Un proyecto en el Concejo quiere fortalecer las facultades de control municipal frente a vehículos con chapas ausentes, tapadas o manipuladas y llevar las multas de $113 mil a $1,1 millones
Por Nicolás Maggi
Actualmente existe una limitación en el Código de Tránsito que algunos aprovechan para evitar los operativos cuando manipulan u ocultan deliberadamente las patentes de un vehículo para que sea ilegible.
Una iniciativa ingresada al Concejo Municipal quiere terminar con las "avivadas" de los conductores rosarinos para esquivar controles de tránsito y fortalecer las facultades de control de la Municipalidad frente a automóviles o motos con patentes adulteradas. Proponen agravar las multas en un rango de $113 mil a $1,1 millones.
Actualmente existe una limitación en el Código de Tránsito que algunos aprovechan para evitar los operativos cuando manipulan u ocultan deliberadamente la chapa de un vehículo para que sea ilegible: hoy los inspectores municipales no pueden remitirlos al corralón y sólo pueden labrarles multas cuando son detectados en circulación.
Si bien la ciudad cuenta con una red de cámaras de videocontrol, sistema de fiscalización electrónica y operativos presenciales de control vehicular, hay un fenómeno creciente de personas que buscan eludir deliberadamente dichos mecanismos con diversas maniobras de manipulación de las placas de identificación dominial, impidiendo o dificultando la captación del vehículo, la constatación de infracciones y la eventual vinculación con hechos ilícitos.
La iniciativa de Carolina Labayru (Unidos) busca cerrar esa grieta, darle herramientas más eficaces a los agentes de Control y garantizar que quien deliberadamente impide ser identificado no pueda beneficiarse de un vacío normativo.
"Vamos a terminar con la avivada de algunos. El que adultera una patente busca exactamente eso: que nadie pueda identificarlo. La ordenanza hoy deja una puerta abierta que algunos vivos aprovechan para esquivar los controles. Este proyecto la cierra", advirtió la concejal.
De hecho, reveló que el proyecto surgió a partir del trabajo cotidiano con agentes municipales que detectaron una dificultad operativa concreta durante los controles de tránsito. "Queremos darle a los inspectores una herramienta que hoy no tienen para actuar cuando detectan una infracción evidente, porque las normas son para todos. El que hace las cosas bien no tiene nada que esconder", explicó.
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En concreto, la modificación permitirá remitir al corralón los vehículos con patentes ausentes, ocultas, adulteradas, ilegibles o colocadas de manera antirreglamentaria, tanto cuando se encuentren circulando como cuando estén detenidos o estacionados en la vía pública.
Además, endurecerá las sanciones para quienes adulteren deliberadamente la chapa patente o utilicen dispositivos destinados a impedir su identificación por parte de los controles o de las cámaras de fiscalización.
La iniciativa también diferencia las infracciones menores (como una patente deteriorada o mal colocada) de las maniobras intencionales para ocultar la identidad del vehículo, estableciendo escalas de multas acordes a la gravedad de cada conducta.
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La escala propuesta va desde una multa de 50 a 150 Unidades Fijas por los hechos menores (lo que hoy representan $113.450 a $340.350); 75 a 375 UF por los de gravedad media (de $170.175 a $850.875); y 150 a 500 UF por los más graves y las reincidencias (de $340.350 a $1.134.500).
Todas se calculan en base al precio de un litro de nafta súper de las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino (ACA) en Santa Fe, cuyo valor actual de referencia fijado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial es de $2.269 para julio.
En el caso de los conductores que hayan perdido la patente, no serán sancionados si acreditan una denuncia por robo, hurto o extravío dentro de los plazos previstos. También quedan contemplados los vehículos cero kilómetro con la documentación provisoria correspondiente.
No obstante, el proyecto va más allá de una modificación en el Código de Tránsito, bajo el concepto de que una patente adulterada no sólo dificulta la tarea de los inspectores municipales, también impide que las cámaras de videovigilancia y los sistemas de fiscalización electrónica puedan identificar correctamente un vehículo, tanto para sancionar una infracción o para colaborar en la investigación de un hecho delictivo.
En ese sentido, Labayru dijo que "fortalecer los controles también significa fortalecer la seguridad de la ciudad", y que su iniciativa expresa uno de los ejes que viene desarrollando desde su llegada al Concejo: "recuperar una cultura de respeto por las normas, donde hacer las cosas bien vuelva a ser la regla y no la excepción".
"El orden también se construye corrigiendo estas pequeñas cosas que parecen menores, pero terminan haciendo una gran diferencia. No alcanza con pedir más controles. También hay que darles a quienes controlan las herramientas para hacer su trabajo", cerró la autora de la propuesta.
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