Ordenan archivar la investigación de la Mac de Medina por falta de delito

El fiscal que investigó las circunstancias de la apertura de la computadora portátil de Luis Medina, asesinado el 29 de diciembre de 2013 junto a su novia, no encontró ningún indicio de la comisión de un delito en ese hecho, ni de la violación en la cadena de custodia durante el interrumpido traslado a Santa Fe de la máquina, por lo que resolvió desestimar la denuncia que originó la causa, ordenando su archivo.

El investigador llegó a la conclusión que los dos funcionarios del Poder Ejecuivo que manipularon la máquina no incurrieron en ninguna conducta ilícita. Se trata del ex secretario y el ex subsecretario de Tecnología para la Gestión, dependientes del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, Javier Echaniz y Martín Degratti, quienes no estuvieron nunca imputados ni lo estarán ante el criterio del fiscal Adrián Mac Cormack, que dijo que no hubo delito.

Este controvertido asunto había generado en marzo de 2014 un dictamen del fiscal Carlos Covani, del sistema penal conclusional, quien se expidió del mismo modo que lo hace ahora Mac Cormack: que los técnicos Echaniz y Degrati no cometieron ningún delito al manipular la máquina de Medina, acusado de vínculos con delitos de narcotráfico.

Funciones y funcionarios. El asunto había recobrado vigencia hace dos semanas al trascender que Echaniz fue designado secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la provincia. Entonces resonaron críticas por el hecho de que la acción de la Mac de Medina estaba aún sin resolver. Ante eso el gobernador saliente, Antonio Bonfatti, lo defendió: "Es un hombre digno y honesto", replicó. Ahora Mac Cormack terminó, en el final de su dictamen de 44 páginas, ponderando la conducta tanto de Echaniz como de Degratti. Para el fiscal lo que era un acto de compromiso, buena voluntad y ánimo de colaboración en una causa judicial de inicio enrevesado terminó salpicándolos de sospechas infundadas.

La pesquisa se inició cuando los entonces diputados provinciales del PJ (Movimiento Evita) Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli denunciaron la conducta de Echaniz y Degrati, a los que acusaban de manipular la Mac Ultrabook que se encontraba bajo custodia de la Sección Pericias Informáticas de la Unidad Regional II, sin haber sido designados como peritos ni autorizados por el magistrado interviniente.

Mac Cormack se expidió tras entrevistar a 28 policías que participaron en la etapa inicial de la investigación. También al secretario del juzgado de Instrucción Nº 5, Mariano Ríos, que estaba de turno a la fecha del hecho. Consultó a los tres jueces que intervinieron en forma sucesiva en la causa. Convocó a los dos fiscales que actuaron al inicio y a la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribaren. Al Procurador de la Corte Suprema Jorge Barraguirre. Y al ministro de Seguridad de Santa Fe Raúl Lamberto.

Todos los citados tuvieron alguna intervención con el operativo de traslado de la máquina encontrada en la habitación del hotel Pullman del Casino City Center hacia donde Medina y su novia se dirigían cuando fueron fulminados a tiros en el acceso Sur y Uriburu.

Sin jueza. El fiscal Mac Cormack señaló que todo se desplegó en el marco anormal de una causa de gran resonancia y en ausencia de la jueza de turno, María Luisa Péreza Vara, que no pudo ser localizada ese día, lo que le vale al momento un procesamiento por incumplimiento de sus deberes. 

En la pesquisa se confirmó la dificultad de encontrar a Pérez Vara el día del doble crimen. Se determinó que la investigación sucesiva pasó por los jueces Raquel Cosgaya, Alejandra Rodenas y Gustavo Pérez de Urrechu, quien ordenó allanar la habitación de Medina.

La computadora y un teléfono secuestrados fueron trasladados a la comisaría 16ª y de allí a la Sección Informática de la UR II, donde fue convocado su jefe Nicolás Llanes. Este señaló que el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, reunido en ese momento con el jefe de Unidades Especiales, comisario Guillermo Morgans, avisó que enviaría personal de Gobernación para ayudar en el trámite. A las 23 del día del crimen llegaron Echaniz y Degrati y a la 0.30 del día posterior la fiscal Iribarren y el procurador Barraguirre.

Mac Cormack destaca que el subcomisario Nicolás Martín Llanes, ex jefe de la Sección Informática, señaló que las órdenes de trasladar la máquina partieron de la fiscal Iribarren y en presencia de Barraguirre. Esto contraviene la idea de que no hubo orden judicial para llevar la máquina a Santa Fe. Llanes también dijo que el criterio corriente era revisar los contenidos electrónicos de una máquina sin necesidad de orden específica.

Pericias y sospechas. Todos los funcionarios judiciales llamados a declarar señalaron que era razonable el intento de abrir la máquina para determinar si había elementos que ayudaran a aclarar el homicidio de Medina. Mac Cormack destaca que la jueza Rodenas tuvo un criterio acertado, desde su visión del caso, de ordenar suspender el traslado de la Mac a Santa Fe. Pero si bien hizo eso no tuvo ningún reproche para quienes actuaron en un primer momento al abrir la máquina.

El fiscal destacó también que la pericia de Gendarmería Nacional sobre la Ultrabook reveló que no se advertían indicios de archivos borrados o modificados ni de reemplazo de las partes sólidas del equipo.

Todo el embrollo de la situación inicial habilitaba generar elementos de sospechas, admite el fiscal. Pero Echaniz y Degratti, concluye, "no hicieron más que prestar una colaboración que resaltó entre las conductas habitualmente poco comprometidas". Para Mac Cormack, la intervención de los dos funcionarios se hizo con el propósito de que la investigación del doble crimen de Medina y su novia no se paralizara en esa etapa crítica y fue por ello que manipularon la máquina.

A los tres legisladores denunciantes el fiscal dedicó una de cal y una de arena. Ponderó que hayan requerido investigar estos actos dado que una jueza había ordenado cautelar intempestivamente el equipo revisado por los funcionarios, lo que generaba lógica sospecha. Pero también señaló que tras pedir y ser admitidos como querellantes en la investigación, no acercaron peticiones para sugerir la producción de alguna prueba y no presenciaron la mayoría de las más de 30 audiencias que se hicieron para determinar si había existido o no delito. Pero sí le hicieron llegar un escrito de una investigación que ellos llevaron a cabo "cuyas actividades enuncian en forma genérica y sin arrimar su contenido" que justifica, según dicen, que ambos funcionarios sean imputados por ilícitos.