Los galgos usados para cazar presentaban lesiones recientes y de vieja data y estaban desnutridos.
Los cazadores ingresaron ilegalmente al campo Manquehue, ubicado en ruta 34S y Gral. López.
Los dueños del campo tenían una pistola 9 mm y una escopeta que dispararon para amedrentar a los intrusos.
En Roldán también irrumpieron con galgos en un campo y los perros igualmente fueron restituidos.
La comunidad de Funes estalló de bronca por la restitución ordenada por un fiscal de diez galgos usados para la caza que se encontraban en muy mal estado de salud. Los animales habían sido secuestrados por la Policía Ecológica luego de que este domingo se detuviera a cinco personas oriundas de Rosario que los estaban usando para cazar en un campo privado al que ingresaron ilegalmente.
Por su parte, el fiscal Matías Edery declaró este martes a La Capital que "jamás me informaron que los galgos hayan sufrido un mal estado de salud".
Mientras los perros estuvieron en custodia policial, la veterinaria municipal los revisó y constató que presentaban lesiones recientes y de vieja data, parasitosis, desnutrición y una de las perras se encontraba con pérdidas de sangre producto de un parto reciente que no fue atendido.
Salud Animal procedió a alimentar e hidratar a los canes que quedaron durante varias horas a la espera de la decisión del fiscal Matías Edery que, pese a todos los pronósticos y esfuerzos del área municipal y personal policial, le devolvió los perros a los detenidos.
La situación se viralizó rápidamente en redes sociales donde hubo un pedido desesperado de tránsito para los animales por parte de las protectoras que encontraron colaboradores y familias transitorias para los diez galgos, acción que no se pudo concretar por la decisión de la fiscalía.
La coordinadora municipal de Salud Animal, Aranza Puig declaró a los medios que “en otras oportunidades similares, nunca se procedió a devolver a los animales que fueron secuestrados, menos con una constatación veterinaria como la que se elevó en el informe”.
“Nos quedamos con un sabor amargo por todo el esfuerzo que se hizo para cambiar la realidad a esos animales que claramente estaban en una situación de maltrato”, agregó la funcionaria y sumó que “si bien algo se ha avanzado jurídicamente, todavía nos topamos con estas decisiones de la Fiscalía que no comprendemos. Se sigue subestimando la vida y los derechos de los animales consagrados en la ley 14.346 y en la jurisprudencia. Ni siquiera se los instó a los responsables a que reciban un control posterior y seguimiento con veterinarios o la Policía Ecológica”.
La profesional remarcó que la raza galgo es una muy perjudicada por el accionar humano, ya que por su destreza son protagonistas de jornadas de caza y carreras de perros, ambos actos considerados ilegales.
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Hace apenas pocos meses, como antecedente, el fiscal Omar De Pedro tomó una decisión similar con un procedimiento de galgos en la ciudad de Santo Tomé. Con el tiempo y luego de un gran trabajo realizado por las protectoras, el fiscal fue apartado del caso y aún se está investigando su accionar.
El comando fue quien se acercó tras recibir la denuncia de que personas ajenas estaban dentro del campo conocido como Manquehue, ubicado en ruta 34S y General López y que estaban acompañados por los perros. Cuando los policías llegaron, los cazadores dijeron que ya se estaban retirando porque desde dentro de la propiedad, escucharon una detonación de escopeta.
Los efectivos hablaron con la dueña del campo que efectivamente confirmó que tras haberles pedido que se fueran, como hicieron caso omiso, disparó con su escopeta al aire y luego llamó a la policía.
Tras la denuncia, el fiscal Edery, dispuso que se detenga a los cinco hombres, cuyas edades van desde los 21 a los 52 años, y a la dueña del campo que no quiso entregar el arma. Cuando los efectivos se acercaron a la casa donde estaba el esposo de la mujer, este no les permitió el ingreso.
Mientras el Comando esperaba indicaciones de la Fiscalía, arribó el hijo del matrimonio de 46 años que, junto a los policías, vio a su padre dirigirse rápidamente a un quincho aledaño a la casa principal, y ante la posibilidad de que quisiera hacerse daño, permitió que los uniformados entraran a la propiedad.
Al ingresar, vieron que el hombre tenía entre sus manos una caja de cartón conteniendo en su interior una pistola Bersa 9 mm, dos cargadores con ocho cartuchos, uno puesto en el arma y sin bala en la recámara, dos cajas con cartuchos 9x19 mm y 20 cartuchos calibre 28mm.
Finalmente la mujer también entregó la escopeta (marca Sayan calibre 28) y la Fiscalía ordenó que todos, dueños del campo, cazadores, y perros sean trasladados a la Comisaría 23 local. A los cazadores se les abrió una causa por violación de domicilio y a los dueños del campo por tenencia de arma de fuego.
El pasado 14 de julio, en Roldán ocurrió un hecho similar cuando el encargado del barrio privado La Ilusión, ubicado en Camino de los Vascos a mil metros de la Autopista Rosario-Córdoba, denunció que había personas extrañas dentro del campo cazando liebres con perros galgos.
Los tres mayores y tres menores oriundos de Roldán se movilizaban en un Renault Sendero con un carro donde trasladaban a los perros. El denunciante dijo que antes de retirarse, los hombres lo amenazaron por lo que decidió hacer la denuncia.
Efectivos de la Comisaria 6ª salieron en su búsqueda logrando dar con las personas “luego de un arduo patrullaje por los distintos caminos rurales”, según detallaron en el parte de prensa. Los cazadores, oriundos de Roldán, fueron trasladados a sede policial por orden del fiscal en turno y la Fiscalía de menores dispuso que los jóvenes sean entregados a adultos responsables.
El encargado del barrio también comunicó lo que estaba sucediendo a la secretaria de Seguridad Municipal, Marisabel Mendoza, que colaboró con el aporte de datos. Desde el área municipal remarcaron su preocupación por la presencia de menores en un predio donde hay una pista área habilitada, lo que representa un peligro para los mismos.
En cuanto a los galgos, fueron retirados por la Policía Ecológica y el fiscal dispuso que personal de esa repartición los revise y evaluara su situación. Tras el procedimiento, resolvieron devolver los canes debido a que no se encontraban en mal estado, solo le faltaban algunas vacunas pero tenían la libreta correspondiente. En tanto, les dieron un plazo para que le coloquen las vacunas restantes y se les informó que los irían a visitar para hacer un seguimiento.
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