La entidad es una asociación civil sin fines de lucro constituida en 1966.
El Centro Integral Libre y Solidaridad Argentina (Cilsa) fue denunciado por una serie de graves irregularidades en el manejo institucional ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia. También se pidió la intervención de la comisión directiva de la entidad y la separación de todos sus miembros, especialmente la de su presidenta, Silvia Mauricia Carranza.
Cilsa es una asociación civil sin fines de lucro constituida en el año 1966, con el carácter de ONG, cuyo objetivo es promover la inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad.
La denuncia, presentada por un asociado de Cilsa, imputa a sus directivos de una administración en beneficio de la propia presidenta y de su círculo íntimo como también de familiares al “desviar los fines benéficos de la institución”.
El texto del escrito es preciso: “La presidente cobra cifras exorbitantes por vías informales y se ha autoasignado un sueldo en negro...” y sigue: “...se adiciona ciertos beneficios como traslados gratis con choferes tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, choferes particulares para la familia, gastos en ropa, peluquería, gastos de telefonía personal, etcétera costeados por Cilsa”, detalla la denuncia.
Y añade que también “otros miembros de la comisión directiva reciben una remuneración que se disimula mediante el supuesto otorgamiento de becas de la propia entidad que dirigen”.
La gravedad de la situación denunciada comprende “el uso promiscuo de bienes sociales”, al precisar que “en la misma tónica que la asociación paga gastos personales de la presidenta (ropa, peluquería, muebles de su casa), usa arbitrariamente un departamento de Cilsa en Santa Fe, no ya para hospedaje personal en función de su cargo sino para prestárselo a sus amigos”.
La presentación sostiene que “ha quedado claro que la presidenta y los demás miembros de la comisión directiva se encuentran incumpliendo sus deberes como administradores, los cuales deben ser aún más exigentemente valorados en instituciones como Cilsa, donde la administración versa sobre activos puestos al servicio del bien común”.
El 3 de diciembre de 2019 la Inspección decidió intervenir la Asociación Civil por haber llegado a la conclusión que hubo miembros de la comisión directiva que recibían beneficios no previstos estatutariamente bajo el formato de becas, al igual que familiares de la comisión.
También que las compras de sillas de ruedas aumentan año tras año y se vinculan con un proveedor cercano al ex marido de la actual presidenta, Luis Fabián Paz, y, como uno de los ejes de investigación, las irregularidades en el registro de libro de asociados que dan cuenta de un escaso número de participantes activos en relación a la cantidad de aportantes en la entidad, así como también inconsistencias en las altas y bajas de los miembros activos.
Se teme que la intención de la actual dirigencia de la entidad, junto con un estudio jurídico de Buenos Aires, quienes serían los verdaderos motores de la estrategia, pretendan extirpar la institución de Santa Fe y moverla hacia Buenos Aires.
En este contexto y también ante la Inspección de Personas Jurídicas, un grupo de socios de Cilsa presentó una solicitud para que se inicie el proceso de normalización de la institución “atento el accionar ilegal de la comisión directiva, que repercute de forma directa en graves irregularidades sobre la forma de llevar el libro de registro de asociados de dicha entidad”.
Más de 40 personas han solicitado ser dadas de alta como asociados activos dentro de la entidad en el mes de octubre de este año.
Fuentes cercanas a la institución han manifestado su negativa por temor a que los posibles aspirantes no acompañen con su voto la elección de las autoridades en las próximas asambleas, donde la actual comisión directiva intenta perpetrarse en el cargo.
Frente a esta situación, la Inspección ha tomado medidas concretas ordenando que se le ponga a disposición información y libros, más un proceso claro y transparente para tratar de superar algunas inconsistencias que se han detectado, siendo que dicho trámite aún se encuentra pendiente de finalización.
En el marco de denuncias interpuestas, pedidos de intervención, pretensión normalizadora por parte de asociados y la actuación de la IGPJ Santa Fe para controlar el cumplimiento normativo por parte de la entidad, la comisión directiva -que incorporó nuevos asociados bonaerenses y aún ni siquiera consideró la incorporación de muchos otros aspirantes- decidió convocar a asamblea para el 22 de diciembre, en la que buscan renovar sus cargos, entre otras cosas.
La asociación de empleados advirtió que el asesinato amerita una "revisión integral" de las condiciones laborales. Marketing Farm también se refirió al caso
Por Lucas Ameriso
Por Elbio Evangeliste
