El Ministerio Público de la Acusación imputó a un hombre por ocultar la moto y la vestimenta utilizadas en la balacera contra el Heca
Foto: La Capital / Leo Vincenti.
Personal policial con armas largas en el Heca tras la balacera ocurrida en octubre.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó este martes a Mariano G., un hombre acusado de colaborar en el ataque a balazos contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) ocurrido el pasado 16 de octubre, un hecho que generó conmoción por haberse perpetrado en uno de los principales centros de salud de Rosario.
El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Balaceras e Intimidación Pública, le atribuyó a Mariano G. el delito de tentativa de homicidio doloso simple con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con intimidación pública agravada, en calidad de cómplice subsequens.
El juez Gustavo Santana tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva hasta el 30 de diciembre de 2025, fecha hasta la cual la Fiscalía podrá solicitar una prórroga.
La acusación sostiene que Mariano G. recibió, ocultó y colaboró en la eliminación de evidencia clave usada en el ataque. Todo ocurrió después de las 17.30 del 16 de octubre, cuando un menor de edad y otro hombre aún no identificado llegaron al Heca en una motocicleta Honda Wave 110 gris-celeste, que tenía pedido de secuestro por un robo agravado ocurrido el 30 de septiembre en Villa Gobernador Gálvez.
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Según la reconstrucción del fiscal, el conductor llevó al adolescente hasta la rampa de ambulancias del hospital, en Crespo al 3700. Allí, el menor bajó, caminó hasta el interior del acceso y disparó varias veces hacia la oficina del telefonista, donde se encontraba una trabajadora del hospital que logró ponerse a resguardo debajo de un escritorio.
Tras las detonaciones, el atacante dejó una nota intimidante y volvió a subirse a la moto. Ambos escaparon por distintas calles para evitar ser identificados.
Tras la balacera, numerosos efectivos policiales con armas largas están custodiando el Hospital de Emergencias.
De acuerdo con Tassini, los dos autores del ataque se dirigieron luego a la casa de M. G., un domicilio precario ubicado junto a las vías y al basural de Felipe Moré al 3400, en la zona oeste. Allí habían acordado previamente que el imputado se encargaría de ocultar la moto y quemar la ropa utilizada en el atentado para borrar rastros.
La Fiscalía afirmó que M. G. efectivamente escondió el vehículo y recibió la vestimenta, que fue incinerada al día siguiente por el menor y otra persona en el basural lindero. La moto también fue destruida por completo.
El ataque del 16 de octubre fue el segundo episodio de este tipo contra el Heca en los últimos años. En diciembre de 2023, un hecho similar había incluido disparos contra una de las puertas y la aparición de un cartel con amenazas.
En esta nueva causa, la Fiscalía sostiene que el uso de un arma de fuego contra un hospital público y la colocación de una nota intimidante configuran un delito de intimidación pública agravada, cuyo fin es generar temor generalizado.
El ataque al Heca sucedió cerca de las 17.30, cuando dos hombres que se desplazaban en una moto efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del hospital, en la esquina de Pellegrini y Crespo, uno de los corredores más transitados de la ciudad.
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El incidente no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los tiradores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).
Los agresores dejaron en el lugar una nota con amenazas. Al día siguiente el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la nota estaba dirigida a Dylan Cantero, quien había sido baleado el día anterior y, tras quedar internado en el Heca, el mismo jueves de la balacera fue dado de alta. Se trata del hijo menor de Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.
Es la segunda maniobra de hurto y robo de medicamentos e insumos que se imputan en el hospital público en menos de dos años
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