“En Rosario, donde el narcomenudeo hace estragos, la única institución que tiene presencia de los tres niveles y aborda los consumos problemáticos y de salud mental, está en riesgo de cierre”. Así sintetizaron vecinos, jóvenes y trabajadores la alarmante situación que atraviesa el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) que depende de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), donde realizaron un abrazo vecinal solidario para defender la continuidad laboral de 14 empleados, y que acarrea la posible eliminación de políticas públicas territoriales.
Este jueves al menos 14 trabajadores de DTC, vecinos, entidades barriales y sociales, y jóvenes que asisten a espacio que funciona a metros del polideportivo Deliot (bulevar Seguí al 5400), expresaron su preocupación porque no se renovaron contratos laborales y con ello el riesgo de eliminación de una política pública indispensable para los territorios atravesados por el consumo de droga.
“No hay contrato vigente y estable para el 70 por ciento de los trabajadores, por lo cual cada año con el cambio de gestión a nivel nacional se pone en crisis la continuidad de los trabajadores que sostienen los espacios. Pedimos compromiso y presencia real de los tres niveles del Estado para que se efectivicen contratos estables y el pase a planta. Además hay que ampliar los presupuestos, porque los consumos problemáticos en los barios se agudizan cada vez más, y la respuesta no puede ser punitiva”, expresó Juan Albano, trabajador Social del Sedronar Rosario.
Con el apoyo de los vecinos, familias, madres con sus niños e incluso jóvenes que asisten a distintos espacios, la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), concejales, militantes sociales, no sólo visibilizaron la coyuntura institucional, sino las graves consecuencia ante el riesgo de vaciamiento del DTC, que impacta en los abordajes de consumos problemáticos en Rosario.
Y coincidieron en un documento donde reflexionan sobre el crecimiento del narcotráfico en la ciudad, la endeble fiscalización y controles sobre las multinacionales en los puertos del Gran Rosario, y el lacerante correlato que tiene esa realidad con la violencia letal y los consumos problemáticos de los jóvenes, casi niños que residen en los barrios más humildes de la ciudad.
Más prevención para combatir la violencia
El abrazo vecinal e institucional congregó a más de 100 personas. Las consignas que se elevaron fueron: “no al vaciamiento del DTC”; “no hay salud pública de calidad sin trabajo digno”; “los consumos se abordan con prevención en los barrios” y “mi trabajo son tus derechos”, y “más prevención para combatir la violencia”.
El comunicado con el reclamo de los trabajadores, donde además expresaron su mirada, cosechó 350 adhesiones de colegios, sindicatos, escuelas, centros de salud, organizaciones barriales, asociaciones civiles y vecinos.
Los 14 trabajadores en riesgo laboral son profesionales que abordan en el territorio los consumos problemáticos y del campo de la salud mental desde un enfoque de salud integral y restitución de derechos en condiciones de vulnerabilidad y extrema precarización”.
El CTD interactúa con unos 70 jóvenes por día. En el lugar confluyen programas de provincia y Municipalidad. Pero los operadores atraviesan una forma precarizada de relación laboral a través de la “Beca Fondo Estímulo”, que el 31 de diciembre finalizó su vigencia.
