Más de 100 organizaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes, patologías crónicas, discapacitantes y diferentes tipos de cáncer presentaron una carta a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y al Ministerio de Salud en la que plantearon que existen unos 125 pacientes -entre el programa federal Incluir Salud y la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse)- que necesitan su medicación urgente” tras la ”repentina” interrupción de su provisión y reclamaron una reunión ”con urgencia” para abordar esta problemática. El nuevo gobierno intervino la Dadse, que está a cargo de las compras de la medicación, al detectar irregularidades, pero “garantizó” la continuidad en la entrega de medicación.
“El gobierno no puede ajustar a las personas con enfermedades graves o a los niños en tratamiento oncológico”, plantearon las organizaciones en una carta firmada por la Asociación de Dermatitis Atópica, Esclerosis Múltiple Argentina, Asociación Argentina de Fibrosis Quística, Trasplantados de Argentina, entre otras ONG.
Allí afirmaron que “hay 88 pacientes, como mínimo, del programa federal Incluir Salud que necesitan su medicación urgente y el gobierno nacional se las cortó de forma repentina, y 37 de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse)” en la misma situación.
En la misiva, el centenar de asociaciones explican que “preocupan profundamente las demoras y la falta de respuesta que estamos sufriendo actualmente en la Dadse, ahora dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, entidad encargada de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, sin cobertura médica. La misma situación la estamos atravesando con el Programa Federal Incluir Salud, dependiente de la ANDIS”, agregaron.
La falta, “pone en peligro a quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir” La falta, “pone en peligro a quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir”
Estas dilaciones “implican un grave riesgo para la vida y la salud de adultos, embarazadas, adolescentes, niños y niñas con cáncer, así como a todos los pacientes con patologías crónicas y graves que nuestras asociaciones representan” en tanto “la interrupción en la entrega de medicamentos y la asistencia en salud pone en peligro la estabilidad y el bienestar de quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir”. “Esta situación, de no revertirse, podría traducirse en consecuencias devastadoras, incluso en pérdidas de vidas humanas”, dijeron.
Además, señalaron que esto constituye “una violación” a la Constitución Nacional, a diferentes leyes nacionales y tratados internacionales; tales como la Convención de los Derechos Humanos, y la de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Es por ello que solicitamos con suma urgencia una reunión para analizar esta situación y buscar soluciones que garanticen el acceso continuo a los medicamentos y prestaciones necesarias para nuestra comunidad”, plantearon.
A la par de solicitar “se actúe con celeridad” en la dirección requerida, las organizaciones afirmaron estar “dispuestas a colaborar y aportar nuestro conocimiento y experiencia para encontrar una solución que proteja los derechos y la salud de todos los ciudadanos”.
Irregularidades
Una investigación interna del Ministerio de Capital Humano encontró irregularidades en la contratación y pago de proveedores de la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). Las compras se hacían a través de una cadena de correos electrónicos sin validar. Por algunos nombres, corresponderían a droguerías o laboratorios.
Son montos de cientos de millones de pesos que el Estado abonaba por un circuito “exprés”, fundamentado en la urgencia. La investigación determinó que 2.300 pedidos de pacientes estaban sin respuesta desde la gestión anterior. El área legal de Capital Humano hizo una denuncia penal por defraudación contra la administración pública que abarca desde 2016, cuando se implementó el procedimiento de compra exprés por urgencia, hasta el 10 de diciembre de 2023. “Se detectó que la forma en que la Dadse utilizó para comprar los medicamentos viola todas las leyes vigentes para la contratación de bienes por parte del Estado”, afirmaron desde Capital Humano. “Por esto, se decidió suspender el procedimiento de selección de proveedores”, pero asegurando que no tendría consecuencias sobre los pacientes y la provisión de medicamentos. Empero, de hecho habría devenido en la suspensión de la provisión de medicamentos vitales para al menos 125 pacientes inscriptos.
