Primer revés para un hábeas corpus de Lula ante la Corte Suprema brasileña

La Procuraduría General de Brasil emitió un dictamen contrario a la anulación de la condena a prisión que cumple el ex presidente Lula Da Silva por actos de corrupción. El dictamen de la procuradora general de la República, Raquel Dodge, responde a un pedido de hábeas corpus de los abogados de Lula, fundado en las conocidas filtración de conversaciones entre el juez Sergio Moro y los fiscales del caso Lava Jato, publicadas la semana pasada por un sitio web, The Intercept.

   Dodge consideró en el dictamen elevado al Supremo Tribunal Federal (STF) que la petición debe ser rechazada porque se basa en hechos sobre los que hay serias “dudas jurídicas”. El STF anunció que se pronunciará el próximo martes sobre el pedido de Lula, quien aspira a lograr la anulación de la condena y su libertad. Las conversaciones filtradas por un sitio web el 9 de junio demostrarían según los abogados de Lula, que el ex presidente fue “víctima de una operación judicial” destinada a condenarlo y sacarlo de la campaña electoral para regresar a la presidencia del país el año pasado.

   El actual ministro de Justicia Sergio Moro fue hasta el año pasado el juez federal responsable del Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil, en el marco de la cual condenó a Lula a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero. Luego una cámara de apelaciones elevó esa condena a 12 años y ordenó el inicio del cumplimiento efectivo de la pena. En abril del año pasado, Lula debió ingresar detenido a una dependencia policial de Curitiba, donde aún continúa. Las elecciones brasileñas se compitieron con él detenido y su partido, el PT, debió concurrir con otro candidato, Fernando Haddad. Este fue derrotado con amplitud por Jair Bolsonaro en el ballottage, por 55% a 45% de los votos. Pero el PT mantiene desde entonces que la condena de Moro fue una maniobra para sacarlo de competencia, pese a que el proceso Lava Jato exhibe un alto nivel de reconocimiento y respaldo entre los brasileños, así como la figura de Moro, el ministro más popular del gabinete de Bolsonaro.

   Moro compareció esta semana ante una comisión del Senado para presentar su defensa por el caso de las escuchas publicadas y alegó que las conversaciones fueron obtenidas ilegalmente. Este punto es irrebatible: el sitio web The Intercept, publicó conversaciones de la red Telegram entre Moro y los fiscales y abogados de la causa Lava Jato. Algo que es sin dudas ilícito, como remarca en su dictamen la procuradora general Raquel Dodge. Pero para la defensa estos contactos entre los actores de un caso en curso podrían suponer una violación del Código Procesal Penal. Por ello la defensa de Lula ha recurrido un nuevo hábeas corpus. Así intenta anular la condena a doce años de cárcel de Lula por aceptar un tríplex de lujo en la costa de San Pablo como pago de sus favores políticos a la empresa constructora OAS. Esta habría obtenido gracias a las gestiones de Lula importantes contratos de obra pública.

Moro alegó además ante el Senado que no puede constatar la veracidad de las charlas, ya que pudieron haber sido modificadas y que nada de lo divulgado hasta el momento muestra que hubiera intervenido ilegalmente en el proceso penal contra Lula u otros condenados en el Lava Jato. Pero además Moro alegó ante los senadores que “no hubo colusión, sino divergencias”, en las discusiones con los fiscales. Como prueba de esto, Moro recordó que de las 45 sentencias emitidas en el Lava Jato, el Ministerio Público recurrió sólo 44.

   Para la procuradora Dodge, las filtraciones publicadas por The Intercept aún no fueron presentadas ante “las autoridades públicas para que verifiquen su autenticidad. Ante eso, su autenticidad no fue analizada y muchos menos confirmada”, añadió en su dictamen de rechazo. “El hecho es que el material publicado por The Intercept Brasil, al que se refiere la petición de la defensa, aún no ha sido presentado a las autoridades públicas para que se verifique su integridad. Ante esto, su autenticidad no ha sido analizada y mucho menos confirmada”, escribió Dodge. La PGR destacó que, dados los elementos actuales, existe una “duda legal fundada” que impide el uso del material como prueba en este momento. El análisis del pedido de hábeas corpus está programado para el próximo día 25 por el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema. La solicitud de la defensa de Lula se había hecho antes de la publicación de los mensajes en el sitio, pero después de los informes, la defensa de Lula agregó el material para reforzar los argumentos de hábeas corpus.

La defensa ha querido aclarar que, “en contra de lo afirmado” por Dodge en su escrito de este viernes, el hábeas corpus no se basa exclusivamente en las revelaciones de The Intercept. Según ha explicado en un comunicado la defensa, solamente se añadieron en la última fase para apoyar el argumento de que Moro fue parcial al juzgar a Lula.