Cuatro integrantes de una peligrosa banda de escruchantes con aceitada logística y a la cual se le atribuyen al menos 9 robos a departamentos del microcentro de Rosario, seguirán en prisión preventiva por 30 días más, según la decisión del juez que ayer revisó la medida impuesta cuando fueron detenidos, en marzo pasado. Si bien la fiscalía tenía en carpeta adjudicarle nuevos hechos que surgieron de la investigación, se decidió que eso sea planteado en otra audiencia. Aparecieron otras víctimas tras la difusión del caso.
El 24 de marzo pasado Jorge Alberto P., de 50 años; Jonatan F., de 26; Cristian Leonel D., de 23 años, y Jonatan Ezequiel F. de 24 años, y Andrés F., fueron imputados provisoriamente de robo calificado por efracción, en poblado y en banda, y se ordenó su prisión preventiva por 30 días.
En ese momento el juez desechó la pretensión del fiscal Nicolás Foppiani que pidió acusarlos de conformar una "asociación ilícita" cuya jefatura le adjudicó a Jorge P.
Cuatro de ellos fueron detenidos el 22 de marzo al ser sorprendidos "en flagrancia" durante su último atraco a un departamento ubicado en Laprida al 800. Mientras que Andrés F. se presentó espontáneamente ante la fiscalía al ser mencionado en la causa.
Ayer se cumplió el plazo previsto por ley para revisar la medida cautelar impuesta a los imputados. Pero además Foppiani creyó oportuno achacarle al grupo otros 5 nuevos hechos (también escruches), los cuales surgieron en la pesquisa a partir de hilvanar datos aportados por víctimas, que reconocieron sus objetos robados en las publicaciones periodísticas y el portal oficial de la Fiscalía Regional.
Tras un intercambio de posiciones entre las partes, el juez Vienna resolvió que ayer sólo se discutiría el vencimiento de la prisión preventiva, y se desdoble en una nueva audiencia con día y horario a confirmar la acusación de los hechos recientemente pesquisado por el fiscal.
Utilizando como base las evidencias ya mencionadas, Foppiani solicitó la prórroga de la prisión, y aclaró que se está frente a una "asociación ilícita" a la que tiene "muchos hechos más" por achacarle.
Aclaró que la causa tiene aún medidas pendientes, como las pericias de los teléfonos de los imputados, de escuchas, imágenes de cámaras de seguridad de los edificios, lo cual sustenta su pedido.
Los abogados defensores rechazaron la petición. Carlos Varela, por Jorge Alberto P., Cristian D. y Jonatan Ezequiel F., se opuso a la pretensión fiscal. "El fiscal detiene para poder investigar, eso no puede ser así", dijo el letrado y se quejó por la lentitud de la investigación. Luego, ofreció garantías laborales y fianzas de 30 mil pesos por cada cliente para lograr su libertad con restricciones.
Tras analizar la situación, el juez Vienna finalmente hizo lugar al pedido de Foppiani y decidió prorrogar por 30 días la prisión preventiva a los cuatro escruchantes.
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó escuchas, allanamientos a departamentos y domicilios donde se recuperaron objetos. La gavilla se movía con un handy con frecuencia policial.
"Tenían capacidad económica y medios para atentar contra la intimidad de las personas, como una camioneta Toyota Hilux, un Ford Focus, y motos enduro. Alquilaba un departamento en Suipacha al 1100 que era utilizado como aguantadero para el ocultamiento de los elementos robados", describieron los fiscales.
