Senadora exige que los impuestos a los combustibles se reflejen en obras viales

El deterioro de las rutas nacionales que cruzan la provincia de Santa Fe se instaló como un problema de primer orden: pavimentos agrietados, banquinas degradadas y obras paralizadas conviven con una recaudación creciente por el impuesto a los combustibles que, por ley, debería retornar a las provincias en forma de inversiones viales e hídricas. Esa contradicción fue el eje del reclamo público planteado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien puso en primer plano la relación entre lo que se cobra en cada surtidor y la ausencia de mejoras palpables en la infraestructura.

Di Gregorio recordó que el impuesto a los combustibles líquidos representa el 16 por ciento de cada ticket, conforme a la ley nacional N° 23.966, y ofreció un ejemplo para dimensionar el fenómeno: de un ticket de 79.000 pesos, 12.553,75 pesos corresponderían a ese gravamen. Para la senadora, esas cifras no son abstractas sino el reflejo de un flujo diario de recursos que no se traduce en obras visibles ni en mantenimiento sostenido.

Impuestos que no se traducen en obras

En su exposición vinculó esos montos con la evolución de la recaudación provincial, que según sus datos alcanzó alrededor de 250.000 millones de pesos en 2024 y se elevó a 480.000 millones en 2025, montos que, dijo, deberían verse reflejados en caminos transitables y en proyectos que mitiguen riesgos hídricos.

El diagnóstico que presentó la legisladora se apoya además en relevamientos técnicos que advierten sobre el estado de la red vial a nivel nacional. Citó un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) que señala que entre el 65 y el 70 por ciento de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, una realidad que impacta de manera directa en la seguridad vial, en los costos logísticos y en la competitividad de la producción regional.

La combinación de señalización insuficiente, banquinas en mal estado y tramos con pavimento degradado incrementa el riesgo de siniestros y encarece el transporte de cargas, con consecuencias que se trasladan a precios, tiempos de entrega y condiciones de trabajo de transportistas y productores.

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Responsabilidad pública

Más allá de la denuncia técnica, Di Gregorio planteó la cuestión como un reclamo de justicia fiscal y de responsabilidad pública. “Esa plata se cobra todos los días, pero no vuelve en rutas seguras ni en obras que se vean”.

En ese sentido reclamó mayor transparencia en la asignación de partidas, la realización de auditorías que permitan verificar la ejecución de los proyectos y la priorización de tramos críticos mediante acuerdos entre Nación y provincias que garanticen continuidad y calidad en las obras. Para la senadora, la restitución de esos fondos en obras visibles no es una demanda sectorial sino una exigencia de la comunidad que sostiene la recaudación con su trabajo y su consumo.

Impacto social

El impacto social de la falta de mantenimiento es inmediato y cotidiano. Rutas en mal estado dificultan el acceso a servicios esenciales, aumentan los tiempos de traslado y elevan los costos de transporte, lo que repercute en el precio final de los productos y en la calidad de vida de las comunidades.

Esa realidad, advirtió la legisladora, "golpea con especial dureza a las economías regionales y a los pequeños productores que dependen de una logística eficiente para llegar a mercados internos y externos". Por eso, dijo," la discusión no puede limitarse a cifras macroeconómicas: debe traducirse en prioridades territoriales que atiendan tramos críticos y corredores productivos".

En el plano institucional, reclamó la implementación de mecanismos de control que permitan seguir el destino de los recursos, como el impuesto a los combustibles, y evitar que queden diluidos en partidas sin trazabilidad. Propuso que la planificación contemple no solo la pavimentación de nuevos tramos sino el mantenimiento permanente, las obras de seguridad y las intervenciones.

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