Adrián R. tiene 19 años y desde la pubertad su vida fue marcada por infortunios.
A los 14 años ingresó en el campo del delito. Las adicciones lo llevaron a pasar por varios
institutos de rehabilitación y, al parecer, los tratamientos no lograron alejarlo del flagelo de la
droga.
Ahora, una jueza de Menores de Rosario lo condenó a tres años de prisión de
ejecución condicional por hurto y robo calificado. El muchacho no irá a la cárcel: la magistrada
valoró que el encierro no puede contribuir a modificar conductas incorporadas en su historia de
vida. Incluso en prisión, estima la jueza, reforzaría esos comportamientos, que para él equivalen a
mecanismos de supervivencia.
En el fallo, la jueza de Menores Nº2 Gabriela Sansó también le impuso a Adrián
algunas pautas de conducta: no consumir estupefacientes, terminar la escuela primaria y obtener un
trabajo remunerado. La magistrada dispuso que las autoridades de la Dirección de Control y
Asistencia Pospenitenciaria supervisen la "implementación" de estas condiciones. Lo que no deja
claro el fallo es cómo el muchacho se las arreglará para acceder a un trabajo o a una instancia
clínica que lo rehabilite. Si eso quedara librado a él mismo o a su familia, el camino de la
recuperación se presupone empinado: fue desde su entorno donde se originó el ciclo de conductas que
lo llevaron a caer preso una y otra vez.
Conductas irritantes. Adrián fue imputado por tres ilícitos, en los que se probó
su autoría. No eran delitos graves pero sí del tipo que provocan gran irritación pública. El 30 de
agosto de 2006, cuando tenía 16 años, ingresó en dos viviendas vacías escalando tapiales y robó
objetos. El 20 de febrero del año siguiente forzó el ventilete de un auto estacionado, se apoderó
de una billetera y para evitar ser detenido amenazó con un cuchillo a un custodio privado. Cinco
meses después, destrozó con un adoquín la luneta trasera de un auto y allí fue apresado.
A partir de los 16 años —los menores son punibles desde esa edad—,
comenzó un tratamiento tutelar, que la jueza Sansó consideró como "negativo" en cuanto a sus
resultados, ya que el muchacho no expresó una "voluntad de cambio".
Según el informe de los profesionales que lo atendieron, su paso por los
institutos de menores estuvo marcado por conflictos "graves". "Manipuló a sus compañeros para que
tuvieran actitudes negativas y puso en riesgo su vida y la de otras personas", explicaron.
El tratamiento. En principio, se intentó concretar el seguimiento dentro de su
grupo familiar ya que la madre siempre se mostró preocupada por la situación de su hijo. Ante la
imposibilidad de contenerlo, fue alojado en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario
(Irar). En septiembre del 2007, salió de ese centro a raíz de que se infligió una herida cortante.
Fue atendido en el hospital Provincial y allí lo detuvieron bajo la acusación de haber intentado
robarle la moto al cocinero del nosocomio.
En febrero del 2006 estuvo internado en el Centro de Alojamiento Transitorio
(CAT) y pidió ser alojado en un hogar granja. En ese momento, el padre vivía y trabajaba en
Irlanda. Entonces, desde el tribunal se sugirió que participara en el programa de libertad
asistida, pero no se pudo concretar porque resultó herido en un hecho no aclarado.
En abril del 2006 —ya tenía 16 años—, las autoridades judiciales
aconsejaron que ingresara a un instituto de rehabilitación toxicológica. Un mes después fue
derivado a la granja abierta de General Lagos, pero se escapó cinco horas después de su arribo.
Veinticinco días después, ingresó nuevamente en el CAT.
Atrapado sin salida. En julio de ese año, fue detenido y regresó al Irar. Dos
meses después un equipo de orientación y diagnóstico explicó que el adolescente "se vanagloriaba de
sus conductas violentas, sin valorar los riesgos a los que se exponía, ni medir las consecuencias
de sus actos". En el informe se reiteró la necesidad de internación en un instituto de alta
contención.
En agosto del 2007, el muchacho intentó quitarse la vida en el Irar. Cuatro
meses después se anudó una sábana en el cuello. En el comienzo del 2008, regresó a la casa de su
madre, pero el 1º de marzo fue apresado por un intento de robo y volvió al Irar, donde reiteró una
tentativa suicida.
El 14 de noviembre, el psicólogo Fabián Murzyla, jefe del Irar, sostuvo que la
permanencia de Adrián allí era "insostenible" ya que sus conductas "ponían en riesgo" a sus
compañeros y a los agentes penitenciarios.
En ese mes, fue trasladado al pabellón juvenil de la cárcel de Rosario. Ya había
cumplido los 18 años. Finalmente, en un informe del 20 de febrero pasado, la psicóloga del presidio
senaló que el muchacho había logrado una "buena convivencia" con los otros reclusos y aceptado las
tareas que le asignaron.
En el marco del proceso penal, la fiscal solicitó una pena de cuatro años de
prisión —de cumplimiento efectivo— mientras que la defensa de Romero y la asesora de
Menores pidieron la absolución ya que el encierro no contribuiría a su recuperación. Finalmente, la
jueza Sansó decidió condenarlo a tres de prisión de ejecución condicional.