Reclaman por la falta de pagos, la baja de pensiones y la demora en la aplicación de la ley de emergencia en Discapacidad
Tensión en la Agencia Nacional de Discapacidad
Un grupo de manifestantes integrado por familiares, profesionales y trabajadores vinculados a la comunidad de personas con discapacidad irrumpió este jueves en las oficinas porteñas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ubicadas en el barrio de Belgrano. La medida se produjo luego de que se cancelara una reunión que las autoridades habían prometido para tratar reclamos urgentes sobre pensiones, terapias y salarios.
Desde temprano, los manifestantes se habían concentrado frente al edificio para exigir respuestas sobre la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, promulgada por el gobierno pero suspendida hasta que el Congreso asigne fondos para su implementación. Ante la falta de respuestas y la negativa de los funcionarios a recibir un petitorio, los asistentes decidieron ingresar por la fuerza a las oficinas.
“Esta reunión era para exigirle al interventor Alejandro Vilches y a todo el directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. Ayer anunciaron que iban a hacerlo y, a las tres horas, dijeron que no. Es una falta de respeto”, expresó la actriz Valentina Bassi, una de las participantes de la protesta.
Bassi agregó que el malestar creció cuando no se les permitió entregar el reclamo formal: “Que no acepten el petitorio es un destrato, un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos”.
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Los medios presentes registraron el momento en que los manifestantes rompieron el vallado y avanzaron con cánticos en rechazo al Gobierno nacional.
Entre los testimonios que se difundieron, el de María, madre de dos hijos con discapacidad, reflejó la angustia del grupo. “Esto es calidad de vida, es necesidad. Que nos reciban, que nos escuchen. Que me digan en la cara por qué mis hijos no pueden tener su terapia completa, por qué las personas que trabajan para ellos no cobran en tiempo y forma”, expresó entre lágrimas.
La mujer explicó que decidieron ingresar al edificio “porque nadie los escuchaba”. “No somos violentos, pero tuvimos que romper puertas para que nos atiendan. Solo queremos que nuestros hijos vivan con dignidad”, señaló.
El conflicto se desarrolla en medio del escándalo judicial por presuntas coimas dentro de la Andis y pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto que declaró nulo el DNU presidencial que suspendía la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.
La normativa, sancionada en julio con amplio consenso, había sido promulgada por el Ejecutivo pero quedó en pausa tras el decreto 681/2025, que estableció que su ejecución dependerá de la asignación de fondos específicos en el Presupuesto 2026.
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En los considerandos del decreto, el gobierno argumentó que “los recursos necesarios para cubrir los gastos que establece la ley deben ser considerados en la discusión presupuestaria, garantizando así la coherencia del proceso financiero y la adecuada planificación de las cuentas públicas”.
Mientras tanto, familiares, trabajadores y organizaciones del sector exigen la inmediata aplicación de la ley y el restablecimiento de las prestaciones afectadas. “La emergencia en discapacidad no puede esperar al debate del presupuesto”, advirtieron desde la concentración.
La audiencia había sido postergada a pedido de su defensa por problemas de salud. La mujer, de 88 años, debe declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad
Por Facundo Borrego
Por Fermín Sanchez Duque
