El anuncio de la llegada del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública a Rosario desató la polémica. Un edil plantea prohibirlos
Cuidacoches. “Para nosotros es institucionalizar una asociación ilícita” advirtió el concejal Federico Lifschitz
El anuncio del desembarco del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública en Rosario desató una polémica con funcionarios, concejales y diputados locales, algunos de los cuales se oponen a la actividad de los cuidacoches. Un debate que llegó al Concejo Municipal con una propuesta contundente: un proyecto para prohibir directamente la actividad en la ciudad.
El sindicato, que representa a cuidacoches, limpiavidrios, artistas callejeros y lustrabotas, anticipó que realizará a fin de mes su asamblea constitutiva en Rosario. El secretario general de la Municipalidad de Rosario, Miguel Ángel Tessandori, había alertado a principios de la semana pasada la posibilidad de que este gremio oriundo de La Plata desembarcara en la ciudad, y en ese marco anticipó que realizaría gestiones para impedir su llegada, por considerar que implicaría regular una actividad ilegal. “No podemos permitir que la delincuencia se instale en Rosario”, advirtió el exconcejal y actual secretario municipal. “Los argentinos estamos acostumbrados a desoír las leyes y no cumplir las ordenanzas. Porque en Rosario hemos tenido denuncias, hemos registrado presiones en distintos lugares por parte de los cuidacoches. Acá se confunde trabajo con delincuencia”, sostuvo el cronista deportivo.
El Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP) fue presentado el otro fin de semana en la Ciudad de las Diagonales. Según indicaron en un comunicado, la agrupación funciona con un permiso provisorio de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y, además de los cuidacoches, nuclea a artistas callejeros y lustrabotas. La secretaría general está a cargo de Fabián Gianotta, un ex barrabrava de Estudiantes que cumplió una condena por asesinato. Sin embargo, en la capital bonaerense existe la ordenanza 9.127, que prohíbe pedir dinero a cambio de cualquier servicio a los automovilistas en la vía pública.
“Los trabajadores de la cultura que están en los semáforos, limpiavidrios, cuidacoches, manteros, vendedores ambulantes, lustrabotas... son muchos los trabajadores que desarrollan su actividad en la vía pública y no tenían representación sindical”, sostuvo Gianotta al portal Infoplatense sobre la necesidad de crear este sindicato.
En el marco de la discusión que generan las versiones del desembarco de esa organización gremial a la ciudad de Rosario, el concejal Federico Lifschitz presentó un proyecto de ordenanza que “tiene como finalidad erradicar la práctica informal del cuidado del vehículos en la calles dentro del ejido de la ciudad de Rosario”.
“Hay un tema en agenda que nos preocupa, que es el desembarco de un gremio que para nosotros es institucionalizar una asociación ilícita, porque tenemos datos de que son organizaciones que tienen vínculo con el delito y que desarrollan la actividad de manera violenta y extorsiva”, afirmó ayer Lifschitz.
La propuesta busca que sea una aplicación “paulatina”. Pero plantea claramente que “la práctica del cuidacoche y/o trapito no se podrá llevar a cabo en las zonas donde funcione el estacionamiento medido; en espacios, días y horarios en los que se lleven a cabo eventos culturales y deportivos y/o cualquier evento masivo que tenga lugar en la ciudad de Rosario”. También habla de prohibir la actividad en inmediaciones de dependencias públicas y privadas “que por su naturaleza y aglutinación de personas el Departamento Ejecutivo Municipal o la autoridad de aplicación”. Así, pone como ejemplo hospitales, dispensarios, sanatorios, tribunales, reparticiones administrativas nacionales, tanto provinciales como municipales. En este sentido, el proyecto sostiene que “el Departamento Ejecutivo Municipal estará facultado para avanzar en otros sectores de la ciudad a los fines de erradicar la práctica informal del cuidacoche”. Además, encomienda a la Municipalidad “avanzar en la planificación de un protocolo de actuación con las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe a los efectos de poder mantener la seguridad de los espacios públicos, y evitar conductas extorsivas o violentas que pongan en peligro la integridad de los ciudadanos de la ciudad de Rosario”.
Lifschitz planteó la necesidad de que el Estado municipal “se ponga al frente de esto y si necesita herramientas desde el Concejo se las vamos a dar. Hay un fuerte compromiso de las fuerzas de seguridad de la.provincia se Santa Fe; del ministro y del gobernador con el Ejecutivo Municipal y con las áreas de Control municipal de acompañar en las tareas que tengan que desempeñar para garantizar la seguridad y el orden en el espacio público”, enfatizó.
El proyecto que presentó ayer Lifschitz incluye que será responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal “relevar e identificar a las personas que se encuentren al momento de la sanción de la presente Ordenanza ejerciendo la práctica que se busca erradicar a fin de poder contar con información sensible respecto a antecedentes delictivos, participación en hechos violentos, intimidatorios, extorsivos como aquellas personas que realizan esta práctica informal de buena fe, que no cuentan con antecedentes delictivos y que no se encuentran inmiscuidos en hechos violentos y/o extorsivos con el fin de coordinar acciones orientadas a promover la inclusión laboral y la mejora de la empleabilidad”.
“Que todos los beneficios y planes sociales con los que cuenta el Estado lleguen con mayor disponibilidad a los que realizan la tarea con buena fe, y porque es su único medio de vida”, enfatizó el concejal.
Además, encomienda a la gestión local “desarrollar un apartado en la aplicación Movi, en la web municipal (www.rosario.gob.ar) y el chat muni-bot, para que las mismas contemplen los canales de reclamos y denuncias de los ciudadanos”; y “realizar una campaña de difusión y sensibilización de la presente ordenanza en un plazo de dos meses antes de su implementación, informando a la ciudadanía sobre el alcance de la aplicación de la misma”.
Por último, solicita que “transcurrido un plazo de seis meses desde su vigencia, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá elevar un informe a nuestro Cuerpo Legislativo con los avances y resultados de la aplicación de la presente ordenanza para evaluar el impacto y la efectividad de la política pública”.