Entraron de madrugada, maniataron a los guardias y se llevaron una pila de documentación sobre crímenes de lesa humanidad. Un robo histórico
Por Mila Kobryn
Foto: La Capital/Archivo.
Tribunales provinciales. A 40 años del robo que hizo tambalear la democracia.
El palacio de los Tribunales Provinciales de Rosario fue el escenario en donde la incipiente democracia tambaleó. En la madrugada del 8 de octubre de 1984, un grupo irrumpió en el edificio de Pellegrini y Balcarce y robó una importantísima cantidad de documentación relacionada a los crímenes de lesa humanidad. El crimen quedó impune durante décadas.
Aquella noche la custodia policial del edificio de los tribunales estaba a cargo del sargento Demetrio Flores y del agente Juan José Aguirre. La noche dio un giro cuando cerca de las dos de la madrugada un hombre con uniforme se acercó a la puerta vidriada de calle Balcarce y exhibió un papel indicando que llevaba un oficio de una comisaría.
Así fue como logró entrar aquel falso uniformado y, junto a él, se le sumaron otros que estaban esperando detrás de bastidores. Los dos custodios fueron amenazados, atados, amordazados y encerrados en una dependencia. Allí permanecieron hasta las 5 de la mañana cuando comenzaron a llegar sus relevos.
Quienes irrumpieron aquella noche en Tribunales sabían qué tenían que hacer, cómo hacerlo y dónde buscar. Ingresaron al Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación, forzaron la puerta del despacho del juez Francisco Martínez Fermoselle, un cajón de su escritorio y dos armarios. Se llevaron tres cuerpos de expedientes que contenían información sobre delitos de lesa humanidad.
Lo que se robó aquella noche en Tribunales fue toda la causa Feced, cuyo nombre refería a quien fue Jefe de Policía de Rosario durante la dictadura y uno de los mayores represores de la región. Allí se encontraban todas las denuncias realizadas por las víctimas de la represión y todo lo apuntado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Algunos días antes, el juez Fermoselle había ordenado una serie de allanamientos en distintas casas operativas que tenía la inteligencia del Ejército. Una de ellas estaba ubicada en Dorrego al 1600.
Allí la documentación que se encontró era muchísima. Además, había elementos “secuestrados” —robados— en los distintos procedimientos realizados por las fuerzas represivas entre 1976 y 1983. Para no trasladar semejante volumen de archivos y pruebas se decidió dejar todo ahí custodiado por un policía.
Sin embargo, la misma madrugada del robo a Tribunales, aquel departamento de calle Dorrego también fue saqueado. El policía de consigna fue encarado por dos personas de civil que dijeron ser funcionarios la Justicia. Sin embargo, cuando el guardia les pidió las credenciales fue encañonado con un arma, reducido, atado y amordazado.
El robo implicó la pérdida de documentación valiosa en aquella incipiente democracia. No solamente había información sobre las víctimas y detalles sobre las patotas y su accionar represivo sino que también permitía esclarecer sobre los niveles de complicidad civil en la dictadura: empresas y empresarios que estaban íntimamente ligados a los servicios de inteligencia.
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Quienes perpetuaron ambos robos no solamente fueron quienes ingresaron en ambos edificios y saquearon los papeles, sino que tuvieron el respaldo de personas que ayudaron al traslado de toda aquella documentación. El diario La Capital mencionó en su edición del 10 de octubre de 1984 que los integrantes del comando habrían usado en el operativo un Torino color gris, un Peugeot 504 negro y una pick up "posiblemente marca Dodge". También especificaron que los saqueadores tenían gente esperando afuera mientras realizaban el operativo, entre ellos una mujer.
Las repercusiones del hecho fueron inmediatas y conmocionó a gran parte de la opinión pública, que vivió el robo como una afrenta a una democracia que tan solo tenía 10 meses. Sin embargo, durante mucho tiempo reinó la hipótesis de que aquel delito había sido ejecutado por "mano de obra desocupada": los responsables eran personas que habían quedado al margen del Ejército o de las fuerzas de seguridad tras el fin de la dictadura.
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A pesar de que un sector importante sospechó y acusó inmediatamente al Ejército argentino de estar implicado, éste lo negó rotundamente. La causa no avanzó demasiado y durante mucho tiempo quedó en el olvido.
"Estuvo durmiendo el sueño de los justos. No hubo una profundización de la investigación. Tampoco hubo una actividad jurisdiccional, ni de los Tribunales provinciales ni en sede federal", relató Juan Murray, auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario en diálogo con La Capital.
Se reabrió a partir de un hallazgo en la investigación del crimen de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, dos jóvenes secuestrados y asesinados en 1983 poco antes de la vuelta de la democracia. En aquella causa apareció el nombre de Muñoz, un militar del Ejército, quien al investigarlo se comprobó su participación en dos operativos: por un lado, el asesinato de los dos militantes y, por el otro, el copamiento de Tribunales.
"Ahí comenzó de nuevo la investigación. Se determinó que fue una Operación Especial de Inteligencia, diagramada por el Ejército argentino, ejecutada por el Comando II Cuerpo del Ejercito y particularmente por la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor y el Destacamento 121", especificó Murray.
Entre el robo y la justicia pasaron décadas de silencio. En el 2019, 35 años después, fueron procesados dos coroneles: Héctor Fructuoso Funes, jefe de Inteligencia del Estado Mayor de Comando del II Cuerpo del Ejército, y Luis Américo Muñoz, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario.
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En 2023, Fructuoso Funes fue finalmente condenado y reconoció haber sido responsable del robo. Muñoz, en cambio, murió estando procesado. "Hay una causa residual luego de que se obtuvo la sentencia condenatoria de Funes en el 2023. Él mismo reconoció en un procedimiento abreviado que diagramó, por órdenes recibidas de los superiores, esa operación de inteligencia. Reconoció también que la ejecutó con personal a su orden del Destacamento 121", explicó Murray.
El hecho no sólo dejó una marca en la ciudad y la provincia, sino en la historia de las instituciones del derecho. “En la provincia de Santa Fe es, sin duda, el atentado más grave contra la democracia. Se buscó imposibilitar el conocimiento del destino de las personas desaparecidas y tapar la responsabilidad política de autoridades y grupos empresarios", consideró.
"Este hecho muestra que puede haber Terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad durante períodos democráticos. También demuestra cómo pueden operar los servicios de inteligencia cuando no hay control político. Hay que recordar para que no vuelva a repetirse”, concluyó.
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