Pasa el tiempo y a Héctor Figueroa, el taxista asesinado el 5 de marzo pasado, lo extrañan cada día más. Su ausencia dejó un vacío difícil de llenar como toda pérdida, pero quien no encuentra consuelo es Francesca, su hija mayor de 5 años con quien solía compartir todos los domingos junto a la más pequeña, Renata (18 meses), cuando el taxista aprovechaba el único descanso de la semana para disfrutar de su familia. Tanto para su madre, Patricia Gutiérrez, como para su pareja, Romina Funes, con quien estaba comprometido desde hacía 8 años, el crimen no fue un acto de inseguridad, sino un crimen terrorista como los perpetrados al otro taxista, el colectivero y el playero del surtidor Puma durante marzo pasado. Y por esa razón reclaman un resarcimiento acorde como lo que ocurre en el caso de la ley Brisa.
"Fran la lleva bastante bien, pero los domingos se larga a llorar desconsoladamente porque extraña a su papá", comenta Romina mientras habla con La Capital en la peluquería que atiende su suegra desde hace 15 años en el corazón del barrio Tiro Suizo. Mientras ambas dialogan en el sillón del local, Fran juega con una amiga en un local contiguo de la galería del paseo comercial y Renata duerme plácidamente en el coche
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Romina indica que conoció a Héctor cuando él era chofer de colectivos y desde allí proyectaron un futuro juntos. "Vendimos un terreno para comprar el Fiat Cronos tras ganar la licitación de las nuevas chapas. Él dejó el trabajo que tenía y yo el mío, y decidimos manejar el taxi por nuestra cuenta: él hacía el turno vesperino y yo lo hacía por las mañanas, pero luego decidió que yo me quede con las nenas por seguridad y terminó manejando él; por eso sólo se tomaba los domingos para estar en casa", comenta Romina.
La peluquería y las nenas
Patricia cuenta que después de aquel 5 de marzo tuvo que transformar ese oficio en la principal fuente de ingresos y sostén de esas pequeñas hijas tras la pérdida de su hijo, puesto que Romina no tiene trabajo y tampoco puede costear el gasto que implicaría una niñera mientras hace trabajos de manicuría cuando Renata duerme o Francesca está en la escuela.
Es por eso que reclaman una pensión a modo de reparación por el crimen de Figueroa puesto que no entra en su cabeza la posibilidad de subirse al taxi que terminó con la vida de su compañero de vida. "No me quiero subir al taxi; tengo miedo. Y si lo pongo a trabajar tampoco me rendiría, el auto terminaría deteriorado o repleto de multas como ya nos ocurrió", señala Romina.
>> Leer más: Mataron de dos balazos en la cabeza a un taxista en barrio Tiro Suizo
Eso llevó a modificar el ritmo de vida de su hija mayor, ya que tuvo que cambiarse de colegio, al tiempo que debe hacer malavares para comprar pañales y todo lo relativo a Renata, de apenas un año y seis meses.
"Me tuve que recortar porque hay un montón de cosas que la nena ya no puede hacer como ir a comer, ir al cine o comprarle ropa", acota Romina, mientras Patricia afirma que "toda la familia acompaña" para ayudarla con las dos nenas tras quedarse sin el sostén económico que representaba el salario de Héctor Figueroa.
El crimen del taxista, un atentado
Entre corte y corte, Patricia revela que después de dos meses puede hablar porque la muerte de su hijo la devastó. Iba a la peluquería y recién ahora tiene fuerza suficiente para salir a pelear por sus nietas y su nuera.
"Esto que pasó no fue al azar, fue un atentado contra el gobierno, a raíz de las decisiones que tomaron en las cárceles. Acá hay tres responsables: la provincia, el municipio y la ministra de Seguridad (por Patricia Bullrich). Por sus decisiones cayó mi hijo y dejaron a dos hijas sin padre", afirma.
Asegura que no tienen recursos y que con lo poco que los ayudan (una suma por tres meses de $75 mil por parte del municipio) no les alcanza para nada. "Por eso pedimos una pensión para ellas, ya que mi hijo estaba ofreciendo un servicio público. Tienen que responder y no hay respuestas", explica.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Romina cuenta que asistió a la Ansés para hacer todos los trámites, pero no pudieron avanzar en la pensión por falta de pago del monotributo, dado que Figueroa tampoco reunía los cinco años consecutivos de aportes que necesitaba para acceder a ese resarcimiento estatal. Por eso agradece al sector taxista por la ayuda y acompañamiento en medio de semejante trance que tuvieron que afrontar a raíz del atentado, el primero de los otros cometidos en serie durante marzo en Rosario.
Por eso Romina destaca que el sector taxista "se movió muy bien y muy rápido". La ayudan con los reclamos ante las autoridades para reclamar el subsidio que les prometieron durante los tres meses que transcurrieron desde el asesinato y otros gastos que quedaron tras los daños perpetrados en el Cronos en aquella fatídica noche del 5 de marzo en la zona de Flammarion y Lamadrid.
"Pasó que nosotros estábamos en una situación muy delicada y por esa razón dejamos de pagar el monotributo. Debíamos a la radio, la tarjeta y una de esas cosas que empezamos a dejar de pagar fueron esos aportes", lamenta Romina, a lo que Patricia acota: "Lo único que le quedaba era volver a subirse a un colectivo (Figueroa era chofer de la Línea A)".
Pullaro y la ley Brisa
La madre del taxista insiste una y otra vez que necesita hablar cara a cara con el gobernador provincial. "El lunes me reuní con el intendente Pablo Javkin y le dije que necesitaba hablar personalmente con Pullaro. Y hasta ahora van dos mensajes y no obtengo respuestas", manifestó ofuscada.
Y sostuvo: "Él (por Pullaro) me tiene que recibir; ellos subastaron autos de alta gama y facturaron un montón de plata, por eso creo que, mínimamente, mis nietas se merecen tener una retribución acorde a lo que pasó, que fue un atentado y del cual son responsables".
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Es por eso que reclaman un normativa similar a la ley Brisa, que está destinada a la reparación económica de niñas, niños y adolescentes cuya madre, padre o progenitor fue víctima de violencia familiar. En este caso, según su criterio, buscan que se promulgue una normativa en ese sentido pero destinada a víctimas de la violencia orquestada por el crimen organizado.
"Necesitamos que la incorporen en esa ley, por lo menos a mis netas, quienes fueron las únicas que quedaron desamparadas. Lo único que veo es que la clase política se olvida de las necesidades de nosotros, ya que llegaron a ese lugar o cargo gracias a nosotros; me cansé de llamar y dar notas y no responden, se consideran empoderados e intocables", sostuvo Gutiérrez.
"Aún esperamos que nos llamen para decirnos si necesitamos algo, por lo menos para darnos el pésame. Ellos son los responsables de lo que le pasó a mi hijo, y ellos no lo protegieron", reclamó ofuscada.
