Patricia Bullrich presentó un protocolo antipiquetes: "La ley no se cumple a medias"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves "un protocolo para el mantenimiento del orden público" con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como "inconstitucional" y una "amenaza" ante una posible conflictividad social tras las medidas del gobierno nacional.

Bullrich anunció que "las cuatro fuerzas federales" podrán intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que "si hay un delito flagrante" las fuerzas federales podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes" y que utilizarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente", la cual será "graduada en proporción a la resistencia" que se oponga. "Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó.

Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Bullrich remarcó que el gobierno tiene "una decisión tomada" de que "la forma de pedir o buscar un beneficio social" ya no es "por la vía del corte". "Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", señaló.

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Al conocerse el anuncio, distintos dirigentes y organizaciones políticas repudiaron el protocolo al calificarlo de "inconstitucional", una "amenaza" a gremios y movimientos sociales y advirtieron que "cuando hay semejante nivel de agresión" contra los sectores populares "inevitablemente se producen protestas sociales".

Trabajo conjunto con la ciudad de Buenos Aires

Luego de su anuncio, Bullrich se reunió con el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff; el nuevo jefe de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz; y el secretario de Seguridad de Nación, Vicente Ventura Barreiro.

"Vamos a trabajar de forma mancomunada en todos los accesos que tienen injerencia federal y en la ciudad de Buenos Aires. La reunión con Bullrich fue excelente. Me he comunicado con Jorge Macri, a quien el transmití lo que aquí se habló. Estamos satisfechos con lo que viene", remarcó Wolff al retirarse de la cartera de Seguridad.

El funcionario porteño destacó que la la ciudad de Buenos Aires "no está sola" y que está "acompañada" por el Gobierno nacional pese a que no sea del "mismo signo político". "El Ministerio de la Nación, con sus fuerzas federales, se va poner a disposición de los requerimientos que aquí tengan características federales, como accesos de la provincia de Buenos Aires o inmediaciones", explicó.

Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un "paro activo" en la Plaza de Mayo, como respuesta a "los anuncios" del ministro de Economía, Luis Caputo.