El incendio del viejo Hotel Amenábar, en Barrio Hospitales, volvió a poner ayer en primer plano un problema estructural: las dificultades que se presentan a muchos rosarinos para acceder a una vivienda. Las 50 habitaciones del alojamiento fueron recicladas en monoambientes por los cuales personas solas y familias pagan entre 6 y 7 mil pesos por mes, sin contar las expensas. Cuando las llamas se desataron, apenas había tres matafuegos en todo el complejo que poco pudieron hacer para sofocar el fuego que consumió completamente uno de los departamentos. Según advierten desde la Concejalía Popular, la pandemia fragilizó las condiciones de acceso a la vivienda y, ante la posibilidad de pagar un alquiler, creció la ocupación de inquilinatos y pensiones.
De acuerdo a los registros del municipio, el edificio de Amenábar 1354 tenía una habilitación como hotel que estuvo vigente hasta 1995, pero hace once años el permiso fue dado de baja. Aún así, el inmueble había sido inspeccionado en varias oportunidades. La última fue en 2014, pero a los inspectores no los dejaron ingresar. Según quedó asentado en el parte, la construcción se había reconvertido en “un complejo de monoambientes”.
Según recuerdan los vecinos, el Amenábar funcionó durante mucho tiempo como albergue transitorio. Pero el negocio no logró sobrevivir a los cambios y costumbres que tuvieron las relaciones de parejas a partir de los 90, ni a las sucesivas crisis económicas, y cerró sus puertas en el 2005.
Tiempo después, sus 50 habitaciones repartidas en la planta baja, un entrepiso y un primer piso comenzaron a alquilarse como viviendas monoambiente y a poblarse de personas mayores, jóvenes y parejas con niños pequeños.
En ese lugar, a las 9.30 de ayer se desató un incendio. Las llamas comenzaron en una de las unidades cuando su habitante no estaba en la casa. La pestilencia de un humo negro y compacto advirtió a los vecinos que intentaron sofocar las llamas, pero poco pudieron hacer con los tres extintores que encontraron en el lugar.
En el siniestro intervino una dotación de bomberos Zapadores de la Unidad Regional II que alcanzó a sofocar las intensas llamas, pero las pérdidas en el departamento fueron totales. Otra de las unidades también se vio afectada por las llamas.
Del departamento a la pensión
A fines de 2019, un informe realizado por la Secretaría de Vivienda de la Nación advertía que entre el 20 y el 25 por ciento de la población de Rosario vive en asentamientos irregulares y alrededor del 20 por ciento de la población alquila. Según el relevamiento realizado hace dos meses por la Concejalía Popular, la pandemia agudizó la situación de las personas con problemas de vivienda.
“Frente a las dificultades para afrontar un alquiler, mucha gente encontró en inquilinatos o pensiones una alternativa”, explicó Nire Roldán, el presidente de la organización que promueve la participación ciudadana y el desarrollo de políticas públicas para resolver problemas de la ciudad.
Muchas veces las pensiones son una solución rápida, ya que las exigencias de contratación son más bajas y, sobre todo, no existen los gastos habituales de un alquiler como depósitos, comisiones y garantías.
Según relataron los vecinos del viejo Hotel Amenábar, cada inquilino trata con diferentes dueños, pero todo el complejo tiene un solo administrador: la firma Foppiano Herera. Lo que parece no tener diferencias son los 6 mil pesos que pagan mensualmente por el alquiler los monoambientes más pequeños; ni el costo de las expensas que oscila entre mil y dos mil pesos.
“Hace tiempo que reclamamos por el lugar”, se quejaba uno de los vecinos que, balde en mano, le dio pelea a las llamas. “Todo acá está muy flojo”, confió otro. “Vivir acá no es fácil”, sumó un tercero. Todos pidiendo que se mantengan en reserva sus nombres.
Después relataron los múltiples reclamos que venían haciendo para que se fumiguen los monoambientes, llenos de cucarachas, se mejore la limpieza de los espacios comunes o se establezcan normas de convivencia para evitar conflictos entre vecinos.
En la ciudad hay 200 alojamientos habilitados
Durante la pandemia, desde la Concejalía Popular realizaron un relevamiento en varias pensiones del centro. “Encontramos situaciones de irregularidad importantes y viviendas que no están en condiciones de ser habitadas”, comentó el referente de la entidad, Nire Roldán.
De acuerdo a datos oficiales, en la ciudad hay cerca de 200 pensiones habilitadas. Sin embargo, Roldán estimó que son más del doble las que están en funcionamiento. “En algunas las condiciones son muy precarias, pero los inquilinos no quieren hacer la denuncia porque si el municipio clausura el lugar, se quedan en la calle”, apuntó y consideró que “el Estado debe fomentar que estos inmuebles regularicen su situación, con ayuda concreta para la recuperación de los edificios, para que puedan ser alojamiento digno”.
