La asociación provincial de prestadores advirtió que están en "franca agonía" y no piensan más allá de fin de año para trabajar en las condiciones actuales
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Tal como había anunciado incluso antes de la sanción en el Congreso, el presidente Javier Milei dejó sin efecto la ley de emergencia en discapacidad. Desde la asociación provincial de prestadores de servicios advirtieron este lunes que el veto es la "confirmación de la política de la crueldad".
La titular de la entidad santafesina, Mariel Chiapero, recordó que el rechazo del Poder Ejecutivo "era algo que ya se venía anunciando desde los 15 minutos anteriores a la votación" en el Senado. Durante un reportaje con LT8 dijo que los aumentos para los trabajadores y profesionales que realizan diferentes tareas de asistencia "no afectan al déficit fiscal", uno de los argumentos del gobierno nacional para evitar que se aplique la normativa.
La representante de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) consideró que el veto expone una contradicción en torno a las prestaciones. "El mismo Estado controla y a la vez no favorece recursos para sostenerlas", señaló.
Chiapero se mostró disconforme por la observación del decreto 534/2025. El texto publicado este lunes en el Boletín Oficial también deja de lado el aumento de las jubilaciones. "No parece haber una consideración de que detrás de estas leyes hay personas", expresó.
La presidenta de Apridis consideró que la situación actual es crítica y no hay otras salidas a la vista. Luego del veto, aseveró: "Estamos en franca agonía. Los prestadores se propusieron llegar a fin de año. De ahí en más no se puede garantizar que siga existiendo un sector que viene a garantizar derechos básicos como rehabilitación, educación y espacios de socialización".
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La titular de la asociación santafesina que los profesionales y las instituciones que trabajan con personas con discapacidad padecen una "diferencia mayor al 80 por ciento" desde que asumió Milei en la comparación entre la inflación y los costos. "Hace 10 meses que no hay aumentos arancelarios, y los sueldos han tenido pequeños aumentos", comentó en cuanto a la evolución de la crisis.
Por otro lado, Chiapero consideró que el gobierno no fue tan estricto para cuidar el déficit fiscal cuando habilitó la reducción permanente de las retenciones a la exportación de granos. De acuerdo a su análisis, el recorte "genera un impacto muchísimo mayor", mientras que la ley de emergencia sólo representa un gasto adicional equivalente al 0,03 % del producto bruto interno (PBI).
A partir del veto, el proyecto de la declaración de emergencia en discapacidad debe ser tratado nuevamente en la Cámara de Diputados de la Nación. Si la ley no obtiene al menos dos tercios de votos a favor de la sanción en esta nueva instancia, la normativa no se aplicará.
En caso de que los legisladores se pronuncien con la mayoría antes mencionada, el debate se trasladará al Senado para completar la segunda revisión. Si se repite la proporción en la segunda votación, la ley será promulgada y entrará en vigencia a pesar del rechazo del presidente.
"La angustia es enorme", manifestó Chiapero a la espera de que el Congreso retome la discusión. En cuanto a lo que falta, anticipó: "Esto desanima, pero seguiremos trabajando".
El nuevo objetivo las organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad es revertir el veto. Por su parte, la titular de Apridis quiere "apelar a que los legisladores sigan sosteniendo su posición y que reconsideren quienes se abstuvieron o votaron negativo".
Por Lucas Ameriso
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Por Aníbal Fucaraccio