La deuda millonaria de la cooperativa con la EPE y el consumo clandestino en barrios populares tensan la relación con la provincia, que exige la regularización
La Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez envió una carta documento al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en la que notificó que analiza aplicar cortes programados en 33 barrios populares como “medida de contención” ante el consumo clandestino y la deuda que mantiene con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). La entidad acumula 6.000 millones de pesos impagos por la energía que compra a la distribuidora estatal.
En el documento, firmado por su titular Enrique Gomara, la cooperativa informó que “el 42 por ciento de la energía adquirida a la EPE es hurtada” en sectores vulnerables de la ciudad, donde viven 8.200 familias. Argumentan que esa situación explica el rojo financiero y reclaman una intervención del Estado provincial: “La dimensión social del problema requiere atención estatal”, plantearon.
La carta también cuestionó que la “tarifa social” aplicada por la EPE en los barrios populares de Rosario no se habilite en Villa Gobernador Gálvez, lo que —sostienen— profundiza la crisis.
Desde la cartera de Desarrollo Productivo evitaron confrontar con el presidente de la cooperativa. “Se está estudiando la situación. Contestación del ministro no hubo ni habrá por ahora. No nos vamos a meter en una disputa judicial”, señalaron fuentes oficiales. Y agregaron: “Consideramos que la cooperativa tiene que regularizar su situación”.
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En la Casa Gris insisten en que todas las cooperativas de la provincia, salvo la de Villa Gobernador Gálvez, están al día con la EPE. Ante este escenario, condonar la deuda sería injusto para quienes pagan. "Hay una escasa voluntad de cobro con la luz", deslizaron.
La advertencia de cortes en barrios populares fue leída dentro del gobierno como un movimiento que podría derivar en protestas, bloqueos y tensiones que afectarían la actividad económica local, incluida la de firmas claves como Swift, Unilever y Paladini.
El enfrentamiento viene creciendo desde hace meses. La cooperativa acusa al gobierno provincial de no utilizar las herramientas disponibles ante Cammesa para refinanciar o condonar deuda —como sí hicieron las gestiones de Miguel Lifschitz y Omar Perotti—. Desde la EPE responden que esa maniobra ya no es viable por el recorte de subsidios nacionales y descartan falta de capacidad técnica.
En paralelo, el intendente Alberto Ricci rechazó la propuesta que, según fuentes oficiales, le plantearon el gobernador Pullaro y el ministro Puccini: que si la cooperativa no puede sostener el servicio, entregue la operación a la EPE.
El conflicto se intensifica a días del inicio de las altas temperaturas. Un eventual corte de energía en barrios populares de Villa Gobernador Gálvez preocupa por su posible impacto en la paz social.
Mientras el gobierno provincial analiza alternativas y mantiene abierta la vía del diálogo, la postura oficial se mantiene firme: la deuda debe pagarse. La cooperativa, en tanto, insiste en que sin intervención estatal, el sistema se encamina a un colapso técnico y financiero. El escenario aún no tiene resolución y las próximas semanas serán decisivas para evitar que la disputa escale.
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Por Javier Felcaro