El rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional predominó en la jornada convocada por la comisión de Producción y Empleo del Concejo municipal para debatir el tema. Referentes sindicales, empresarios, académicos y abogados laboralistas coincidieron en señalar que no solucionará la crisis de las pymes, no servirá para crear más empleo y profundizará la actual situación de precarización y desprotección en el mercado de trabajo. El encuentro fue organizado por el Foro de micros, pequeñas y medianas empresas.
La modificación de la ley de contrato de trabajo es una de las reformas que el gobierno se propuso acelerar luego de las elecciones de octubre. Si bien no hay un “proyecto oficial” se conocen iniciativas presentadas por diputados libertarios, borradores de la discusión que se lleva adelante en el Consejo de Mayo y declaraciones de funcionarios. Coinciden en el objetivo de cambiar el régimen de indemnizaciones, la negociación colectiva, el salario de convenio, la jornada laboral, la flexibilización de las condiciones de trabajo y el jubileo de los incumplimientos patronales. “Aunque no esté formalizado el contenido, sabemos qué quieren con la reforma porque va en el mismo sentido de las que ya se hicieron y crearon más precariedad”, dijo Sebastián Serrano Alou, presidente de la Asociación de Abogados Laboristas de Rosario, y uno de los impulsores de la jornada de trabajo que se desarrolló en recinto del Concejo, presidida por la concejala Norma López.
El letrado aludió no solo a la flexibilización de los años 90 sino a las que el propio gobierno de Javier Milei impuso a través de la ley de Bases sancionada el año pasado. El resultado fue el aumento del desempleo y la informalidad laboral. “El empresario necesita que el mercado interno funcione, no una reforma laboral”, dijo.
Juan Sisca, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), coincidió. Culpó a los tarifazos, la caída de la actividad económica y el aumento de las importaciones por la crisis que atraviesa el sector. Recordó el fracaso de las medidas de flexibilización de los contratos de trabajo en los 90, que no evitaron que la tasa de desocupación subiera a dos dígitos. “Lo que necesitamos las pymes es otro modelo económico”, aseguró.
El concejal Mariano Romero, referente del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), se mostró convencido de que el avance del gobierno nacional apunta a crear un negocio financiero a través de la generalización de los fondos de cese laborales y de la liquidación de las obras sociales sindicales. Sí estimó necesario avanzar en la inclusión de los trabajadores de la economía popular.
“Bienvenidos a la uberización de la economía”, dijo irónicamente José Iantosca, titular de la Cámara de titulares de Licencias de Taxi de Rosario (Catiltar), quien señaló que en el sector, así como en las plataformas de delivery, transporte y de inmobiliaria, los objetivos de la reforma laboral que busca Milei ya se cumplieron. Rechazó ese proyecto y advirtió que en la medida que avance la uberización el Estado se quedará sin recaudación para atender los servicios básicos, como la salud. La titular de la Asociación de Mujeres conductoras, Adriana Herrera, completó: “Las plataformas nos están diezmando”.
Silvana Teisa, secretaria de Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y delegada de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) destacó las negociaciones que llevan adelante más de un centenar de gremios rosarinos para normalizar la CGT Rosario, a la que consideró un instrumento para enfrentar esta ofensiva.
El sindicalismo dijo presente
Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) advirtió que “no es momento de negociar sino de resistir” ya que “este modelo no quiere trabajadores sino esclavos y hacia allí apuntará cualquier propuesta de reforma”. Aseguró que los empresarios que promueven la flexibilización laboral ya la tienen de hecho y aclaró que “si bien la economía cambió ninguna de las cláusulas de la ley de contrato de trabajo perdió vigencia”. En sintonía se expresó Federico Gayoso, secretario general del sindicato de docentes universitarios (Coad): “No hay nada para consensuar”, arengó.
La concejala de Ciudad Futura Jessica Pellegrini dijo que no es casual que esta ofensiva coincida en el tiempo con el fallo del tribunal federal que absolvió a los acusados de delitos de lesa humanidad en la causa conocida como “El Villazo”. E juicio indagó sobre la responsabilidad de militares y civiles, por la represión a los obreros metalúrgicos de Villa Constitución en 1975.
El economista Lavi Abraham, del Mirador de la Actualidad el Trabajo y la Economía (Mate) desvinculó enfáticamente al actual régimen de protección del trabajo de los problemas por los que atraviesan tanto la economía como el mercado laboral. “Hay que pensar en una economía que tenga como centro el mercado interno”, dijo.
Cristian Del Valle, secretario de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo, recordó que el gobierno impulsa una reforma laboral para el 2% de las empresas, que son las grandes, cuando la mayoría del empleo la crean las pymes. El diputado nacional Diego Giuliano recordó que “la economía de Milei fue la que destruyó empleo y no la legislación laboral”, mientras que la diputada provincial Sonia Martorano se mostró fastidiada porque el gobierno nacional quiere obligar a “discutir derechos adquiridos”. Del debate también participaron estudiantes de la carrera de relaciones del trabajo de la Facultad de Ciencia Política de la UNR. Nicolás Pérez rechazó la iniciativa oficialista porque tiene como único objetivo “debilitar el derecho laboral”.
La concejala López, convocante del encuentro, señaló que las conclusiones del encuentro serán enviadas a los diputados y senadores nacionales.
