En marzo de este año, Sebastián Eduardo Aguirre, de 33 años, ligado a la Banda de Los Gorditos firmó un acuerdo abreviado en el que aceptaba siete años de prisión por distintos delitos y se suicidó horas después en una celda de seguridad de la cárcel de Coronda, a 126 kilómetros al norte de Rosario. El 5 de abril, el detenido Rodrigo Rígoli, de 36 años y relacionado con Los Monos apareció muerto en el mismo penal. Y el sábado pasado se repitió la tragedia por tercera vez en este año: el detenido era Miguel Angel Padilla, de 31 años y también de Rosario, de barrio Ludueña. Su abogado, Leonel Botta, pide que se investigue el supuesto suicidio de su defendido, quien en quince días habría podido rubricar un juicio abreviado, que le habilitaba comenzar a gozar de salidas transitorias.
"Estuve con él el sábado hablando varias horas, me relató que la venía pasando mal en su celda de resguardo porque no tenía agua, ni luz, ni colchón y ni comida le pasaban. Me dijo que si no cambiaba esa situación se mataba. Pedí que me dejen ver el lugar, me lo negaron, pedí el traslado; me dijeron que no había gente para hacerlo el fin de semana, pedí que no lo dejen solo. Me fui. A la hora me llamaron para decirme que se había suicidado y hasta ahora el fiscal de Coronda (Horacio Cecchi) no me atendió el teléfono", le contó el profesional a La Capital, desde la oficina de gestión del Tribunal Federal de Rosario donde sigue buscando explicaciones y asentó la denuncia. "Quiero saber qué paso en esa hora y cuarto desde que me fui del penal", subrayó Botta.
El Instituto Correccional Modelo UI "Dr. César R.Tabares", conocido a secas como "cárcel de Coronda", suma este año tres casos en el trabajo relevado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en inspecciones realizadas en toda la provincia y que publicó La Capital hace pocos días bajo el título "Violencia institucional: el año pasado hubo casi 2.000 hechos en cárceles y comisarías".
En el relevamiento se destaca que en 2022 se registraron 26 muertes en en contexto de encierro o privación de la libertad (16 en unidades carcelarias), de las cuales 18 fueron por causas violentas como homicidio, suicidio o accidente.
Entre esas muerte se ubican cuatro casos de varones que sufrieron “ejecuciones sumarias o exceso manifiesto en el ejercicio de la fuerza” policial. Entre los fallecidos, dos eran mujeres. La persona más joven tenía 19 años y la mayor 63, aunque el 75% eran menores de 35 años. La mitad murió antes de cumplirse el año de su detención.
El caso Padilla
Padilla había estado detenido por portación de armas y tentativa de robos y había cumplido su condena. Pero reincidió, "siempre con delitos contra la propiedad, no contra la vida de las personas", dijo su abogado, y por eso llevaba ya un tiempo en Coronda.
El 8 de marzo pasado, el abogado pide a la Dirección General de Traslado que se saque a Padilla de su pabellón porque le había manifestado "inconvenientes serios dentro del penal con detenidos y personas del Servicio Penitenciario. "No me contestan el pedido y el 26 de abril su pareja me dice que estaba muy mal, que se estaba autoflagelando", relata el abogado.
Padilla finalmente es trasladado a una celda de resguardo, "de dos por dos, sin luz, agua, colchón y donde apenas le pasan comida", pero mientras tanto su abogado había logrado un acuerdo abreviado de su defendido con la fiscal María de los Angeles Granatto, por lo que en solo dos semanas, el 18 de mayo tenían cita judicial para que se les admitiera el procedimiento.
"La fiscal había decidido conmutar a 5 años y 8 meses de pena y como ya había cumplido 3 años de condena y llevaba un tiempo más en Coronda, le quedaba poco tiempo para comenzar a gozar, al menos, de permiso para salidas transitorias, pero no pudo ser", dijo el abogado
La última visita
Como los familiares de Padilla insistían en que el hombre estaba "muy mal" en la celda de resguardo, el abogado envió un mail a la Dirección General del Servicio Penitenciario. "Me responden que mi defendido tenía todo y que por la población carcelaria que hay no se lo podía trasladar a ninguna otra unidad penitenciaria y menos durante el fin de semana, entonces me apersono en Coronda al mediodía", aseguró Botta.
El profesional dijo que ingresó a las 13.30 y se retiró a las 16.45. "Hablé con él, me dijo llorando que si ese mismo día no cambiaba su situación se mataba".
El profesional habló con los guardiacárceles, pidió ver la celda, pero se lo negaron. "No había nadie de la cúpula oficial del Servicio que pudiera dar esa orden", solo un guardia externo (Milton Acosta), denunció el abogado, "sin poder de decisión".
Botta le pidió al guardia que haga un llamado porque su defendido había amenazado con matarse. "Y le pedí que no lo dejen solo o lo lleven a otro pabellón. Me volví. Apenas llego, a las 18.30 mando un mail al Servicio Penitenciario y a la Oficina de Gestión de Rosario que me devuelve un 'recibido' y desde donde a las 19 me llaman para avisarme que Padilla se había suicidado".
El abogado pide que se investigue el caso, tal como se procedió con el de Rígoli, también de dudosa muerte en Coronda, a principios del mes pasado. La víctima era un comerciante que como actividad legal regenteaba distintos comercios como una peña folclórica y una rotisería. Pero había sido condenado el 6 de noviembre de 2020 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Rosario a 9 años de prisión por estar considerado como abastecedor de estupefacientes de un clan familiar dedicado al narcomenudeo en zona sur y en Villa Gobernador Gálvez.
El hallazgo del cuerpo de Rígoli fue informado al fiscal en turno del departamento San Jerónimo, quien ordenó al personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) las medidas de rigor para las muertes en custodia, entre las que se encuentran la correspondiente autopsia bajo el protocolo de Minnesota.
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Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que una de las hipótesis que se trabaja es la de un suicidio, pero aclararon que no se descartan otras. Tras la finalización del informe de autopsia, su cuerpo fue entregado a sus familiares para ser velado en medio de una fuerte custodia policial.
Pero quien había abierto la cadena de supuestos suicidios este año fue Aguirre en marzo. El hombre de Los Gorditos (asociación ilícita comandada por quien fuera su cuñado, Brandon Bay, en Fuerte Apache, al sur de Rosario) supuestamente se suicidó horas después de firmar un acuerdo abreviado y mientras esperaba para ser reubicado.
