“Lo primero que sobresale es que no se cumplió con el protocolo de violencia de género que se estableció en octubre pasado”, afirmó este viernes Jassi Capitanelli, subsecretaria de Políticas en Seguridad de la provincia. Lo dijo al referirse sobre a las circunstancias que rodearon al femicidio de Marina Espíndola, quien fue asesinada en Murphy por su ex pareja Gabriel Robles, un policía en actividad de esa localidad. La situación derivó en el desplazamiento de las autoridades policiales de esa población ubicada a 150 kilómetros de Rosario.
El recambio de autoridades fue anunciado este jueves por el Ministerio de Seguridad. Se anunció, en ese marco, el nombramiento de dos mujeres al frente del destacamento policial, María Laura Martinotti y Paola Gorostiaga.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Capitanelli describió las actuaciones gubernamentales que se llevaron a cabo cuando trascendió la noticia de la brutal muerte de la mujer, que era madre de tres hijos.
“Desde el Ministerio de Seguridad, más allá de lo que disponga la justicia y de la investigación que abrió el fiscal Pueyrredón, se decidió ese mismo día intervenir a través de la Agencia de Control Policial y de la Subsecretaría de Bienestar y Género de la Policía”, precisó.
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La funcionaria agregó que el mismo día en que se conoció la noticia del femicidio, una comisión de esas reparticiones acudió a Murphy para entrevistarse con los equipos de la comuna, de la comisaría y de la Unidad Regional. Pedimos información sobre todas las intervenciones administrativas que se realizaron a partir de la denuncia que presentó Marina ante el MPA y de las actuaciones que ordenó el fiscal a la División Judiciales. Y a primera vista, lo que sobresale es que no se cumplió con el protocolo de violencia de género que se presentó el que rige desde octubre pasado”.
“Esa fue una de las primeras faltas que se detectaron. Este protocolo incluyó una capacitación para su implementación destinada al personal de la División Judiciales como para el de Medicina Legal. Por eso se decidió como primera medida, mientras se desarrolla la investigación administrativa, separar de su cargo al subdirector de policía Cristian Rotela, que era el jefe de Judiciales, y a la psicóloga Rosalía Kobila, encargada de Medicina Legal, quien fue la que restituyó el arma al policía a Gabriel Robles”.
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“Más allá del avance de la investigación, el ministro Jorge Lagna entendió que estas personas no pueden seguir en funciones cuando a simple vista se estableció que tuvieron una falla y que eso podría llegar a repetirse. Estas personas tienen que ser corridas de su función”, agregó.
Capitanelli también contó que hubo una reunión con familiares de la víctima, ”quienes manifestaron las dificultades que tuvo Marina para radicar denuncias en la comisaría. Por eso también, se decidió pasar a disponibilidad al comisario inspector Cristian Ataide, titular de la seccional de Murphy. Esa dependencia quedará a cargo a partir de hoy de María Laura Martinotti”.
