La cautelar la iniciaron choferes que hace unos años contrataron un plan de ahorro para la compra de vehículos cero kilómetros con la administradora Fiat Plan, para la adquisición de un Fiat Cronos 1.3, uno de los vehículos más usados en el servicio de taxis.
La medida solicita que la Justicia autorice el pago del 60 por ciento del valor de la cuota, absteniéndose de iniciar un proceso de ejecución, y al mismo tiempo se determine si la liquidación se ajusta a los puntos acordados en el contrato del plan de ahorro.
Según explican, el Fiat Cronos es un auto de fabricación nacional y, al momento de contratarlos, los planes de ahorro eran los más baratos del mercado y podían ser soportados por los choferes (con ingresos correspondientes a la categoría A del monotributo) sin comprometer seriamente sus economías.
Sin embargo, a partir de noviembre pasado, las cuotas empezaron a experimentar furiosas subas. Un chofer que en el penúltimo mes del año pagaba 600 mil pesos por mes, actualmente está pagando un millón de pesos. Esto implica un incremento del 66 por ciento. Un monto que está integrado por distintos conceptos que son variables y, afirman, tienen variaciones significativas al comparar distintos contratos.
Por ejemplo, el valor del automóvil que se toma como referencia para calcular las cuotas que se pagan mensualmente tiene variaciones de hasta 10 millones de pesos, de acuerdo a la antigüedad del contrato, superando ampliamente las subas registradas en el valor del vehículo.
Pero, sobre todo, cuestionan el valor de los seguros que están muy por encima del valor del mercado en las empresas de primera línea para la misma cobertura.
Cuotas "imposibles de pagar"
Actualmente, las cuotas que se están pagando por los vehículos llegan a un millón de pesos, un monto "imposible de afrontar para quienes están dentro del servicio de taxis", explica la abogada Larisa Peralta, especializada en derechos del consumidor y representante de los choferes que presentaron la medida judicial.
El escrito, presentado la semana pasada en los Tribunales provinciales, asegura que "los aumentos de cuotas no pueden ser soportados, sin ver comprometidos seriamente sus ingresos, destinados a las más elementales necesidades básicas".
Por eso, pide que, mientras se extienda el proceso judicial, ordene a la demandada a aceptar pagos equivalentes al 60 por ciento del valor de la cuota emitida del plan de ahorros.
Según explica la abogada, "la imposibilidad de pago pone en peligro la fuente de trabajo de los conductores, que se encuentran envueltos en una situación imposible de afrontar, sobre todo en un servicio que viene resentido por la caída de la demanda y la competencia que plantean las aplicaciones como Uber o Didi".
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Los seguros, la mitad de la cuota
Uno de los puntos más cuestionables de la liquidación, considera la abogada, es el monto de los seguros que llega a equiparar la mitad de las cuotas. Según explica en el contrato de adjudicación se establece que el premio del seguro deberá ser el mismo que la aseguradora elegida perciba por operaciones con particulares ajenas al plan de ahorro.
Sin embargo, señala, el precio del seguro es muy superior al cobrado en el mercado. De acuerdo a la cotización de una compañía de primer nivel la cuota de un seguro de responsabilidad civil y robo o incendio asciende a unos cien mil pesos, mientras que la liquidación del seguro en el plan de ahorros multiplica por cinco ese valor.
Para Peralta resulta un contrasentido que “los contratos de planes de ahorro establecen que la contratación del seguro automotor debe realizarse mediante el administrador del plan y no de forma particular por el ahorrista. Pero los taxistas manifiestan, y acreditan con presupuestos, que la prima que se le cobra de seguro automotor supera sustancialmente el precio que podrían conseguir contratando la póliza de manera privada con la misma compañía aseguradora y manteniendo las características de la cobertura”.
Los reclamos de los consumidores
Los reclamos vinculados a los planes de ahorro para la compra de automóviles no sólo tienen a los taxistas como protagonistas. El año pasado, en la Defensoría del Pueblo de la provincia fueron uno de los temas recurrentes sobre los que se trabajó en el área de defensa del consumidor.
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De acuerdo al balance anual del organismo, durante 2025 se iniciaron casi 45 mil expedientes en toda la provincia. De estos, unos 8 mil fueron tramitados en la oficina de defensa del consumidor. Una porción significativa de estos reclamos estuvo vinculada a estafas. También se destacaron conflictos relacionados con cuentas bancarias, principalmente por descuentos no pactados; tarjetas de crédito, por débitos, comisiones y consumos no autorizados; incumplimientos contractuales, productos no entregados, planes de ahorro y préstamos.
En relación a los planes de ahorro, las consultas se relacionan con el aumento del valor de las cuotas, la contratación del seguro del automotor y los plazos de entrega de los rodados.