Integrantes de organizaciones ambientalistas denunciaron la realización de una fiesta electrónica en el humedal frente a las costas de Rosario, el cual está declarado como área natural protegida. Distintas normativas legales disponen que los eventos realizables en la reserva deben ser diurnos, con limitaciones en tanto a los ruidos molestos y el respeto al espacio de realización, mientras que una medida judicial prohíbe la celebración de eventos de estas características en la zona protegida. Pero los controles no parecen ser suficientes.
Un comunicado elevado por diferentes militantes ambientalistas pertenecientes a varias organizaciones apuntó que las autoridades municipales de Victoria confirmaron que la fiesta no está habilitada. No obstante, estos eventos son convocados y organizados por productoras de eventos que convocan a centenares de personas.
La promoción de las fiestas es por medio de las redes sociales donde los organizadores comparten un enlace web donde los interesados ingresan y pueden acceder a la compra de los tickets de ingreso, que rondan su costo entre los $7 mil y $11 mil, con la única diferencia en el horario de ingreso a la fiesta. En paralelo, los promotores ofrecen un servicio de colectivo con el pago extra de $ 6mil para el traslado al evento, que tendrá lugar en el complejo de deportes acuáticos Wakeland, en el kilómetro 4 de la Ruta 174, a poco de bajar del puente Rosario-Victoria.
“Si bien no cuentan con ningún tipo de habilitación, esto confirmado por la propia Municipalidad de Victoria, las fiestas masivas en islas se suceden”, comienza el texto de los ambientalistas. La fiesta señalada es sólo una de muchas que han ocurrido en las últimas semanas en los humedales frente a las costas de Rosario. Bajo el nombre “Exiled - Private Party”, el evento tiene horario para las 2 de la madrugada del domingo 4 de febrero, mientras que el último artista está anunciado para las 9.30 del mismo día. El comunicado sostiene que “ya se dio aviso a las autoridades al respecto”.
“Los humedales se convierten así en estacionamientos a cielo abierto, y los múltiples controles con que debería un evento que convoca a miles de personas en medio de una reserva natural se evaporan”, fustiga el mensaje de los militantes por la conservación y protección ambiental.
Reserva de Usos Múltiples
Los territorios de los humedales frente a las islas de Entre Ríos fueron declarados como Reserva de Usos Múltiples (RUM) por medio de la ordenanza municipal 2.185/03 del Concejo Deliberante de la ciudad de Victoria el 21 de agosto de 2003. Mucho después, la legislatura provincial la declaró área natural protegida por medio de la ley Nº 10.671 el 20 de marzo de 2019.
El plan de manejo de la RUM establece que los eventos masivos son plausibles de ser realizados en dicha zona contando con una autorización previa “sin exceder los aforos establecidos normativamente en los lugares habilitados por la jurisdicción pertinente, cuyos niveles sonoros no podrán exceder los 60 decibeles medidos a 100 metros del punto que lo origina” y cuyo desarrollo tenga lugar “exclusivamente en horario diurno” y que las características del evento deben ser “compatibles con el entorno del área protegida y con la idiosincrasia de sus habitantes”.
Además, la norma establece que “la capacidad máxima que podrá otorgarse será a razón de 3 personas por metro cuadrado para los espectáculos públicos y de 2 personas por metro cuadrado para las diversiones públicas, siendo tomada de base para dicho coeficiente la superficie libre de piso”.
“Dentro de los lineamientos se habla también de garantizar servicios sanitarios y de seguridad. Siendo que no hay control alguno, desconocemos la situación respecto a estos puntos”, apuntaron los denunciantes, quienes se comunicaron con las autoridades provinciales y municipales.
El texto del comunicado sugiere que la música de estos eventos puede escucharse a más de 4 kilómetros a la redonda, alterando de esa forma el normal descanso tanto de vecinos como de visitantes y perjudicando “emprendimientos que sí respetan los lineamientos de cuidado establecidos”.
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Cabe recordar que el juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Alonso, firmó una medida cautelar el primero de julio de 2020 donde dispone “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aun de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema”.
La problemática de las fiestas en las islas es un hecho constante que atravesó todo el año 2023 y que no ha logrado ser contenido por las autoridades entrerrianas, que son las que tienen jurisdicción en el lugar. En febrero del año pasado, La Capital se comunicó con referentes municipales, quienes apuntaron que sólo contaban con 12 personas para desarrollar las tareas de prevención en un territorio de 376.000 hectáreas.
