El debate viene al menos desde 1997 y sigue sin resolución. El Concejo Municipal puso de nuevo en agenda la discusión a partir de un proyecto reingresado al cuerpo por la edila peronista Fernanda Gigliani quien propone regular desde el Estado el funcionamiento de los cuidacoches en las calles de Rosario. Una postura diametralmente opuesta a la prohibición reclamada por el oficialismo local y provincial, tal como exige también el macrista Carlos Cardozo. En medio de fuertes cruces por redes sociales, un diputado nacional por Santa Fe propuso sancionar una ley "antitrapitos" válida para todo el país.
Como ya dio cuenta La Capital en su edición de ayer, un proyecto de Gigliani establece la creación de un padrón de cuidacoches, con uniforme, cupo trans, y una serie de requisitos como el pago voluntario de los automovilistas y una serie de sanciones ante una situación extorsiva.
Así, otras bancas le salieron al cruce. Y la discusión siguió por las redes sociales, como X. "Mientras en la Legislatura de Santa Fe por fin avanza la tipificación de la extorsión en la vía pública como delito, con Anahí Schibelbein (edila Pullarista) insistimos en intensificar prohibiciones y la Municipalidad y el gobierno santafesino articulan perímetros, los K vuelven a recetas románticas", dijo Cardozo en su cuenta.
Gigliani le salió al cruce: "Charly, no seas ignorante. La extorsión hace tiempo es un delito tipificado en Argentina. Dejá de vender verduras y jugar con el humor de la gente. Se trata de separar a quienes delinquen de quienes se ganan la vida con esto. De quienes extorsionan y de quienes son queridos por vecinos. Estos últimos que fueron expulsados hace rato del sistema gracias a muchas políticas de gobiernos como los tuyos. No pretendo instituir el trabajo de cuidacoches. Solo un período de transición donde el Estado se haga cargo y no deje solos a los ciudadanos. Hablá con fundamentos", fustigó.
La concejala puso en la mesa de discusión algunos datos: "Hubo 573 cuidacoches identificados, demorados 53, detenidos solo 5. Es decir el 1 por ciento". Sobre estos elementos, Gigliani avanzó: " Con los delincuentes y mafiosos tienen que trabajar la policía y la Justicia, y para los que no son violentos y tienen como forma de sustento cuidar o lavar coches".
Cardozo insistió: "Hoy la ley permite llevar presos a los extorsionadores por averiguación de antecedentes y es lo que estamos haciendo este año en una cantidad de eventos masivos que se empiezan a desarrollar en paz, gracias a una decisión que los reguladores no tuvieron cuando gobernaron".
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En el Congreso
Por otro lado, el diputado nacional del PRO, Alejandro Bongiovanni, le dio difusión a un proyecto de su autoría que amplificó la polémica con repercusión nacional en cuanto a qué hacer con los cuidacoches. "Tengo un proyecto presentado que mete la conducta en el Código Penal. Regular los trapitos es idiota y cómplice. No es un trabajo. Es, en el mejor de los casos, una apropiación temporal del espacio público y, en el peor de los casos, una extorsión (dinero a cambio de no dañar tu auto)", consideró.
El núcleo central de su propuesta se refleja en dos artículos: "Aquel que en la vía pública manifestase ofrecer servicios de estacionamiento o cuidado de coches, sin la debida autorización estatal, será reprimido con prisión de un mes a dos años. Si lo llevare adelante mediante violencia, amenaza, actos extorsivos, o exigiere retribución económica alguna, y hacer sentir coaccionada a la persona a la cual se dirige, será reprimido con pena de prisión de uno a seis años. Cuando existiere previa organización, la sanción se elevará al doble para el organizador". Y el segundo artículo obliga al Estado a actuar de oficio.
Y así como invita a las provincias a adherir a este proyecto, para el supuesto de que la jurisdicción de nivel inferior optase por regular y permitir la actividad deberán obligatoriamente acreditar la inexistencia de antecedentes penales, y habrá de fomentarse la participación en este tipo de actividades de personas con discapacidad y de jubilados y pensionados.
Fundamentos
A la hora de argumentar su proyecto para lograr la adhesión de sus pares Biongiovanni fue al hueso. "En el menos grave de los casos, el trapito se apropia del espacio público y pretende una remuneración por ello. En el peor de los casos, se trata de un acto extorsivo en donde el trapito te cuida de él mismo y te cobra por no rayar, ensuciar o dañar tu auto. Ambos casos son intolerables. En sintonía con ello, el presente proyecto tiene como propósito abordar y brindar una solución que la corte de lleno, proponiendo la tipificación de la actividad, erigiéndose como un delito dentro de nuestro Código Penal", señaló.
Contra el sindicato
Y tras repasar los antecedentes de normativas, entre las que incluyó el artículo 300 del Código de Convivencia, dedicó un párrafo para criticar al sindicato de cuidacoches, que ya pidió pista en Rosario para su desembarco. "Este proyecto surge como respuesta a la aparición de los sindicatos de trabajadores de la vía pública en distintos puntos del país. Vale aclarar que esto es, a todas luces, inviable, no puede sindicarse una actividad ilegal, cuyo objeto es ilícito, ya que encarna figuras como la apropiación del espacio público, enriquecimiento sin causa, amenazas, y otros medios de violencia", indicó para concluir: "La actividad crea impunidad y con ello inseguridad basándose en que una gran cantidad de cuidacoches no solamente lucra con una actividad ilícita, sino que lo hacen por el método de coacción a través de la intimidación personal que fuerza al conductor a aceptar abonar por servicios ilegales como son el servicio del cuidado, limpieza de vidrios o de estacionamiento en la vía pública".
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