La Justicia federal de Rosario reactivó la causa por el robo a los tribunales de los expedientes que tenían datos sobre la represión ilegal en la jurisdicción del II Cuerpo de Ejército. El hecho ocurrió en octubre de 1984 y la maniobra pretendió frenar las primeras investigaciones que comenzaban realizarse a través de la Conadep. El efecto inmediato de esta medida, 35 años después de la sustracción de los documentos, fue la detención de tres ex militares por orden del juez Carlos Vera Barros, a pedido del fiscal Aldolfo Villate.
Según informó Villate, el juez Vera Barros, titular del juzgado federal Nº3, ordenó semanas atrás la detención y recepción de declaración indagatoria del general Víctor Pino Cano, del coronel Héctor Fructuoso Funes, y del coronel Luis Américo Muñoz, por diversas responsabilidades en el hecho. "El 8 de octubre de 1984, un grupo de personas armadas procedió a tomar por asalto el edificio de Tribunales Provinciales de Rosario, sito en calle Balcarce entre Montevideo y Avenida Pellegrini, privaron ilegítimamente de la libertad al personal de custodia policial de dicho edificio y le sustrajeron sus armas reglamentarias", recordó Villate en diálogo con LT8.
Además del interior del juzgado de Instrucción de la 10º Nominación se llevaron la causa 6/1984 y los elementos de prueba que se encontraban secuestrados, tanto en esa sede como en una propiedad de calle Dorrego 1638 de Rosario. "En este lugar se procedió a privar ilegítimamente de su libertad al personal policial de consigna y a sustraérsele su pistola reglamentaria", recordaron desde la Unidad Fiscal en DDHH a través de un comunicado de prensa.
El comunicado de la fiscalía también da cuenta que días antes de aquel hecho, "a solicitud de la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), se habían practicado diversos allanamientos donde se había secuestrado prueba documental incriminatoria para personal militar y policial que había actuado en esta ciudad de Rosario en la llamada «lucha contra la subversión», producto de lo cual se había formado el sumario antedicho en el Juzgado de Instrucción interviniente".
Ahora, en el mes de marzo de este año, según precisó la Unidad Fiscal, el juez Vera Barros ordenó a pedido Villate la detención y recepción de declaración indagatoria los tres imputados. "Dichas detenciones fueron efectivizadas, habiendo prestado declaración indagatoria Funes y Muñoz, quienes además cumplen detención domiciliaria", indicó el comunicado, en el que se añade que aún "resta materializar la indagatoria de Pino Cano", por "razones de salud invocadas por su defensa técnica".
Según señalaron desde la fiscalía, los detenidos "se desempeñaban a la fecha de los hechos en cuestión como Comandante del Cuerpo de Ejército II de Rosario, como Jefe de Inteligencia del Estado Mayor de dicho comando y como segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 (respectivamente)".
Para la fiscalía los hechos "deben ser calificados como delitos de lesa humanidad siendo, en consecuencia, imprescriptibles".
