Un hombre que se desempeñaba como jefe de mantenimiento y logística de Control Urbano de la Municipalidad quedó en prisión preventiva efectiva luego de haber sido imputado de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la relación de poder, a una mujer que realizaba tareas de limpieza en esa repartición. El gravísimo caso fue denunciado el domingo y despertó el enérgico repudio de empleados de la dependencia y de otras áreas municipales, quienes denunciaron la repetición de situaciones de abuso de poder. La víctima dijo que ya había experimentado hostigamientos previos, a tal punto que debió recurrir a compañeras para no quedarse sola con el agresor.
El caso de la empleada de una cooperativa de trabajo que presta servicios de limpieza para la Municipalidad y denunció haber sido ultrajada sexualmente el viernes pasado al mediodía dentro de una oficina de Control Urbano (Riccheri al 1500), desembocó en un demorada audiencia imputativa contra Hugo Marcelo R., de 49 años (ver aparte).
Poderoso
Hasta ser detenido el lunes se desempeñaba como personal político de Control Urbano. “Era el jefe de logística y mantenimiento, pero si tenía que cambiar una bombita de luz o un tomacorrientes lo hacía. Estaba en contacto permanente con el personal de limpieza”, describió un empleado del área.
En base a las declaraciones de la víctima, una mujer de 41 años, y otras medidas que ordenó el fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Ramiro González Raggio, el sospechoso fue detenido el lunes en un domicilio de Nicaragua al 1100, en la zona oeste, donde además se le secuestró su teléfono celular.
Mientras en la puerta del Centro de Justicia Penal (CJP) un nutrido grupo de empleados municipales y compañeros de la víctima exigía justicia con pancartas y carteles, el acusado fue trasladado hasta la sala 1 de audiencias donde el fiscal le atribuyó el hecho.
Por pedido expreso de la víctima, a la audiencia no pudieron ingresar público ni medios de comunicación. La jueza Valeria Pedrana hizo lugar y el trámite se desarrolló con la víctima sentada en la primera fila de la sala, y a su lado el abogado penalista Aníbal Porri. En los extremos, el fiscal y el acusado, en el banquillo, junto a Hernán Soto, abogado del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).
Al finalizar el trámite, González Raggio informó a La Capital el resultado de la imputación. “Se logró hacer la atribución fáctica y que la jueza admitiera la calificación de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser en una circunstancia de abuso de la función pública”.
Pericias a un celular y ADN
Precisó además que entre las medidas cautelares que solicitó, se aprobó la pericia del celular secuestrado para determinar si hay elementos que permitan fortalecer la acusación. “Vamos a solicitar la pericia para evaluar si hubo conversaciones con otra persona o con la víctima que nos puedan servir para la teoría del caso”.
Por otra parte, también solicitó autorización para la extracción de sangre del imputado. “Se justifica porque en los últimos días enviamos al gabinete criminalístico (fotografía, planimetría, rastros y laboratorio) a la escena del hecho, donde también estuvo la víctima. Esto es a los efectos de recabar material biológico”.
Los estudios servirán para el cotejo comparativo de ADN. “Si dan resultado positivo de plasma seminal, estamos autorizados a la extracción de sangre, a la que el acusado se prestó voluntariamente. También se va a analizar un pañuelo que la víctima tenía en el bolsillo de su delantal de trabajo”, adelantó el titular de la pesquisa.
La jueza Pedrana admitió la imputación, rechazó un pedido de libertad de la defensa y dispuso la inmediata prisión preventiva de Hugo Marcelo R. por el plazo de ley (dos años prorrogables a uno más). “Nos quedan pocas medidas, pero podríamos decir que estamos en condiciones de solicitar el requerimiento acusatorio”, agregó González Raggio.
La interna política como estrategia
También detalló que durante la audiencia el imputado declaró, pero desconoció y negó el hecho. “No dio más precisiones, aunque expuso que (la denuncia) podría estar relacionada a una interna laboral por su forma de trabajar”. Sin embargo, el fiscal indicó que ese argumento fue un "artilugio, una manera de desprenderse de los hechos. De un análisis razonable, no tiene sustento”.
Según explicó, además se sumaron “testigos de contexto” que podrían dar cuenta del abuso. “Este hombre llevó a la mujer a una sala detrás de otras habitaciones, un lugar recóndito, escondido. Ya tenemos cámaras de ingresos, pasillos, patio interno, con lo cual podemos demostrar la presencia de la víctima e imputado en el lugar. Igualmente él ya se reconoció allí al momento de declarar”.
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En su relato y del testimonio de otros testigos, surgió que la víctima ya había sido hostigada por el mismo hombre. “Hizo un relato en detalle de esa situación. Explicó que solamente estaba cerca de él cuando había otra mujer, con lo cual lograba inhibirlo de continuar con el hostigamiento, que pasara a mayores, como lamentablemente ocurrió”.
Asimetría de poder y el miedo a perder el trabajo
González Raggio abordó un aspecto ligado a ataques sexuales en ámbitos laborales. “Se advirtió con meridiana claridad la asimetría de poder entre víctima y victimario. Estamos hablando de una persona con cargo político, y por el otro una empleada de limpieza de una cooperativa. Se trata de una relación extremadamente asimétrica”.
Subrayó especialmente que “no hay interés político en destituir a esta persona, hay que rechazarlo de plano. Estamos investigando un hecho de abuso sexual en un ámbito laboral. Esa aclaración también la hizo la jueza. Esto puede pasar en la Municipalidad, en una empresa, y en cualquier ámbito de trabajo donde hay personas que gozan de mayor poder y autoridad, y otras con grados importantes de vulnerabilidad, que temen no que el hecho suceda, sino directamente denunciarlo, que es peor aún. Exponerse a esta situación era la razón de ser del miedo de la víctima: perder finalmente este trabajo”.
Repudio y reclamo de justicia
Un grupo de compañeros de la mujer abusada y empleados de la Dirección de Proximidad de la Secretaría de Control y Convivencia estuvo en la puerta del Centro de Justicia Penal (CJP) para acompañarla, repudiar el abuso y exigir justicia.
“La víctima trabaja en la repartición, es parte de una cooperativa que hace limpieza en el lugar. Sabemos que este hombre se garantizó la oficina vacía, la encerró, le tapó la boca e hizo lo que hizo. Esto ocurrió el viernes de la semana pasada a las 12 del mediodía”, recordó Fernanda, empleada de Control y Convivencia.
Al grito de “justicia”, los compañeros de la mujer describieron que el hombre acusado se desempeñaba desde hace unos dos años como “supervisor de provisión de insumos”.
“Se han dado otras situaciones de abuso en la Municipalidad, trabajo hace 26 años, pero nunca de esta gravedad, jamás pasó un acto de violación dentro de una dependencia municipal”, dijo Fernanda consternada.
Otra empleada del Estado local pidió que se visibilice el caso, “y que se sepa de una vez que distintas áreas de la Municipalidad están llenas de dinosaurios, que son jefes, y en base a ejercer el abuso de poder avanzan en recurrentes actos de hostigamiento y tocamiento a mujeres”.
Una demora innecesaria
La audiencia estaba prevista a las 11, pero se inició a las 13 por un error de agenda y coordinación de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Así, la mujer que hizo la denuncia contra el empleado de Control debió esperar más de dos horas sentada de frente al estrado de la sala 1, donde el imputado tuvo el beneficio de ingresar minutos antes de la audiencia. La innecesaria exposición de la mujer, generó una visible molestia del fiscal Ramiro González Raggio, quien pidió dejar asentada la inusitada demora ante el Colegio de Jueces de Primera Instancia.
