesos y salió en libertad. En la nueva imputación la jueza ordenó seis meses de preventiva para Herrera y sus hijos.
El fiscal Miguel Moreno atribuyó a los cuatro imputados haber formado parte de una asociación con permanencia en el tiempo, que comenzó a operar promediando el año 2017, destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos valiéndose de la estructura de la sociedad, autoridades, empleados, reconocimiento público. Según la imputación, captaban inversores cuyos fondos eran administrados para aplicar a negocios financieros o económicos. A partir de 2017, parte del dinero administrado dejó de ser aplicado a las inversiones prometidas (Chicago Board of Trade), siendo destinado a otro tipo de inversiones que tornaron incierto el destino de los fondos aportados por la clientela.
Para mediados de 2020, la entrega de dinero (renta y capital) a las víctimas se fue discontinuando, hasta que alrededor de septiembre de 2021 cesó por completo, no sólo la entrega de dinero, sino también la rendición de cuentas. A su vez, a partir de 2021, y siempre valiéndose de la estructura de una sociedad anónima, los imputados continuaron ofreciendo al público en general negocios financieros de alta rentabilidad, que a esta altura eran inexistentes, ya era parte de un sistema piramidal de estafa, con el objeto de obtener un lucro indebido para sí o para terceros. Desde Fiscalía evalúan que la estafa ascendería a unos 30 millones de dólares.
Para la Fiscalía otra manera de captación de dinero de las víctimas era a través de contratos, en los que el cliente era inducido a realizar la disposición patrimonial, bajo pretexto de que sería aplicada por la sociedad a negocios financieros o productivos que generarían la renta. Herrera padre era presidente de un empresa de sociedad anónima y dueño de las oficinas.
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Ignacio y Diego Herrera se desempeñaban como director suplente y responsable de operaciones de la sociedad de bolsa, respectivamente. A su vez Herrera dirigía las operaciones en lo que se denominó Luis A. H Futuro. Los hijos de Luis alternaban en la atención de las víctimas de manera personal, telefónica o electrónica. La asociación ilícita cuestionada se ejercía, según el fiscal Moreno, organizando una estructura administrativa para llevar adelante su plan criminal, elaborando las liquidaciones y entregándolas a los clientes.
A su vez se organizó un sistema informático para el registro de los clientes que incluía la asignación de un número de comitente a cada cliente, simulando la denominación utilizada por entidades que operan legítimamente. En tal sentido se les entregaba a los clientes (unos 400) documentación para que firmen, que simbolizaba la apertura de una cuenta comitente. Este esquema funcionó hasta que en 2020 clientes comenzaron a solicitar, por necesidades personales, la restitución de su dinero. Fue allí que experimentaron dificultades en recibirlo o directamente no lo recibieron. Por el contrario, obtenían comunicaciones por diferentes vías con excusas acerca de la imposibilidad de su restitución.
Durante la audiencia, el fiscal argumentó que entre el 21 de abril de 2020 y el 1º de noviembre de 2021, de manera previa al auto de quiebra dictado por el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial, Herrera ocultó y sustrajo de la masa de acreedores de su propia quiebra unos 5.000.000 de dólares, y en diciembre de 2023 y mayo 2024, luego de decretada su quiebra, omitió dar cuenta y justificar de manera debida la existencia y salida de dichos fondos.
El fiscal evalúa como dolo de lavado de activos el no haber declarado la existencia de inversiones en el exterior. Con relación a la imputación de quiebra fraudulenta y los pagos realizados desde diversas cuentas, surgiría que el dinero fue destinado a la compra de inmuebles en la costa atlántica argentina. El 1 de Noviembre de 2021 se registró un resumen de cuenta de Chase JP titularidad de L.A. H. e I. H., del cual surge que en agosto de 2019 hubo transferencias de la cuenta de Chase JP Morgan a otras cuentas en el exterior.
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En cuanto a la administración fraudulenta se le atribuyó perjudicar, mediante la sustracción de los fondos que le fueron entregados para aplicar a inversiones ante el Mercado de Futuros de Chicago (Chicago Board of Trade) y ante mercados de capitales locales (a través de una sociedad anónima que dirigía), los intereses económicos que le fueran confiados por personas. En este sentido, a Herrera se le atribuye haber ofrecido al público en general negocios financieros de alta rentabilidad, que eran inexistentes, ya que los fondos captados eran aplicados directamente a un sistema piramidal de estafa. La alta tasa de retorno del 10% anual en dólares aproximadamente funcionó en esta etapa como ardid, como así también que el destino del dinero sería el mercado de futuros de Chicago
Por último, se le atribuyó haber desobedecido la resolución dispuesta el 22 de diciembre de 2023 por la jueza Paula Álvarez, en la que se imponía a los imputados y a las sociedades donde tenían participaciones accionarias la prohibición de disponer de cualquier fondo. La desobediencia se constató en un allanamiento del 2 de diciembre de 2024 en el domicilio de José C. Paz al 1900 y se hallaron varios resúmenes de cuentas bancarias en el exterior a nombre de Luis e Ignacio H. constando una transferencia efectuada el 9 de enero de 2024 por un monto de USD 3.000.
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