La cuenta atrás hacia la ruptura decisiva del diálogo entre Madrid y Barcelona quedó ayer marcada por el debate sobre la convocatoria de elecciones en Cataluña y por la posible comparecencia en el Senado español del jefe del gobierno regional, Carles Puigdemont. El "Parlament" en Barcelona celebrará mañana un pleno en el que se espera que Puigdemont declare la independencia unilateral, pero diversas fuerzas insistieron ayer en pedirle que evite ese paso y convoque en cambio elecciones autonómicas como salida "in extremis"! la crisis creada por su desafío secesionista. "Si se convocan elecciones en el marco constitucional y dentro de la legalidad vigente, no tendría razón de ser la puesta en marcha del mecanismo 155 de la Constitución, que sólo se pone en marcha cuando lo apruebe el Senado", dijo ayer Margarita Robles, portavoz parlamentaria de los socialistas del PSOE en el Congreso español. Incluso el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna la región del norte de España, reclamó ayer a Puigdemont las elecciones para evitar que el gobierno de Mariano Rajoy siga adelante con la intervención de la autonomía de Cataluña —mediante el artículo 155 de la Constitución— que el Senado aprobará previsiblemente el viernes.
Madrid, por el contrario, cuestionó ayer la idea de que la llamada a las urnas baste para paralizar la aplicación del artículo 155. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aclaró que "el asunto va mucho más allá" y sostuvo que la única salida pasa por que el "Govern" explique que no declaró la independencia y vuelva a la ley.
Más allá del debate sobre las últimas esperanzas de evitar tanto la independencia unilateral mañana en el "Parlament" como la luz verde a la intervención del gobierno el viernes en el Senado, la convocatoria de elecciones está siendo al parecer estudiada por el "Govern" de Puigdemont. Así lo reveló ayer la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido que lo apoya en el Parlamento. "Nos consta que está sobre la mesa del Govern. Hay una propuesta de convocar elecciones autonómicas", dijo el diputado regional Carles Riera, que rechazó de plano esa vía como "arma nuclear para acabar con el proceso de independencia". El segundo frente que marcó la escalada entre Barcelona y Madrid fue el intento de cuadrar una comparecencia de Puigdemont en el Senado español para presentar las alegaciones de Cataluña contra la aplicación del artículo 155 y la intervención de la autonomía.
Puigdemont podría comparecer mañana en la comisión instaurada ayer para discutir la aplicación del artículo, en cuyo caso debatiría con un miembro del gobierno central, o el viernes en el pleno del Senado que aprobará la intervención, lo que permitiría un cara a cara con el propio Rajoy, que acudirá casi con seguridad a la sesión. Por el contrario, la comisión del Senado rechazó recibir a Puigdemont hoy, como pedía el gobierno catalán. "La voluntad es ir, pero cada vez lo ponen más difícil", criticó el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull.
El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, rescató en cambio la "voluntad de debate" y consideró "un honor" si Puigdemont acude. "Tendría un valor más allá, porque de alguna manera el president de la Generalitat se somete al sistema, que es participar en el juego parlamentario, lo que lleva consigo aceptar el resultado final". El gobierno catalán abrió una crisis sin precedentes organizando un referéndum soberanista el 1º de octubre pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español, que luego lo declaró nulo e ilegal. Basándose en la amplia victoria del "sí" a la ruptura con España (los partidarios del "no" boicotearon la consulta), Puigdemont anunció la independencia hace dos semanas en el Parlamento regional, pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo con Madrid. Tras dos pedidos de rectificación no atendidos por Puigdemont, Rajoy anunció el sábado la aplicación del artículo 155, que permite a un gobierno tomar "las medidas necesarias" para forzar a una región a cumplir la ley. Un paso arriesgado para el que se aseguró el apoyo del rey Felipe VI, de parte de la oposición y de sus socios europeos.
En el caso de Cataluña, Madrid propuso destituir a Puigdemont y su gobierno, entre otras medidas, y convocar elecciones en seis meses. Tras su aprobación en el Senado, la intervención comenzaría el mismo sábado. Sectores secesionistas pidieron boicotear y resistir la medida, lo que augura más semanas de tensión y un escenario imprevisible en la crisis. En paralelo, Puigdemont sigue soportando la presión de los medios económicos, muy nerviosos, como demuestra el dato de que casi 1.400 empresas sacaron sus sedes sociales de Cataluña desde inicios de mes.
autodeterminación. Los grafitis pidiendo libertad para Cataluña se multiplican en las calles de Barcelona.
