La Fiscalía ordenó allanamientos en una escribanía y otros domicilios después de más de un año de reclamos de distintos ahorristas
Foto: Google Street View.
La Justicia santafesina ordenó este jueves una serie de allanamientos por estafas en el sur provincial. La denuncia penal expone la crisis de una mutual de Villa Constitución e implica a un exjuez federal entre los presuntos responsables del desvío de los dólares de sus asociados.
La Policía de Investigaciones (PDI) y otras agrupaciones de las fuerzas de seguridad provinciales comenzaron a trabajar a la mañana en distintos domicilios de la ciudad ubicada a 45 kilómetros al sur de Rosario. Uno de los operativos se llevó a cabo en una escribanía ubicada en Rivadavia al 1200, mientras que otros integrantes de la familia del titular también están en la mira por delitos económicos.
La denuncia se refiere a la administración de la Mutual Solidaria Puerto Piedras, que también tiene oficinas en el centro de la cabecera del departamento Constitución. A principios de año, la asociación había anunciado un proceso de saneamiento tras una auditoría sobre las deudas que tenía con distintos ahorristas desde fines de 2023. Meses más tarde, un grupo de acreedores decidió impulsar una acción penal ante la falta de respuestas y las dudas sobre el destino de la plata.
La denuncia presentada ante el MPA apunta contra el actual presidente de la entidad y los anteriores administradores. Entre los supuestos estafadores se incluye un exjuez federal de la provincia de Buenos Aires. La fiscal Analía Saravalli y su colega Ramiro Martínez también analizan la actividad de Futdial SA, una empresa que había captado los fondos depositados originalmente en la asociación y luego, ante el incumplimiento en los pagos y la negativa del pedido de retiros, también afrontó los reclamos.
Fuentes oficiales le confirmaron a La Capital que la Justicia autorizó nueve allanamientos simultáneos en Villa Constitución. En esta instancia no se libraron órdenes de detención, ya que la funcionaria solo pidió el secuestro de documentación para profundizar la pesquisa.
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La investigación penal comenzó hace tres meses, pero los problemas económicos derivados de las irregularidades en la mutual villense llevan más de un año en la agenda local. Desde principios de 2024, la cantidad de ahorristas que tuvieron inconvenientes creció y la mutual trató de reestructurarse para seguir funcionando. No obstante, buena parte de ellos aún no recuperaron sus dólares.
Dado que el perjuicio económico a los asociados continuaba en aumento, los representantes de Puerto Piedras decidieron crear un fideicomiso con el fin de sanear las cuentas. "Con orgullo podemos decir que más del 50% de los socios ya han recibido al menos un tercio de sus ahorros", le aseguró el presidente de la entidad, Denis Puerrari, al diario El Sur en abril. El anuncio fue el corolario de un proceso de reordenamiento administrativo y operativo. Por entonces, uno de los apoderados, Germán M., ya se había convertido en el blanco principal de las demandas del capital.
Uno de los tres denunciantes es un contador que depositó más de 1.600.000 dólares a lo largo de una década y media. El estudio que encabeza el abogado rosarino Gustavo Feldman solicitó su participación en la causa como querellante para representarlo, aunque hay muchas otras personas que están en la misma situación con acreencias menores. Además del delito de estafas, la presentación apunta hacia seis personas como integrantes de una asociación ilícita detrás de Puerto Piedras en el sur santafesino.
Al igual que en otros casos vinculados a la misma entidad, el ahorrista optó por depositar el dinero con base en la confianza que tenía en los administradores de la mutual villense. Si bien reconoció que las inversiones propuestas tenían un rédito mayor que en los bancos, la imagen de solvencia estaba anclada al vínculo personal con sus titulares y el recuerdo del daño que sufrió por el corralito de 2001.
Antes de la debacle, parte de las personas que manejaban Puerto Piedras se habían involucrado en distintos proyectos inmobiliarios. La apuesta al negocio de la construcción de edificios no solo se limitaba al ámbito local, ya que había desarrollos en Rosario, Arroyo Seco y San Nicolás. De hecho, una de las propuestas de pago alternativas ante el reclamo de este ahorrista fue la entrega de departamentos, pero esto finalmente nunca se concretó.
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A mediados de 2024, la entidad empezó a derivar los reclamos hacia Futdial SA como nueva administradora de los depósitos que no podía devolver. En ese momento entró en escena un exjuez federal como referente de un grupo inversor de Buenos Aires que quería hacerse cargo de la deuda. El plan consistía en crear sendos fideicomisos para que los ahorristas pudieran recuperar sus dólares gradualmente, empezando por los de menor capital.
La lista de acreedores de Piedras Solidarias y la segunda sociedad es diversa. Otro damnificado incluido en la denuncia es un colono de la zona. Fuera de la órbita penal se suman profesionales y comerciantes que habían hecho depósitos a plazo fijo en dólares. En algunos casos retiraban los intereses y renovaban la operación o cambiaban parte del dinero para llevarse pesos, pero el circuito empezó a fallar el año pasado y la gran mayoría sigue esperando hasta la fecha que les devuelvan la plata.
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