Familias, trabajadores y profesionales de salud reclamaron la plena vigencia de la ley de emergencia, que Nación dejó en suspenso. Historias de lucha y espera
Familias rosarinas contaron el drama de la Discapacidad sin ley
La convocatoria era a las 11, pero unos 30 minutos antes los bancos de la plaza San Martín estaban todos ocupados. Familias enteras o grupos que eran fácilmente reconocibles por sus remeras haciendo juego esperaban para alzar su voz. Siempre con el mismo objetivo: que el sector de discapacidad en Rosario sea escuchado en por el gobierno nacional.
Familias, pacientes y trabajadores del sector de Discapacidad se congregaron este miércoles en la plaza en el marco de una jornada de protesta nacional que tenía su marcha principal frente a la Casa Rosada. El reclamo es concreto y busca que el gobierno nacional aplique la reciente ley ya promulgada, pero que quedó suspendida en su ejecución hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.
La ley de emergencia en discapacidad pasó por varios estadios antes de ser promulgada. Primero fue debatida en el Congreso de la Nación y las dos Cámaras lo aprobaron, pero Javier Milei la anuló mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El cuerpo legislativo tomó nota y puso en discusión ese veto, el cual rechazaron para dejar vigente la norma. Así, mediante el Decreto 681/25, el presidente promulgó. Sin embargo, dejó en suspenso su aplicación.
El atraso en su implementación profundiza más la crisis en el sector que ve cómo se van cayendo prestaciones. "Estamos reclamando la inconstitucionalidad del decreto 681, por la vía judicial, porque el gobierno considera que es del Congreso quien debe establecer la resignación de las partidas presupuestarias, pero esto es una potestad que tiene el jefe de gabinete", planteó Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atraes).
Leonardo hace ocho años trabaja en el sector de Discapacidad. Es psicólogo y pudo ingresar al circuito en el centro de día La Casa del Sol Naciente. Camina por la plaza y sus pacientes lo siguen como si fuera un referente, un faro. “Vinimos a reclamar por los derechos de las personas con discapacidad y los trabajadores”, le confió a La Capital. Un salario digno y un tratamiento acorde a la necesidad de los usuarios de todos los servicios que integran el sector es el propósito de todas las personas que llegaron al centro de la plaza.
El psicólogo acompañó al grupo con el que trabaja diariamente, pero elevó el reclamo de aquellos prestadores individuales, que asisten a pacientes por fuera de las redes de centros de días o instituciones médicas en general, “que más están sufriendo porque no cierran los presupuestos y no se cubren las necesidades básicas”.
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La última actualización de aranceles que recibió el sector de discapacidad fue en diciembre de 2024, al mismo tiempo el índice inflacionario superó el 17% en agosto. Leonardo trabaja unas siete horas en el centro de día, luego toma su mochila y abre la puerta de su consultorio particular donde atiende al público en general. “Hay días que llego a trabajar 12 horas de corrido. Si me dedico solo al centro de día no puedo vivir”, lamentó el profesional que desde que consiguió la matrícula se apuntaló a la atención a personas con discapacidad.
¿Y por qué seguir haciéndolo? “Porque me gusta trabajar en este sector y para mantener un derecho fundamental, lo tomo como un acto político. Estoy en la plaza por el grupo”, aseguró Leonardo, que entre sus tareas apuesta a desarrollar la psicológica subjetiva para su correcta inclusión en la sociedad y sentirse parte en el conjunto social, una de las bondades, junto a la exogamia, es decir, cruzarse con otras personas y diversidades en distintos contextos.
“Desde el gobierno de Mauricio Macri el sector empezó a estar en crisis. La discapacidad es de fácil ataque, pero en este momento es el peor, especialmente por la actualización de los aranceles, porque antes había atraso en los tiempos de pagos y hoy se paga mal”, analizó Leonardo, que también agregó dificultades para los pacientes para acceder a los servicios: “Es una forma de cortar derechos sin, entre comillas, hacerlo”.
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Violeta tiene 15 años y desde que nació padece cuadriparexia, una enfermedad que debilita los músculos. Es muy activa y su lucidez le permite asistir a un centro terapéutico especial, tiene sus sesiones de kinesiología y otras tantas actividades. Su obra social cubre parcialmente todas las necesidades de ella y por eso su papá se acercó a la plaza. Oscar llegó solo y se paró frente al sol mientras llegaban más personas: “Vengo en representación de mi hija, comprendo perfectamente lo que significa quitarle a los discapacitados. Estamos afrontando la compra de un corsé especial que vale 1.2 millones de pesos y la obra social no me reconoce el 100%. Es mucho esfuerzo”.
“El sector de Discapacidad no significa un gran gasto para el Estado. Si quieren ahorrar que empiecen por otro lado”, agregó Oscar ante La Capital y puso en palabras las sensaciones que atraviesan las familias de pacientes con discapacidad: “Estamos temblando con esta situación, si tenemos que afrontar todo lo de nuestros chicos es imposible. Ellos merecen tener educación e integración como todos. El Estado es ciego frente a esto”.
Oscar intentó detallar las peripecias a las que se enfrenta a diario por las dificultades de financiamiento: perdió centros educativos adheridos al sector y tardó meses en encontrar un transportista habilitado ante la saturación de un sistema que pierde día a día a más conductores. “En el centro donde va Violeta le dan de comer a los chicos, pero ahora nos pidieron que mandemos la comida porque no les alcanza para comprar nada. No ven esto desde el Estado, están en un escritorio y no salen a la calle a ver la realidad”.
“Vi compañeros que directamente dejaron la actividad por esta cuestión. Sus usuarios te llamaban y rogaban para que los lleves”, contó Fabio, transportista de personas con Discapacidad desde hace 12 años, a este medio. La relación generada entre el trabajadore y los pacientes transportados lleva a situaciones particulares: “Te encariñas porque esto no es un taxi, que el usuario lo toma ocasionalmente o no sabe quién maneja. Acá se establece un vínculo donde si no llevas a una persona pierde la atención. No quiero llegar a esa situación, pero si seguimos así estamos cerca".
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Fabio, a sus 60 años, reconoce que siempre estuvo en la lucha por mejores aranceles, pero que, en esta oportunidad, con números congelados desde 2024 “es peor”. Llegó a la plaza para visibilizar la problemática de él y tantos compañeros y “luchar contra el sistema que nos ignora”. Sin la ley que rescata el sector, no habrá 2026 para la Discapacidad.
El conductor cruzó los dedos, en señal de suerte, a la hora de hablar de su actividad: “Por ahora me la banco, pero no sé hasta cuándo, todo mientras el vehículo no se te rompa. Pero también en lo personal porque si tengo que hacer un arreglo de plomería en tu casa no me dan los números”.
El vocero presidencial Adrián Ravier incluyó a Rosario en la polémica nacional por la presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas. Según los datos difundidos, 4.517 de los 13.969 alumnos regulares de la carrera de Medicina de la UNR son extranjeros.
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