Unos 14 trabajadores de la Secretaría de Política Integrales sobre Drogas (Sedronar) cuya situación laboral es incierta convocaron un “vecinazo” y abrazo solidario al Dispositivo Territorial Comunitario (DTC), de bulevar Seguí al 5400. El motivo: la crisis institucional y el peligro de cierre de este espacio, único en la ciudad, que desde hace 10 años desarrolla abordajes sobre consumos y adicciones. Por día transitan casi 70 jóvenes con problemáticas ligadas al consumo de drogas. “Serían fácilmente captados por el narcotráfico y las violencias”, advierten.
Este diario ya dio cuenta de la inestable situación que atraviesa un espacio que, en el contexto actual, resulta imprescindible en el marco de los abordajes, terapias, acompañamientos y contención de las personas con consumos problemáticos, incluso sus familiares.
La inestabilidad institucional del Sedronar a nivel nacional mantiene en alerta a distintos actores sociales, y a los trabajadores locales del organismo, ante “una situación crítica que se lleva puestos a los jóvenes”, indicaron los profesionales, cuya fuente laboral sigue en riesgo.
“Al día de la fecha no tenemos respuesta de nuestra continuidad laboral, lo que significa que el destino de la institución es incierto”, manifestaron en un comunicado, y solicitaron que tanto provincia como el municipio, que interactúan en el espacio, apuren gestiones para dar una respuesta a la situación.
Para visibilizar la coyuntura convocaron “a los medios de comunicación, a los diferentes actores institucionales de la salud, de la educación, a las organizaciones sociales a “un vecinazo en defensa del DTC-Punto de encuentro del Oeste”, que se programó para el 18 de enero, a las 12, en bulevar Seguí 5440.
La actividad contará con “un espacio de diálogo que permita poner en común la situación de la salud pública, la falta de presupuestos, violencias en el territorio producto de la narcocriminalidad y la falta de políticas destinadas a las adolescencias y juventudes”.
En el territorio
En ese sentido, recalcaron la tarea que despliegan: “Somos trabajadores del campo de la salud mental, que desarrollamos un trabajo de abordaje de los consumos problemáticos en el territorio, desde un enfoque de salud integral y restitución de derechos en condiciones de vulnerabilidad y extrema precarización”.
El CTD depende del Sedronar y en el lugar también confluyen programas de provincia y Municipalidad. Pero los operadores atraviesan una forma precarizada de relación laboral a través de la “Beca Fondo Estímulo”, que finalizó el 31 de diciembre.
“Hasta el momento no obtuvimos respuestas sobre la continuidad de la beca. Trabajamos con jóvenes de entre 14 y 30 años en la zona oeste de desde el 2014”, recalcaron los profesionales afectados.
Según explicó a este diario Juan Albano, delegado de la comisión interna de los trabajadores, el DTC de zona oeste “es el único en Rosario, y tiene la presencia de los tres niveles del Estado, municipal, provincial y nacional”.
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El espacio se sostiene gracias a la tarea de sus trabajadores. “La situación es grave porque se hacen abordajes integrales, con talleres grupales y de oficios, y escuchas individuales, lo cual involucra a psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Pero somos 14 que hasta la fecha no sabemos de la continuidad de las becas”, advirtió.
Crisis institucional
Para Albano, ese panorama “pone en crisis la continuidad de la institución. Somos trabajadores que cobramos 106.000 pesos, por debajo de la línea de la pobreza, y se nos exige que cumplamos horarios como agentes públicos. En este momento estamos con reducción laboral. Además, exigimos a municipio, provincia y Nación que puedan brindar respuesta sobre nuestra relación laboral y mejores condiciones. La continuidad de la institución depende de esos 14 trabajadores”.
Remarcó que “se pone en juego la posibilidad de construir alternativas para los jóvenes que acuden al espacio. El conflicto es la continuidad laboral, pero en el fondo se trata de la institución. En una de las ciudades con mayor población con problemas de consumo, donde la cocaína fumada está haciendo estragos en todos los barrios, el narcomenudeo ofrece una salida rentada por tareas que van de balaceras, tiros, venta de droga, amenazas, custodia de búnkeres, a extorsiones. La preocupación es colectiva porque la problemática es enorme”.
"Los chicos están angustiados"
Otras de las profesionales que se desempeña en el organismos, Jésica Muiño, recalcó sobre el riesgo de dejar a tantos jóvenes sin seguimiento ni abordaje en un contexto por demás de complejo. “Estamos en un territorio muy complejo, donde hace 15 días hubo un tiroteo en las comisaría, donde hay vulnerabilidad extrema, pobreza. Esos chicos, de cerrar la institución quedarían a la deriva”, dijo.
Como explicó su compañero, también entiende que esos chicos quedarían expuestos a una “fácil capitación del narcotráfico y las distintas formas de violencias. Trabajamos con otras instituciones, en red, que también se ven afectadas en un contexto social y económico donde todo se agudiza. Los chicos están angustiados, y aumentaron las consultas de los familiares. Hay mucha desesperación, todo se acrecienta y toma una magnitud que escala.
Según contó Muiño, en el dispositivo se reciben entre 30 y 60 jóvenes por día. “Tenemos 300 historias clínicas abiertas, con trabajos de equipos interdisciplinarios, lo cual implicaría dejar sin tratamiento a un montón de jóvenes, articulamos con distintas instituciones o derivaciones de las cuales o los centros de salud. Pedimos que los tres niveles del Estado asuman el compromiso de resolver esta situación”.
