Policías piden que se rompan los silencios sobre el femicidio de Marina Espíndola

En lo que va de enero ya se cuentan tres femicidios y un travesticidio en la provincia. El asesinato de Marina Espíndola en la localidad de Murphy a manos de su expareja, un policía que aún se encontraba en actividad, puso nuevamente la lupa en los agentes de las fuerzas de seguridad. Desde la Red de Mujeres Policías de Santa Fe aseguraron que “el problema está dentro de la institución” y exigieron “que se rompan los silencios”.

Marina Espíndola tenía 42 años y era madre de tres hijos. Su victimario fue su ex pareja, el policía Gabriel Olegario Robles, de 49, quien la asesinó el martes pasado de un certero balazo con su arma reglamentaria y luego se descerrajó un disparo que acabó con su vida horas más tarde, luego de ser trasladado al hospital de Venado Tuerto. El femicidio de la mujer conmovió a la comunidad de Murphy, una localidad de unos 4.500 habitantes, distante a unos 150 kilómetros de Rosario.

A tres días del asesinado de Espíndola, tres policías de la localidad de Murphy fueron pasados a disponibilidad tras constatarse “el no cumplimiento del protocolo de género” ya que la mujer había denunciado hacía dos meses a su ex pareja por violencia de género. La medida recayó sobre "el comisario inspector Cristian Ataide, quien estaba a cargo de la subcomisaría 10ª de la mencionada localidad del departamento General López; el subdirector de Policía Cristian Rotela, jefe de la Unidad Judiciales; y la psicóloga Rosalía Kobila, de Medicina Legal", según se detalla en un comunicado del Ministerio de Seguridad de la provincia.

En el escrito se explica que “se puso en conocimiento que en los procedimientos se detectó el no cumplimiento del protocolo de género que fue firmado en octubre del 2021”.

Números negros

Según las estadísticas de la organización Mumalá de 2021, uno de cada 10 de los femicidios cometidos en el país fueron protagonizados por personal activo o retirado de las fuerzas de seguridad. Y, en los casos donde el crimen fue cometido con un arma de fuego, en el 32% de los casos se trataba de armas reglamentarias.

Para las integrantes de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe la triste estadística no es nueva. Es más, aseguran que muchas veces el problema está dentro de la institución y exigieron “que se rompan los silencios”. Esperan que pronto se apruebe el proyecto para crear el Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías (Cipgen), iniciativa que busca que las uniformadas víctimas de violencia de género en el ámbito laboral.

“Siempre se minimiza el protocolo de violencia de género. Con el pretexto de no arruinarle la carrera a nadie, no hacen nada. Está naturalizado eso, el silencio cómplice”, explicó Tania, una de las integrantes la Red de Mujeres Policías de Santa Fe.

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En ese sentido, las integrantes de la red vienen advirtiendo que “la institución policial es parte de la misma sociedad machista, patriarcal y violenta que todos habitamos y padecemos” y señalan que “algunas prácticas misóginas continúan legitimadas en la institución policial”. Desde la Red piden que los cambios sean “integrales” y no estén reducidos solo al ámbito individual.

El fenómeno no es local ni nacional, el alto porcentaje de femicidas que pertenecen a las fuerzas de seguridad es una característica mundial. “Tiene que ver con una cultura institucional, rasgos de la masculinidad asociadas a la violencia y al uso de la fuerza que están muy presentes. A la vez hay ciertos indicadores de riesgo como la portación de armas”, explicó Natacha Guala, la subsecretaria de Bienestar Policial y Género.

Por este motivo, resaltó que “es necesario fortalecer, profundizar y transformar las instituciones policiales para despatriacarlizarlas, democratizarlas y prevenir y eliminar todo tipo de violencias de género tanto al interior de la institución como con la comunidad”.

La funcionaria explicó que están “muy consternadas” con lo sucedido en Murphy pero también “más comprometidas que nunca para seguir profundizando el trabajo y erradicar la violencia de género de la institución policial”. Equipos del Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad estuvieron presentes en la localidad acompañando a los familiares y vecinos de Marina y también en permanente diálogo con las organizaciones feministas.

Respuestas oficiales para un problema de larga data

Guala detalló que desde su creación, la subsecretaría ha trabajado en distintas líneas de acción para, en primer lugar, “fortalecer el lugar de las mujeres en la institución y lograr la igualdad de género real”. Cabe recordar que la policía está mayormente habitada y conducida por varones y que las mujeres no suelen acceder a lugares de relevancia.

En segunda instancia, han potenciado el acompañamiento en las situaciones de violencia de género, la creación de una guía de actuación específica y capacitaciones como por ejemplo la Ley Micaela, entre otras iniciativas.

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Sin embargo, en la práctica no todos los y las oficiales se encuentran receptivos a la perspectiva de género. “Lamentablemente muchas veces van a las capacitaciones por el certificado y no lo toman con la seriedad que corresponde”, sentenció Tania sobre sus compañeros.

La guía de actuación contempla no solo la forma de tramitar este tipo de denuncia y las pautas de recepción sino los pasos a seguir, fundamentalmente respecto a la portación de un arma de fuego. En esa línea la persona denunciada es evaluada “con un encuadre orientado a detectar indicadores de violencia masculina por parte de los profesionales del área de Medicina Legal, los encargados de verificar la aptitud psico física de los policías en funciones”. Frente a la restricción cautelar del arma, tienen que realizarse no menos de tres entrevistas antes de restituirla.

Además, tiene un formulario que notifica automáticamente al Ministerio de Género, que a través de la subsecretaría, articula con el Sistema de Protección Integral “para garantizar que la víctima tenga su adecuada protección, dando intervención al Ministerio de Género y a las áreas locales para que realicen el acompañamiento de primer nivel”, precisó Guala.

Falta de control

Este protocolo fue el que no se cumplió en el caso de Marina Espíndola y el que podría haberle salvado la vida. Para la Red de Mujeres Policías “falta control”. Si bien celebran su creación y las capacitaciones y los consideran pioneros en Latinoamérica, resaltan que “la policía no puede ser un órgano de control de ellos mismos”. Piden que se refuerce el personal y las medidas no sean tomadas “cuando ya pasaron los hechos”.

Como contraparte, Guala argumenta que la Agencia de Control Policial es la encargada de seguir los casos en los que se incumple con el mismo ya que esto “constituye una falta”. Además, indicó que se trabaja en conjunto y el monitoreo es permanente.

Tanto la subsecretaría de Bienestar Policial y Género como las mujeres policías organizadas coinciden en que las medidas llevadas adelante funcionan pero aún resta mucho por hacer. Los primeros pasos se están dando, será una tarea a mediano y largo plazo desenquistar el machismo en una de las instituciones más patriarcales. Mientras tanto, los pactos de silencio y el posible encubrimiento de los oficiales contribuyeron para que Gabriel Olegario Robles terminara con la vida de Marina.