Las amenazas de expulsión que en repetidas ocasiones recibió el religioso británico Paul Michael John Mac Auley, de 62 años, se hicieron realidad anteayer cuando una carta de Seguridad del Estado le notificó que tenía siete días para abandonar el país “por realizar actos contra el orden público interior”.
Tras 20 años de servicio religioso en Perú, los últimos diez en la región amazónica de Loreto, el gobierno peruano cancelaba su residencia al considerar que el hermano de la orden de La Salle había infringido el artículo 63 de la ley de extranjería “por participar en actividades distintas de su condición de residente religioso”.
Cuando se topó con la noticia, Mac Auley acababa de regresar de la olvidada provincia de El Putumayo, en la desangrada frontera entre Perú y Colombia. Durante diez días había impartido en la comunidad de El Estrecho un taller sobre identidad y derechos organizado por el Vicariato de Iquitos.
“Siento mi expulsión como un golpe a la doctrina de la Iglesia de protección de los recursos naturales para el bien común”, denunció el religioso a la edición digital del diario español El Mundo.
Fundador de la Red Ambiental Loretana, el hermano Paul, como es conocido por los pueblos indígenas y ribereños de la selva peruana, es fiel seguidor de la doctrina de defensa de la Amazonía establecida en la reunión de obispos de Aparecida (Brasil, 2008).
A través de la Red Ambiental, Mac Auley protagonizó denuncias fiscales en contra de la empresa Argentina Pluspetrol por la contaminación del río Corrientes. Frente a la demostrada presencia de plomo y cadmio en la sangre de los niños del pueblo aborigen Achuar, cercano a los pozos que opera Pluspetrol, Mac Auley logró que los indígenas y la multinacional firmaran el Acta de Dorissa (2005), que obliga a Pluspetrol a reparar el daño ambiental y a indemnizar a las comunidades aborígenes afectadas por la contaminación.
En los últimos meses, Mac Auley había encabezado una corriente crítica de opinión frente al proyecto de nueva ley forestal, que, según explicó el religioso, permite la subasta de lotes de 10 mil a 40 mil hectáreas sin poner restricciones que eviten el monopolio.
“Esta ley tendrá un fuerte impacto en el bosque amazónico ya que abre el camino a grandes grupos industriales para la concesión de enormes extensiones para el cultivo de biocombustibles”, explicó a pesar de la difícil situación legal en la que se encuentra.
Cuenta que tiene esperanzas en que el gobierno dé marcha atrás en su decisión de expulsarlo del país. Para ello, el religioso inició junto con el Vicariato de Iquitos, la diócesis a la que pertenece, una carrera contra el tiempo. Tiene menos de una semana para presentar un recurso de reconsideración que sea aceptado por el Poder Judicial.
De lo contrario, dice que “con mucho dolor” abandonará el país que ha sido su casa durante 20 años.
“Sería ridículo que no acatara la ley peruana cuando he dedicado toda mi vida a defender la legalidad”, afirma. “No tengo alternativa, aunque esta decisión del gobierno me quita mi razón de vivir”.
