Uno de los ingenieros que participó de la primera pericia realizada sobre las instalaciones de gas del edificio de Salta 2141 confirmó ayer que la válvula que daba servicio al edificio estaba abierta ese fatal 6 de agosto de 2013, cuando una explosión terminó con la vida de 22 personas. El testimonio del especialista complicó la situación del gasista Carlos García, uno de los once acusados por el siniestro. El profesional destacó que la principal causa de la tragedia fue "la falta de cumplimiento de la normativa" referida a las ejecución de obras de gas, y señaló que si la puerta del edificio hubiera estado cerrada "se habría evitado la explosión".
José Luis Otegui es investigador superior del Conicet y en 2013 participaba de la empresa GIE Ingeniería, que realizó la primera pericia sobre las instalaciones de gas del edificio después del siniestro. Expuso sobre el contenido de los análisis realizados sobre parte de la cañería, el regulador, la válvula de corte y algunos medidores del edificio.
GIE intervino en la causa a pedido del Juzgado de Instrucción Nº 9, y en su momento su participación fue objetada por su relación comercial con Techint, accionista de Litoral Gas. Un equipo de cuatro especialistas, además de peritos por la fiscalía, por Litoral Gas, por los damnificados, por el Enargás y por la defensa del gasista Carlos García se encargaron de responder sobre unos 30 puntos requeridos para dar cuenta de qué produjo la fuga de gas y posterior explosión.
El informe final se dividió en tres partes: el análisis del material secuestrado después del siniestro, la evaluación de aspectos normativos relacionados con los momentos previos al accidente y las causas subyacentes que contribuyeron a que tras la fuga de gas se desatara la explosión del edificio.
El estado de la válvula que cierra el paso de gas de media presión al edificio fue uno de los puntos más discutidos ayer. Como ya indicaron otros testigos, Otegui sostuvo que la llave estaba "en posición totalmente abierta" y en "buenas condiciones de operación. La sometimos a sucesivos procesos de apertura y cierre y verificamos que funcionaba sin fugas y que el cierre de la válvula era perfecto", sostuvo.
Sin embargo, afirmó que la válvula no tenía la palanca provista de fábrica y que se intentó moverla con varias herramientas, incluso con una palanca de 80 centímetros, sin que fuera posible.
Advirtió además que tampoco había daños en las uniones dobles y sostuvo que no podrían haberse desarmado en forma accidental, tal como sostuvo el gasista García. Y apuntó que, al desarmar el regulador, encontraron tornillos y arandelas de fibra que no son los originales, sugiriendo que la pieza ya había sido reparada con anterioridad al siniestro.
La falla humana
La pericia arrojo que tanto las cañerías como el regulador y el gabinete cumplían las normas vigentes al momento de la construcción. Y concluyó que el origen del siniestro fue no haber respetado las normas de manejo seguro de las instalaciones gas. "En las operaciones que involucran media presión, la distribuidora tiene que estar informada. Tiene que haber permisos de trabajo por escrito, formularios en los cuales el gasista, el inspector y el propietario acuerdan" los arreglos a realizar. Y, luego, "la distribuidora es la que tiene que cortar la llave de bloqueo"
"No se cumplió la normativa. Si se hubiera cumplido, no se habría producido el accidente", apuntó.
Y analizó los factores que impidieron controlar la fuga. Entre ellos, el hecho de que la puerta de ingreso al edificio hubiera estado abierta, lo que provocó que el gas escurriera hacia el interior, en lugar de salir a la calle. "La explosión involucra un ambiente cerrado confinado. Que la fuga haya terminado en una explosión tiene que ver con cómo fue la respuesta ante el incidente. Si la puerta hubiera estado cerrada, se habría evitado la explosión", concluyó.
