El martes 16 de agosto de 2016 La Capital publicó una nota titulada “Vecinos denuncian amenazas por parte de narcos en zona Oeste”. En ella un grupo de habitantes del barrio Santa Clara, en inmediaciones de Colombres y 27 de Febrero, dijeron padecer una situación de hostigamiento y violencia que llenaba de temor su vida cotidiana y aseguraron que en una de sus calles se había instalado desde hacía un año un quiosco de venta de drogas regenteado por un hombre que les prometió “barrer con todos” los que se atrevieran a cuestionarlo. Aquella denuncia repercutió en los pasillos de los Tribunales Federales de Rosario y el fiscal Federico Reynares Solari inició una investigación que ayer llegó a su final cuando el Tribunal Oral 3 condenó a 24 personas a penas que van desde los 3 años de prisión condicional a los 18 años de cárcel para los integrantes del “Clan Insaurralde” por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y en forma organizada.
Aquella denuncia fue acompañada por una presentación anónima en los Tribunales de Oroño al 900 en la cual se sostenía que en pasaje 1709 a la altura del 7700 había un quiosco de venta de drogas desde el cual se imponía un marco de violencia evidenciado en balaceras y hasta en un crimen que sacudió la barriada. Ese hecho ocurrió el 10 de febrero de aquel año cuando Alejandra Gorosito, de 45 años, fue asesinada de un balazo en el pecho disparado por un hombre que iba a caballo por 27 de Febrero y Camino de los Indios. La agresión no iba dirigida a ella sino a un vecino que tenía problemas con otra familia de la zona.
El avance de la investigación tomó dos caminos. En la primera parte la Fiscalía demostró cómo los imputados realizaban distintas actividades dentro de la cadena de tráfico de estupefacientes, que iban desde la provisión de los mismos en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, tarea que cumplía en persona el propio líder de la banda Ramón Javier “Rengo” Insaurralde, hasta su venta ya sea mediante delivery o en sus domicilios y quioscos distribuidos en la populosa barriada de la Vía Honda, en la zona sudoeste; o en un quiosco ubicado en inmediaciones de bulevar Seguí y Suipacha.
Por otro lado en la segunda parte de la investigación se probó cómo luego de ser detenido, el Rengo (quien el 8 de octubre de 2009 había caído en un complejo de cabañas de Monje, 70 kilómetros al norte de Rosario, junto a cuatro cómplices a quienes les secuestraron un arsenal y precursores químicos que delataban que allí habían montado una cocina de cocaína) siguió dirigiendo el negocio desde la prisión usando a otros integrantes como sus brazos ejecutores: su hijo Fernando y su sobrino Brian Insaurralde.
Así, en el juicio oral que se llevó a cabo durante el último mes ante el tribunal integrado por Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y Maria Ivón Vella se juzgaron dos causas atento a que el jefe del clan junto a Fernando y la pareja de éste, Leiza Estefanía Carriazo, estaban imputados en ambos casos.
Para el fiscal la investigación dio cuenta de la existencia de dos organizaciones. La primera que fue desbaratada en los primeros días de febrero de 2017 cuando se incautaron unos 30 kilos de cocaína y más de 80 de marihuana en 24 allanamientos que siguieron a la detención del Rengo en un operativo que se realizó el primer día de ese mes en Dorrego y Mendoza cuando llegaba a la ciudad tras abastecerse del estupefaciente. Las requisas las hicieron en distintos domicilios agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los cuales además de la drogas se halló dinero en efectivo en distintas monedas y vehículos.
Desde la cárcel
Tras ello, e iniciada una nueva investigación, la fiscalía pudo acreditar casi un año después que la actividad del grupo delictivo bajo la lupa no había cesado y que la misma era llevada adelante aún con su jefe preso en la cárcel porteña de Villa Devoto, desde la cual daba las órdenes para quienes seguían operando en las calles rosarinas. Las tareas de inteligencia de la PSA derivaron así en los nombres de Gabriel Mancilla y su pareja, Rosa Ponce, como los operadores del Rengo. Junto a la pareja actuaban varios de sus familiares a quienes Insaurralde proveía de drogas desde prisión. En esta causa también fue juzgado Arnaldo Andrés “Junior” Vivas, sindicado como transa de Villa Banana que también operaba desde la cárcel junto con Insaurralde.
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En ese mismo marco, los pesquisas supieron que el Rengo se abastecía de la droga en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde estaba afincado su proveedor, Guido Jaldín Blanco. Hasta él llegaron los hombres de la PSA mediante escuchas telefónicas y tareas de calle. De las interceptaciones de las llamadas pudieron saber asimismo que la banda “tenía como código el hecho de utilizar nombres de ropa o colores para identificar la droga y poder interactuar rápidamente en el manejo y en la venta de estupefacientes”, argumentó el fiscal.
Más allá del secreto
También de las escuchas surgió que los abogados defensores del Rengo mantenían conversaciones con el mismo en diálogos que, a criterio del fiscal, “irían más allá del mero secreto profesional”, por lo que solicitó que se remitan las actuaciones a la Fiscalía que instruyó la causa a fin de que se investigue el accionar de los profesionales señalados.
En ese marco, para Reynares Solari existía “una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes que tenía como epicentro la familia Insaurralde y cuyo organizador, sin lugar a dudas, era Javier Ramón”, a quien en el hampa local conocen como Rengo.
Con diferentes evidencias expuestas en el debate, la Fiscalía dio por probada la materialidad del hecho imputado como la responsabilidad de los acusados debido a que durante los allanamientos a domicilios, depósitos e incluso en la intercepción en la calle de autos que los sospechosos conducían se hallaron drogas. Incluso, dijo Reynares Solari, esos autos que fueron secuestrados “eran utilizados para cometer los hechos y los demás eran claramente el producto o el provecho del delito, ya que ninguno de los imputados tenía actividades lícitas coincidentes con sus ingresos”.
Las penas
Con todas esas pruebas en las manos y a la vista, el Tribunal condenó al Rengo Insaurralde a 18 años y 3 meses de prisión como organizador de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y en carácter de autor.
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A su hijo Fernando Insaurralde le dieron 10 años de cárcel; a su sobrino Brian Insaurralde 9 años; a Junior Vivas, Roxana García Sipe y Gabriel Mancilla, 8 años; a Héctor Cañete, Omar Osvaldo Espíndola y Santiago Antonio López, 7 años; a Natalia Gabriela Insaurralde, Angel Manuel Pinto, Grover Eber Becerra Vera, Luciano Nicolás Antonelli, Rosa de los Milagros Ponce, Patricia Liliana Blanco, Carlos Alberto Rodríguez y Leiza Carriazo a 6 años, todos ellos como autores de tenencia de drogas con fines de comercialización en forma organizada.
Finalmente los jueces condenaron a Pilar Soledad Toledo, Sebastián Alejandro Arriola, Brenda Tamara Villena, Santiago Domínguez, María Carla Insaurralde, Marianela Sofía Insaurralde y Mauro Isaías Insaurralde a 3 años de prisión condicional como partícipes secundarios.
