Diagnósticos y más diagnósticos... El problema ya no es entender, sino actuar

En los últimos años, el cambio climático dejó de ser una advertencia incómoda de la comunidad científica para convertirse en un consenso institucional global. Desde el Acuerdo de París hasta los informes del IPCC, la evidencia se consolidó, los compromisos se multiplicaron y la transición energética pasó a formar parte del discurso habitual de gobiernos, empresas y organismos multilaterales.

Hoy sabemos qué ocurre, por qué ocurre y qué debería hacerse para evitar escenarios más extremos. Incluso cuando algunos líderes intentan relativizarlo o negarlo, el consenso científico no retrocede.

La etapa del diagnóstico, en gran medida, ya fue transitada.

El problema ya no es la falta de información. Es la falta de decisiones capaces de alterar la trayectoria.

Lo que está en juego no es el reconocimiento del problema, sino la profundidad de cambio que estamos dispuestos a asumir. Porque entre declarar la urgencia y transformar las estructuras que la producen existe una distancia considerable. Y es en ese espacio donde se define el verdadero ritmo de la transición.

Por qué cuesta tanto avanzar

Todo proceso de cambio implica tensiones. Cuando se ponen en discusión modelos de desarrollo, matrices energéticas y dinámicas productivas consolidadas, es natural que aparezcan resistencias. Algunas son explícitas y visibles. Otras, más sutiles.

A veces esa resistencia se expresa como un retroceso abierto. Cuando eso pasa, es fácil de notar. Se traduce en decisiones ejecutivas, en modificaciones regulatorias concretas y en señales políticas que no dejan margen para la ambigüedad.

La decisión de Donald Trump de revocar la base legal que habilitaba a la Agencia de Protección Ambiental a regular seis gases de efecto invernadero encaja en esa categoría. Ahí el mensaje fue directo: reducir cargas regulatorias inmediatas, aun cuando implica desregular las emisiones en sectores clave como energía, transporte e industria.

Su eliminación no es un tecnicismo jurídico: debilitó el andamiaje que sostenía la política climática en la mayor economía del mundo. El argumento oficial apela a la competitividad y a la reducción de costos inmediatos. Pero el efecto estructural es distinto: postergar costos ambientales y sanitarios que inevitablemente terminarán siendo asumidos por la sociedad.

Ese tipo de retroceso es explícito. Se ve. Genera titulares. Produce reacción. Lo vemos hoy en nuestro país con el debate en torno a la posible modificación de la Ley de Glaciares: cuando se revisan marcos de protección ambiental bajo el argumento de dinamizar la economía, la señal política también es clara.

Sin embargo, no es esta la forma más frecuente en la que opera la inacción climática.

Más habitual –y más difícil de identificar– es aquella dinámica que funciona, más bien, como una acumulación de decisiones que mantienen la estructura general del sistema, mientras incorporan ajustes graduales que no alteran su lógica central.

Los grandes acuerdos comerciales ofrecen un ejemplo de esto. No porque nieguen la agenda ambiental –de hecho, suelen incorporarla en sus capítulos específicos– sino porque su implementación efectiva queda atrapada en tensiones geopolíticas, presiones sectoriales y procesos de ratificación que pueden extenderse durante años.

El debate en torno al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos mostró hasta qué punto estos instrumentos pueden quedar subordinados a equilibrios políticos más amplios. La sostenibilidad aparece en los textos; pero su traducción a flujos de inversión y estándares regulatorios concretos depende de equilibrios que rara vez tienen al clima como prioridad.

Algo parecido ocurre con el tratado entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Tras más de dos décadas de negociación, el texto incorpora compromisos vinculados al Acuerdo de París y cláusulas ambientales específicas. Sin embargo, aún no está en vigor. Su activación depende de procesos de ratificación política que siguen abiertos, especialmente en varios países europeos.

El tratado existe. Las cláusulas verdes existen.

Lo que no existe todavía es su aplicación efectiva.

A esa demora se suman tensiones sectoriales que revelan otra dimensión del problema. En el capítulo de biocombustibles, analistas advierten que ciertos criterios regulatorios favorecen la producción interna en la UE, mientras condicionan la expansión exportadora de países latinoamericanos –entre ellos Argentina– que cuentan con ventajas comparativas en ese sector.

Estos debates no son meramente técnicos. Reflejan que la transición energética no es solo un desafío ambiental, sino también económico y estratégico. La definición de estándares, certificaciones y requisitos de sostenibilidad terminan definiendo quién accede al mercado y quién queda relegado.

En un extremo se desregula de forma explícita. En otro, se demoran decisiones o se diseñan marcos regulatorios cuya implementación redistribuye beneficios de manera desigual. En ambos casos, el patrón se repite: los discursos avanzan más rápido que las estructuras que deberían cambiar.

No es casual. Cuando la presión económica aumenta o la competencia se intensifica, el corto plazo vuelve a imponerse. Y el clima, otra vez, queda subordinado a esa lógica.

Presente político vs futuro climático

Aparece una tensión inevitable: la política se mueve al ritmo de la urgencia. Los gobiernos enfrentan elecciones, inflación, presiones sectoriales y demandas sociales que exigen respuestas inmediatas. La crisis climática, en cambio, avanza de manera acumulativa hasta que los impactos se vuelven ineludibles.

Reducir subsidios a combustibles fósiles, imponer estándares ambientales más estrictos o rediseñar infraestructura implica asumir costos hoy para evitar daños mayores mañana. Y esos costos no suelen ser populares.

Ahí aparece la tentación de postergar.

No negar el problema, pero tampoco enfrentarlo con la velocidad que exige.

No frenar la transición, pero tampoco acelerarla lo suficiente como para incomodar intereses consolidados.

La ilusión del progreso parcial

Otro riesgo de esta etapa es la sensación de que estamos haciendo lo suficiente. Más energías renovables, más compromisos empresariales. Todo eso es relevante y necesario.

Pero la transición no se mide solo por la incorporación de nuevas tecnologías, sino por la reducción efectiva de la dependencia de combustibles fósiles y por la coherencia entre lo que se anuncia y lo que se financia.

El progreso fragmentario puede generar señales positivas y confianza. Sin embargo, si el núcleo del sistema energético productivo sigue operando bajo la misma lógica, el impacto global puede ser limitado.

Mientras la matriz energética global siga sosteniendo volúmenes significativos de emisiones, mientras las ciudades crezcan bajo patrones de alto consumo y mientras el riesgo climático no esté plenamente incorporado en presupuestos y planes de desarrollo, el cambio será parcial. Y lo parcial, frente a un fenómeno acumulativo, puede resultar insuficiente.

La inacción como elección

La prudencia se presentó durante mucho tiempo como sinónimo de responsabilidad: avanzar gradualmente, no afectar la competitividad, evitar desequilibrios. Pero cuando el riesgo es sistémico, la demora deja de ser neutral. Administrar el tiempo también es una forma de decidir.

Cada año sin una revisión profunda de subsidios, cada presupuesto que prioriza infraestructura convencional por sobre resiliencia climática, cada postergación en la adopción de estándares exigentes constituye una decisión concreta. No es una omisión: es una asignación implícita de costos y beneficios.

No hacer lo suficiente es elegir.

Elegir que los impactos recaigan con mayor fuerza sobre los territorios más vulnerables.

Elegir que la corrección futura sea más cara, más abrupta y más desigual.

El debate ya no es si el cambio climático existe. No discutimos evidencia. Discutimos quién asume los costos de transformar el modelo productivo y quién continúa capturando los beneficios del esquema vigente.

Mientras esa conversación permanezca encapsulada en tecnicismos o diluida en objetivos a 2050 sin respaldo presupuestario claro, la transición seguirá siendo gestionada como un ajuste marginal y no como reconfiguración estructural.

Volvemos, entonces, al punto de partida.

Vivimos en una época de saturación de diagnósticos. Sabemos con precisión científica qué está en juego, conocemos las trayectorias de riesgo y contamos con herramientas para actuar. Lo que falta no es comprensión.

Cuando el problema ya está diagnosticado, la inacción deja de ser ignorancia. Se convierte en una elección.