Probation: los acusados acordaron la entrega de equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas por un valor de 30 millones de pesos
Parte del equipamiento adquirido para los centros de salud municipales de Venado Tuerto con los aportes de los financistas investigados.
Una financiera de Venado Tuerto investigada por la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central entregó equipamiento médico por 30 millones de pesos —equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas— a centros de salud municipales de esa ciudad.
La medida es parte de la suspensión del juicio a prueba —lo que se conoce como probation— acordada entre las partes y recientemente homologada por el juez federal de Garantías Aurelio Cuello Murúa.
Según refiere el sitio web Fiscales.gob.ar del Ministerio Público Fiscal (MPF), la investigación comenzó en junio de 2024 a partir de un robo en una casa de Cabral 4 de Venado Tuerto de donde se llevaron unos tres millones y medio de pesos y 3.500 dólares. El entonces titular de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, ordenó investigar si en ese lugar se realizaban maniobras de intermediación financiera no autorizada.
Una serie de medidas que incluyó allanamientos y consultas con el Banco Central estableció que en esa casa, donde se hallaron máquinas de contar dinero, celulares, computadoras y documentación, se realizaban operaciones de cambio de divisas sin autorización. Así, las víctimas del robo —Edgardo U. y Marcela G.— fueron imputados por esas maniobras de intermediación financiera sin autorización legal.
La causa siguió sus pasos y en enero de este año los fiscales federales acordaron con la defensa de los imputados la suspensión del proceso a prueba. Como parte del acuerdo, los imputados debieron aportar 15 millones de pesos cada uno en equipamiento médico, lo que totalizó una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal, “equivalentes al perjuicio ocasionado al sistema económico y financiero”.
El acuerdo fue homologado por Cuello Murúa el 15 de enero pasado. El acuerdo tiene una vigencia de dos años durante los cuales los imputados no podrán, entre otras cosas, ofrecer servicios de compraventa de moneda extranjera y préstamos personales.
La audiencia había sido postergada a pedido de su defensa por problemas de salud. La mujer, de 88 años, debe declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad
Por Elbio Evangeliste
