Una huelga de jueces sin precedentes

Madrid.— España vivió ayer la primera huelga de jueces de su historia, con la que los magistrados expresaron su malestar por la sobrecarga de trabajo, el atraso tecnológico del sistema judicial y presuntas injerencias políticas en la Justicia.

El paro, considerado ilegal por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue convocado en una decisión sin precedentes por dos de las cuatro asociaciones de magistrados del país, la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).

Según datos ofrecidos por los convocantes, unos 2.200 de los 3.500 jueces que estaban convocados a hacerlo secundaron el paro. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se opuso a la huelga, cifró sin embargo en algo más de un 35 por ciento del total de los jueces los que siguieron el paro.

Ante la falta de precedentes de una huelga judicial, fueron los propios jueces los que fijaron los servicios mínimos, que se limitaron a casos urgentes, fallecimientos y bodas ya previstas.

Incrementar en 1.200 el número de jueces en cinco años, repartir la carga de trabajo de forma más razonable, eliminar el traslado forzoso en casos de ascenso —para poder así conciliar mejor la vida laboral y la familiar—, modernizar el sistema informático de la judicatura y seguir teniendo la competencia para fijar las fechas de los juicios —algo que una reforma quiere adjudicar a los secretarios judiciales— son algunas de las reivindicaciones de los jueces.

Los magistrados además piden un aumento de las retribuciones por las jornadas de guardia, si bien en las negociaciones congelaron sus exigencias salariales para centrarse en todo lo relacionado con el mejor funcionamiento de la Justicia.