Estafas en la construcción de viviendas llave en mano: imputaron a dos empresarios de Rosario

Los titulares de una desarrolladora inmobiliaria de Rosario fueron imputados este lunes por estafas ligadas a la construcción de viviendas. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) denunció una asociación ilícita detrás de las empresas con las que ofrecían inversiones a través del sistema llave en mano, entre otras modalidades.

El fiscal Miguel Moreno y la defensa acordaron el pago de una caución para que Nicolás V. y Claudio T. permanezcan en libertad luego de la primera audiencia de la causa penal. Los empresarios tienen prohibido salir de la provincia durante un año y deben presentarse una vez por semana ante la Justicia.

Los investigadores afirman que los desarrolladores no sólo operaban a nivel local. También defraudaron a clientes de Villa Gobernador Gálvez, Roldán y Alvear. En algunos casos, las obras ni siquiera comenzaron a pesar de contar con los permisos de las autoridades locales. Otros proyectos quedaron inconclusos después del pago inicial y las primeras tareas en los inmuebles apuntados.

¿Cómo eran las estafas en la construcción de viviendas?

De acuerdo a la teoría del MPA, la asociación ilícita funcionó entre 2022 y 2024 a partir de la creación de tres marcas distintas. Cada una figuraba en redes sociales para dar una imagen de trabajo mancomunado y una falsa sensación de confiabilidad. En todas las cuentas aparecían imágenes de las mismas obras y el domicilio de sus oficinas era idéntico.

Los organizadores ofrecían la construcción o refacción de casas con el pago del 70% del proyecto en el momento de la firma del contrato. El 30 por ciento restante se abonaba mediante cuotas fijas en pesos, a medida que avanzaba la obra. El plan se dividía en cuatro etapas con un plazo de ejecución máximo de 180 días.

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Si bien la actividad que realizaban era legal, el fiscal denunció que los empresarios aspiraban a conseguir una ganancia superior a la posible mediante el fraude a sus clientes. A veces, esto implicaba cortar la comunicación con las víctimas después del cobro, aunque no hubieran prestado ningún servicio. En otras oportunidades, coordinaban el inicio del trabajo y la construcción quedaba paralizada después del pago de las primeras etapas.

Una de las estafas denunciadas en Villa Gobernador Gálvez se dio de esa manera. La firma fijó un presupuesto de 5.500.000 pesos y prometió congelar el precio a cambio de un desembolso del 70 por ciento del total. El contrato se firmó el 10 de noviembre de 2022 para edificar una vivienda de 40 metros cuadrados en la planta alta de un inmueble inscripto en el programa Procrear. Los propietarios cumplieron con su parte, abonaron una parte el día de la rúbrica y otra el 13 de marzo siguiente. Lo único que añadieron fueron unas columnas, ya que el resto de los materiales fue desviado a otros proyectos.

Una red ilegal con roles diferenciados

En general, la mayoría de las víctimas se contactaba con una asesora comercial por Whatsapp para hacer la primera consulta. Si el interés se mantenía, Nicolás V. las recibía en una reunión presencial para repasar la oferta en detalle. El director general mostraba la forma de trabajo y pago, así como los métodos de financiamiento. La constructora se encargaba de la gestión ante los municipios, así como la presentación de los planos y la dirección, la compra de los materiales y reclutar la mano de obra.

En segundo término, los clientes eran derivados al área de desarrollo. Entonces, Claudio T. se ocupaba de redactar los contratos. Moreno asegura que esta estructura empresarial sólo era una fachada para inducir al error a quienes invirtieron en estos proyectos.

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Una vez que conseguían la firma y cobraban, los desarrolladores comenzaban a acopiar materiales en corralones. Sin embargo, los elementos que compraban eran utilizados en otros inmuebles. El plan consistía en terminar el proyecto más viejo con la mercadería que habían pagado otros inversores captados después. El dinero que recibían seguía la misma ruta para interactuar con los proveedores.

El primer caso denunciado por la Fiscalía se refiere a la defraudación de dos personas que quisieron construir un quincho a cambio de 3.297.000 pesos a principios de 2023. Las víctimas comenzaron a pagar el 12 de enero de ese año y habían acordado el inicio de la obra 20 días después de obtener el permiso correspondiente, pero los desarrolladores no empezaron y sólo respondieron con evasivas ante los reclamos.

Estafas denunciadas en Roldán y Alvear

Por otro lado, Nicolás V. fue imputado por estafa a partir del plan de construcción de una casa de 60 metros cuadrados con el sistema llave en mano y un diseño de calidad estándar en el barrio Tierra de Sueños 3 de Roldán. El cliente pagó en dólares y firmó el contrato el 1º de noviembre de 2023. Sin embargo, jamás recibió el servicio abonado.

La historia se repitió un mes después en otro lote de Alvear. En este caso, la víctima selló formalmente el acuerdo el 22 de diciembre y abonó una parte del dinero que le pidieron. El objetivo era levantar una vivienda de 42 m2 con el mismo método. El comprador hizo un segunda entrega en dólares el 16 de mayo de 2024. También se hizo cargo del pago por acopio de materiales en un corralón. Después no pudo volver a contactarse con los empresarios.

El último caso expuesto por el fiscal comenzó con una serie de reuniones para persuadir a dos personas. Ambas aceptaron la propuesta del desarrollo y abonaron el 70% del total el 9 de noviembre de 2022, cuando firmaron el contrato. El acuerdo consistía en cancelar el resto de la deuda mediante cuotas fijas en pesos para completar el proyecto dividido en cuatro etapas. A diferencia de las otras denuncias, los desarrolladores decidieron ofrecer una mejora del diseño inicial. La obra comenzó el 6 de marzo de 2023 con la construcción de un puente alcantarilla y cimientos. Las paredes de ladrillo llegaron a tener una altura de 1,20 metros. El 3 de mayo siguiente, los empresarios terminaron de cobrar por la primera parte del trabajo y la ejecución no avanzó más.