La grave crisis institucional abierta por el desafío secesionista en Cataluña llegó ayer a un punto crítico, al anunciar el gobierno de Mariano Rajoy que intervendrá la autonomía de la región después de que el Ejecutivo regional de Carles Puigdemont amenazara con formalizar la independencia unilateral. Tanto la proclamación de una "república catalana independiente" en el "Parlament" regional como el paso inédito del Estado asumiendo, por ejemplo, competencias de la policía o la hacienda catalanas abrirían un nuevo escenario de consecuencias imprevisibles y provocarían la escalada de una crisis que preocupa en toda Europa. El gobierno de Rajoy había fijado un ultimátum hasta ayer para que Puigdemont diera marcha atrás en su plan y volviera a la legalidad. En caso contrario, avisó Madrid, se activaría el artículo 155 de la Constitución, que permite "adoptar las medidas necesarias"para forzar a una región a cumplir la ley. Se esperaba que Puigdemont eludiera el requerimiento de Madrid y se limitara a pedir diálogo, como hizo el lunes cuando venció un primer plazo fijado por Rajoy, pero el líder secesionista fue más allá. Si Madrid "persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlamento catalán procederá, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no hizo el 10 de octubre", amenazó en su carta a Rajoy.
El texto recuerda que ese día Puigdemont anunció la independencia en el "Parlament"y la suspendió de inmediato. "Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos hicieron llegar, a usted y a mí, instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y el resto del mundo", añadió sin ofrecer más precisiones y lamentando que la "única respuesta"fue la "suspensión de la autonomía".
Madrid respondió de inmediato a la carta con un comunicado en el que avisa que, ante la "negativa" de Puigdemont a responder al requerimiento, el gobierno español "continuará con los trámites previstos" en el artículo 155 de la Constitución: un paso inédito en 40 años de democracia en España.
La falta de precedentes en la aplicación del artículo 155 hace difícil prever sus implicaciones. Un consejo de ministros extraordinario acordará mañana las medidas concretas que se tomarán en Cataluña para enviarlas luego al Senado, donde se votarán previsiblemente a finales de la semana que viene. La prensa especula con que el gobierno de Rajoy, que cuenta con el apoyo de los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos, intervendrá de forma gradual autoridades como la polémica policía autonómica de Cataluña o consejerías del gobierno de Puigdemont con el objetivo final de convocar elecciones anticipadas. "La intervención será limitada, breve y siempre con el horizonte de restablecer la normalidad democrática, el funcionamiento de las instituciones y (...) la preservación del autogobierno catalán", dijo ayer el secretario Organización del PSOE, José Luis Abalos. "Una democracia europea, un Estado de Derecho, no puede aceptar el chantaje", recordó el liberal Albert Rivera, líder de Ciudadanos, quien instó a Madrid a convocar elecciones en Cataluña.
La aplicación del 155 podría tener su costo de imagen para el gobierno y dar aire a la propaganda independentista. El propio Rajoy habló el miércoles en el Congreso de "decisiones que sin duda alguna sería mejor no tomar". Además de convocar manifestaciones en las calles, los sectores más radicales del independentismo presionan a Puigdemont para que declare la independencia. La amenaza de jefe del Ejecutivo catalán disgustó ayer no solo al gobierno y la oposición de socialistas y liberales, sino también a las fuerzas de izquierda que vienen respaldando un diálogo entre Madrid y Barcelona. "No nos gusta que Puigdemont amenace con declarar una independencia que no sería legítima", lamentó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también crítico con la intervención de la autonomía en Cataluña. "Hay dos soluciones: o echar más leña al fuego por la vía de la DUI (declaración unilateral de independencia)y el 155, o buscar soluciones".
En el ámbito internacional, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dejó clara la postura de la Unión Europea: "Nadie va a estar a favor de la independencia de Cataluña, nadie en Europa podría aceptar la independencia de Cataluña. Nadie va a ayudar al gobierno de Cataluña en esta dirección", dijo. Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo a su llegada a Bruselas, donde participará —también con Rajoy— en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), que los mandatarios enviarán "un mensaje de unidad" a España.
Berlusconi
El ex premier italiano Silvio Berlusconi dijo ayer que la crisis catalana se puede resolver a través del diálogo. "Creo que sólo el diálogo, que podría seguir o no a un referéndum certificado en el que deberían participar todos los catalanes, inclusive los que quieren seguir formando parte de España" (puede resolver la crisis).
