Tras la revelación de que Roberto Peiti, imputado en una causa por juego clandestino, participó como inversor del proyecto Torre Shopping (el edificio que se levantó en bulevar Rondeau y Juan B. Justo), la oposición en el Concejo pedirá la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Así lo adelantó el concejal Martín Rosúa, quien sostuvo que propondrá junto a su bloque (UCR-Juntos por el Cambio) correr vista a ambas entidades para consultar si hubo lavado de activos. Otros ediles consultados por La Capital también manifestaron preocupación por la presencia de Peiti en el emprendimiento, un proyecto que ahora busca ser habilitado en el Palacio Vasallo.
Si bien actualmente se encuentra en juicio contra la desarrolladora, Peiti figura entre quienes aportaron fondos para levantar la torre que se erige en la zona norte, cuya regularización se discute en el Concejo. Así figura en el mensaje oficial que ingresó recientemente a la comisión de Planeamiento, tal como contó La Capital en su edición del jueves.
“Debemos dejar en claro algo: el tema hay que resolverlo, porque no se puede perjudicar a las personas que invirtieron de buena fe, ni tampoco dejar un edificio abandonado. Ahora bien, dicho esto, creo que dados los actores que participaron inicialmente del proyecto, debemos comunicar a la Afip y a la UIF para que se expidan sobre el origen y licitud de los fondos”, explicó Rosúa ante la consulta de este medio.
Si bien la construcción del edificio arrancó en 2010, el proyecto viró hacia un emprendimiento hotelero, lo que motivó que parte de los inversores iniciaran juicios contra su alma mater, Tierra de Sueños SRL. En total hay una decena de litigios abiertos, entre ellos el que inició Peiti, imputado junto a su hermano Leonardo en una resonante causa por juego clandestino.
Luego de meses de negociaciones, el municipio envió al Concejo un mensaje que apunta a regularizar la situación del inmueble, denominado “solicitud de ampliación sin final de obra”. En ese texto se persigue el doble propósito de salvar las infracciones al Código Urbano, al tiempo que prever las consecuencias de los litigios en trámite, a través de un fondo de garantía.
“A mí lo que me preocupa es la dinámica del tema, porque siento que esta situación termina configurando una estafa a los rosarinos”, planteó la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), quien cuestionó que la desarrolladora haya construido “una torre sobre otra torre, en clara transgresión a la normativa vigente”.
Más metros que los permitidos
Lo cierto es que, tal como se deduce de la lectura del mensaje oficial, el permiso de edificación original otorgó mayor edificabilidad que la admitida por el Código, una situación que fue salvada por la adquisición -a posteriori- de lotes linderos.
Por esa irregularidad original se corrió de su cargo a la responsable de Obras Particulares del Distrito Norte, hoy trasladada a la órbita de la Secretaría de Salud. Y por esa situación, Rosúa ratifica ahora “que se hagan los procedimientos administrativos que faltaron”.
Otro de los concejales que se manifestaron tras la divulgación de la información fue Juan Monteverde (Ciudad Futura): “La aparición de Peiti pone de manifiesto lo que venimos sosteniendo hace tiempo respecto a los estrechos vínculos existentes entre las economías ilegales y las legales. Por eso necesitamos una agencia de justicia urbana que esté mirando estas cosas”, aseveró.
Para Monteverde, que aparezca Peiti en el emprendimiento inmobiliario “no es menor”, por eso pidió que se profundice el “buen debate” en la comisión de Gobierno, en el que se busca consensuar un proyecto referido al control municipal del lavado de activos.
